Francisco Vega de Lamadrid apenas cumplirá tres años al frente del Gobierno de Baja California y ya huele a “ex Gobernador prófugo”, afirman sus críticos. El mandatario panista es señalado por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, por darse una vida ostentosa y, entre otras cosas, por aumentar la deuda de la entidad a niveles históricos. Por si esto fuera poco, la violencia en la entidad ha repuntado y Tijuana se ha vuelto de nuevo en el centro de disputa de cárteles del crimen organizado.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo/ZETA).– Francisco Arturo Vega de Lamadrid asumió la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre de 2013 en medio de acusaciones por peculado y enriquecimiento ilícito, cometidos presuntamente desde que era Alcalde de Tijuana. Hoy, los señalamientos en su contra se siguen acumulando, igual que la deuda de la entidad y las víctimas por la ola violencia, sin que hasta el momento el Congreso del Estado lo haya citado a comparecer y, mucho menos, que el Gobierno federal alcance a dimensionar que podría tratarse de un futuro “ex Gobernador prófugo”.
“Vamos por un buen camino” fue el lema del Tercer Informe de Gobierno de “Kiko” Vega, como le gusta que le llamen al mandatario estatal. Pero el camino no es bueno, y a inicios de este año el panista lo reconoció al referirse que la baja del petróleo complicaría las cosas. Después lo confirmó, en septiembre pasado, cuando se reunió con diputados federales para solicitarles que lleven recursos a la entidad, pues Baja California “no tiene dinero”.
A inicios de este año, maestros de educación básica denunciaron que no recibían el subsidio de Beca Progreso, implementado por el Gobierno del estado tras la prohibición de cobrar cuotas a los padres de familia. La administración de “Kiko” Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas, cifra que aumentó cuando se comprometió a otorgar 70 millones de pesos para ese efecto. Después salió a la luz, gracias a una investigación del semanario Zeta, el adeudo de 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), caso por el que se le solicitó al Congreso del Estado que llamara a comparecer al Gobernador.
La deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales el 27.9 por ciento corresponde a los gobiernos municipales y el 72.1 por ciento al Gobierno estatal, según el “Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocándose como la doceava entidad más endeudada del país. Mientras que la organización México ¿cómo vamos? coloca al estado en semáforo rojo en este rubro, pues su deuda supera, desde que Vega de Lamadrid asumió como Gobernador, el nivel nacional (2.9 por ciento).
En dicha reunión, los diputados le sugirieron al mandatario estatal que hiciera un recorte presupuestal, como el que hizo el Gobierno federal; sin embargo, Vega, acostumbrado desde que era Alcalde de Tijuana a una vida ostentosa, adquirió un avión de 800 mil dólares.
El Gobernador, originario de Ciudad Obregón, Sonora, no ha presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses –aunque sí se la exigió a sus funcionarios– pero no es un secreto que posee al menos 60 propiedades en distintos municipios de Baja California y en algunos estados del país vecino, y todo fue adquirido, según Vega, gracias al fruto de su trabajo.
“He sido un empresario medianamente exitoso y he sido un empresario que se ha forjado desde abajo y en este caso no hay ningún problema, tengo los recursos y soy público”, dijo el mandatario panista en entrevista con Radio Fórmula en marzo de 2015.
Desde que se postuló como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura de Baja California, “Kiko” Vega fue acusado por el Senador priista Héctor Yunes Landa de enriquecimiento ilícito, pues en ese entonces tenía más de 30 propiedades, la mayoría adquiridas cuando fue Alcalde de Tijuana, cargo que también sirvió a las hijas del Gobernador para hacerse, cada una, de al menos ocho propiedades.
… Y MÁS VIOLENCIA
La administración de Vega de Lamadrid también se enfrenta a la violencia generada, aunque el Gobernador lo niegue, por la presencia de los grupos criminales, especialmente por el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado, junto con Los Zetas, el más sanguinario del país y que se disputa la entidad con el Cártel de Sinaloa.
La presencia del CJNG en el estado se hizo evidente tras una serie de detenciones de sus integrantes, como Víctor Zapien Venegas, alias “Domingo”, operador del cártel, arrestado en septiembre pasado y contra quien pesa una orden de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Baja California entra en el ranking de los estados más violentos del país con 819 ejecuciones registradas hasta septiembre pasado. El repunte de los homicidios dolosos en la entidad se vio reflejado desde 2015, cuando allí se estableció el CJNG, alcanzando una cifra de 830 asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSSP).
Desde ese año, Tijuana, una de las ciudades más importantes de la entidad y que alberga a cientos de migrantes haitianos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos, se colocó entre las 50 urbes más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
En agosto pasado, una investigación del semanario ZETA daba cuenta de que los hechos violentos en calles y avenidas en Tijuana eran producto de enfrentamientos entre narcomenudistas representantes de los cárteles de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación y del de Los Arellano Félix.
La administración de “Kiko” Vega suma más de 2 mil 500 asesinatos, la mayoría relacionados en el crimen organizado, según cifras oficiales. Homicidios, robos de vehículos, robos a casa habitación, lesiones y violación son focos rojos en los índices delictivos del estado desde junio pasado. Esta ola de violencia también pone aún más en riesgo la economía del estado y, según especialistas, los empresarios de Baja California podrían emigrar al país vecino, como era costumbre en los años más violentos de la entidad.
En medio de la ola de violencia y la creciente deuda del estado, así como la represión en contra de manifestantes y de comunicadores, Baja California puede compararse, sin mucho esfuerzo, con el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa, contra quien pesa una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado.
Incluso, “Kiko” Vega podría verse– casi al final de su sexenio– en la misma situación que el también panista Guillermo Padrés Elías, el ex Gobernador de Sonora buscado por la Interpol por fraude fiscal y lavado de dinero, o tiene la oportunidad de correr la misma suerte que el priista Rodrigo Medina de la Cruz, el ex mandatario de Nuevo León que ha logrado ampararse por varios delitos.
