La suegra y la cuñada de Javier Duarte de Ochoa -gobernador con licencia de Veracruz-, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Macías Tubilla, respectivamente, se encuentran prófugas de la justicia desde que la Procuraduría General de la República (PGR) las acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos considerados graves y se castigan hasta con 20 años de prisión, señaló hoy el diario El Financiero, que cita fuentes judiciales.
Además, otro de los imputados sería el mejor amigo de Duarte, Moisés Mansur Cysneiros, según reveló el portal Animal Político, que junto a Televisa, dicen haber conseguido la información sobre los prestanombres del gobernador con licencia, entre ellos el empresario, que lo nombró como heredero de “todos sus bienes”.
Otros imputados serían Juan José Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, además de Javier Nava Soria. Y aunque no está confirmado, el medio apunta también a la propia esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, y a cuatro altos exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia, quienes estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas “fantasma” o que encabezaban las dependencias involucradas.
Estos últimos son ahora diputados federales, con fuero, postulados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI): Adolfo Mota Hernández (ex secretario de Educación), Edgar Spinoso Carrera (ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación), Noemí Guzmán Lagunes (ex titular de la Secretaría de Protección Civil), y Antonio Tarek Abdalá (ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz).
En la prensa local también trascendió la detención por parte de la PGR, de América Aguilar Bozada, exfuncionaria de la Fiscalía General del Estado y exsubdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública de la administración del priista.
Desde que comenzó la investigación federal contra Duarte, las autoridades han detenido a tres personas implicadas en el caso y vinculado a proceso a otras ocho, de acuerdo con cifras de la propia PGR.
Entre estas detenciones están la de Victorino Benítez Márquez, administrador único de la empresa Bienart, SA. de CV., por entregar, supuestamente, datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
A la par, la PGR informó el 12 de octubre que también logró vincular a proceso a otras siete personas, todos representantes legales de otras compañías que, se especula, Duarte usó como empresas “fantasma” para desviar recursos públicos.
Otro personaje vinculado a proceso es el director de Catastro y Valuación de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, por supuestamente filtrar a medios información de carácter reservado. Por ello, el funcionario tiene prohibido salir del estado y se le impuso una multa de 40 mil pesos.
Sin embargo, los medios aseguran que fuentes judiciales les señalaron que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que un juez defina lo contrario, como lo marca el sistema penal acusatorio.
La lista de imputados inicia con Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz y al que la PGR considera el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos, dice la información.
Después aparece el nombre de Moisés Mansur, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.
Mansur tiene al menos tres inmuebles en la Ciudad de México, que según su testamento pasarían a ser propiedad de Javier Duarte si fallece. Se trata de los inmuebles ubicados en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.
Un video revelado por Televisa el martes pasado, mostró a Mansur aceptando que pagaba la tarjeta de crédito de la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla.
Janeiro Rodríguez y Rosas Bocardo siguieron instrucciones de Mansur para invertir el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado, dice Animal Político.
La lista la completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.
En el caso de las hermanas Arzate Peralta, señala Animal Político, no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique su supuesto perfil empresarial y de hecho, en el caso de Nadia Isabel, enfrentó una demanda de embargo de una propiedad en Naucalpan por deudas bancarias.
Este grupo de personas, según las investigaciones de la PGR, trabajó de forma conjunta para encubrir el origen e invertir al menos 500 millones de pesos que fueron desviados de recursos públicos.
La mecánica que se presume se utilizó en el desvío de recursos fue que durante varios meses, el gobierno de Veracruz transfirió el dinero público en contratos con al menos 35 empresas “fantasma”, entre ellas las reveladas en un reportaje publicado por el referido portal.
El dinero se habría utilizado finalmente para adquirir diversas propiedades, desde inmuebles en EU, hasta ranchos o terrenos ejidales en México. En el caso de los terrenos, estos fueron vendidos con sobreprecio y los recursos excedentes se devolvieron a Duarte.
Ayer, la procuradora Arely Gómez González confirmó que se había procedido penalmente contra un grupo de nueve personas, entre ellos el gobernador con licencia, por los delitos mencionados.
La funcionaria federal dijo que la investigación contra Javier Duarte, “es un trabajo serio” y se cuenta con los “elementos suficientes” para llevarlo a juicio, motivo por el cual se ordenó su búsqueda en todo el País.
Duarte de Ochoa pidió licencia el pasado 12 de octubre al Congreso local, a sólo 48 días de que finalizara su mandato, y horas antes de aparecer en un noticiero de Televisa rechazando las acusaciones en su contra.
El martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó acusaciones de que se permitió la huida del gobernador, y aunque dijo desconocer su paradero, señaló que no hay registro de que haya salido del País.
