Encabezada por el dirigente del partido Primero Justicia y actual gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, la oposición política de Venezuela realizó la “Toma de Venezuela”, saliendo a las principales calles de cada estado de ese país, para manifestarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros.
Al mediodía de este miércoles, hora local de Caracas, una caminata ocupó el tramo Este de la autopista Francisco Fajardo, que cruza todo el valle de la capital venezolana. Allí Capriles exigió al gobierno nacional que levante la decisión de suspender el proceso para el referéndum revocatorio en contra de Maduro.
Y ante un eventual diálogo, el dirigente opositor aclaró que no asistirán: “El domingo no vamos a [La isla] Margarita, pero si Maduro quiere que [él] vaya a la playa”, afirmó Capriles, quien también ratificó la movilización que realizará la oposición proveniente de toda Venezuela, el próximo 3 de noviembre, hasta el Palacio de Miraflores.
“Yo les dije que si cerraban el mecanismo electoral, la gente debía salir a defender la Constitución […] Somos democrátas. No somos golpistas, aquí los golpistas están en el Palacio de Miraflores”, dijo al final de la marcha en Caracas, el dos veces ex candidato presidencial.
Por su parte, las fuerzas afines al chavismo, se concentraron en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del gobierno, para evitar que se repitiera el choque del 11 de abril de 2002, cuando el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías [1999-2013] fue derrocado por 72 horas.
En el palacio presidencial el presidente instaló el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), instancia consultiva del gobierno que incluye a los máximos representantes de los cinco poderes públicos, y al que esta vez no asistió el opositor Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.
Según Maduro, el Poder Ejecutivo trabaja en un documento con varias recomendaciones que será revisado por el Codena en dicha reunión para que “[este grupo] tome decisiones para encauzar las últimas aventuras de estos sectores que han pretendido desestabilizar Venezuela”.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, inició ayer martes, un proceso para determinar la supuesta responsabilidad política de Maduro, luego de que el poder electoral suspendiera el proceso para un referendo revocatorio presidencial, impulsado por los opositores desde hace meses.
El acuerdo incluye citar a Maduro para que comparezca el martes 1 de noviembre en la Cámara y responda a los cuestionamientos, así como a las acusaciones presentadas en su contra. Debido a que la Constitución del país no contempla un juicio político, la Asamblea acordó investigar lo relativo al supuesto abandono del cargo en el que, dicen los opositores, ha incurrido el presidente.
Sin embargo, la medida podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que en agosto pasado determinó que todas las decisiones del Congreso “carecen de validez”.
El Parlamento decidió iniciar el proceso contra Maduro, un día después del anuncio del inicio de un diálogo contemplado para el próximo 30 de octubre, entre el Gobierno y la oposición, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y El Vaticano.
El diálogo, según dijo el gobierno el pasado lunes, se dará en la isla de Margarita, con la presencia del propio Maduro. Emil Paul Tscherrig, nuncio de Buenos Aires, será acompañante de las conversaciones que también cuentan con el aval del ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos.
El anuncio del del diálogo se produjo el mismo día en que Maduro realizó una visita no programada a El Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, quien le instó a tomar el sendero del diálogo “para aliviar el sufrimiento de sus ciudadanos” en medio de una aguada crisis económica.
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso el plebiscito contra Maduro, eliminando la posibilidad de que se celebre antes de la fecha clave del 10 de enero del 2017.
De realizarse el referéndum luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia de los chavistas en el poder hasta el 2019.
LA MOVILIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN
“Nos movilizaremos todos los que queremos colocar nuestra huella”, aseguró ayer Capriles, sobre la manifestación convocada tras la suspensión de la recolección del por ciento de firmas de los venezolanos que desean que se realice un referéndum revocatorio contra el mandato de Maduro.
El opositor aseguró que la Toma de Venezuela no es una movilización que sólo ocurrirá hoy, sino que “comenzará el día miércoles [y se extenderá] hasta que el gobierno [Chavista] respete la Constitución”.
Sobre el diálogo convocado por Maduro y la iglesia Católica, entre la oposición y el gobierno, Capriles afirmó que se enteró del acuerdo por la televisión y aseguró que éste no se había iniciado aún.
Capriles no fue el único que afirmó no saber del diálogo. La diputada María Corina Machado y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, escribieron en la red social Twitter que se enteraron de los acontecimientos también “a través de la televisión”.
“Por supuesto que nosotros vamos a ir a un llamado de la iglesia [pero] en Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo”, se quejó Capriles. “Estos diablos pretenden utilizar la buena fe del Papa Francisco para buscar tiempo”, señaló.
Capriles lamentó que en el comunicado leído por el enviado del Papa Francisco no se haya hablado del hambre que sufren los más necesitados, de “la angustiante escasez” de medicinas, de los políticos presos y del “golpe de Estado” que significó la suspensión del revocatorio.
LAS FUERZAS ARMADAS RECHAZAN UN GOLPE DE ESTADO
Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, leyó ayer martes un comunicado en nombre de las Fuerzas Armadas, en el que rechazan la existencia de un golpe de Estado en el país caribeño, como lo declaró la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El ministro descartó que haya ocurrido una ruptura del orden constitucional en el país, y que “Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que solo competen a los venezolanos, bajo el fatuo argumento de una alteración del orden constitucional, mediante un supuesto golpe de Estado, que en modo alguno se ha llevado a cabo”.
-Con información de El Nacional (Venezuela), El Universal (Venezuela) y agencias internacionales.
