Política Breve y de Emergencia
“A grandes males, grandes remedios” es un viejo refrán que en la mayoría de las ocasiones que uno lo tome en cuenta, pareciera ser toda una ley; y es que como dijeran muchos al iniciar precisamente el análisis de alguna ley o reglamento de nuestro marco jurídico, ¿por qué no usaron el sentido común?, pregunta que resulta cuando nos damos cuenta que nuestras leyes parecieran más bien todo complicarlo y que además para hacerlas, le cuestan al erario público una fortuna.
Pues bien, si necesitamos mejorar las leyes, si el dinero que pagamos es demasiado y las leyes que hacen los diputados (a los que acabamos de cambiar como cada tres años en Baja California) parecieran no tener un valor justo entre costo beneficio, ¿será que tenemos que cambiar lo que hacen los diputados?
Porque la entidad tiene uno de los congresos locales más caros de todo el país, no tenemos el número de pobladores que tiene la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el mismo Estado de México, y sin embargo la legislatura bajacaliforniana de 25 integrantes anda en los niveles similares de costo.
El Poder Legislativo de BC gasta 1,307.1 millones de pesos al año, según el Periódico Oficial esa fue la cantidad aprobada para 2016, lo que significa que la Cámara de Diputados saliente costó cerca de los 4 mil millones en tres años y eso que reportaron una disminución del 30% con respecto a la legislatura anterior.
Ante estas cifras la primera defensa definitivamente sería, que la “fiscalización de los recursos públicos” está incluida en ese presupuesto y que esa función del Poder Legislativo cuesta a BC, 743.3 millones de pesos al año y aunque eso es correcto, no podemos decir que gracias a ello, en los gobiernos del Estado y los ayuntamientos, no hay corrupción, el presupuesto se aplica con suma eficiencia y que los irresponsables son detectados y castigados por sus actos. Entonces, definitivamente falta mucho por hacer.
Los 25 diputados locales tienen las mismas facultades y prerrogativas y sus decisiones se toman por mayoría, si bien son 17 los distritos electorales y 8 curules se asignan por representación proporcional a los partidos perdedores, cuando se constituyen en legislatura las condiciones deben ser iguales para cada uno. Esto que además está contenido en la Constitución Política del Estado, es el fundamento de grandes aciertos en la vida democrática de la entidad, pero también el de enormes errores cometidos con toda voluntad en contra del bien común; uno de estos graves errores es la facultad y el tamaño del Poder Legislativo.
En alguna de las acaloradas decisiones de las legislaturas, a alguien se le ocurrió agregar a las facultades de “legislación y fiscalización de los recursos públicos” de los diputados una más, la de “gestión”; bien sea por condescender o por la necesidad de obtener votos, se aprobó facultad y presupuesto. Son más de dos décadas en el sentido equivocado, de un fundamento del que se ha abusado.
Hoy que escasea como siempre el recurso, pero que por el inicio de una legislatura existe la sensibilidad para la autocrítica y que los 25 diputados no han probado “las dulces mieles” de la abundancia presupuestal y que su compromiso con el electorado está tan fresco que en sus decisiones no puede caber otra cosa más que la congruencia, sería extraordinariamente bueno que acordaran eliminar toda forma de facultad para la “gestión” del diputado y conservar solo las dos originales facultades legislativas, y cortar una tercera parte del presupuesto de la Cámara. Así los bajacalifornianos ahorraríamos 1,307 millones de pesos por legislatura, de algo que nunca debió haber sido. Diputados, ¡grandes remedios!
Que la historia lo registre.- En 1998 derivado de auditorías a la cuenta pública del Gobierno del Estado, los diputados querían hacer valer sus votos para impedir el futuro político de uno de los responsables de la administración, el tema llegó al gobernador. El gobernador preguntó, ¿qué le duele más a un político, los votos o la evidencia?
Botón rojo.- La procuración de la justicia en Baja California cuesta 1,565 millones de pesos al año.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
