Tras la derrota del PRI en los comicios del 5 de junio, con siete gubernaturas perdidas, de 12 que estuvieron en juego, los nombres de César Duarte y otros gobernadores emanados de ese instituto político, salieron a relucir toda vez que el entonces dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, señaló que el electorado había votado en contra del tricolor por motivo de los malos gobiernos priistas. En el caso de Chihuahua, la administración estaba encabezada por Duarte Jáquez, quien enfrentaba serios señalamientos por uso indebido de recursos públicos; incluso, desde el interior del partido, se plantearía retirarle sus derechos como militante.
En ese contexto político, Javier Corral Jurado, quien en la pasada elección resultó victorioso como abanderado del PAN, sustituye al priista en el cargo, una vez que, el pasado 4 de octubre, rindió protesta como gobernante entrante.
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En el acto de su toma de posesión, Corral se comprometió a erradicar “los actos de corrupción del gobierno estatal y cambiar un sistema que ha privilegiado a una minoría”. El gobierno de su antecesor se distinguió por los señalamientos que éste enfrentó en materia de “peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso indebido de funciones”, de acuerdo a un expediente, que a decir del propio Corral, actualmente se encuentra abierto en la PGR y en el cual, asegura, existen elementos suficientes para que se libere una orden de aprehensión en contra del priista. César Duarte dejó una deuda estatal por 23 mil 800 millones de pesos, en este sentido, hacia el final de su administración obraban “17 actos de ilegalidad” en su contra.
A la cabeza de su gabinete, conformado por 14 colaboradores y el cual describió como “plural, paritario, honesto y capaz”, Corral Jurado colocó a su correligionario y coterráneo Gustavo Madero, ex dirigente del PAN y diputado federal con licencia. Y como secretario general de gobierno, al también panista César Jáuregui.
Otro de los estados en los que el PRI perdió en el pasado proceso electoral fue Tamaulipas, que era gobernado por Egidio Torre Cantú, quien en 2011 suplió a su hermano Rodolfo en la candidatura, tras el asesinato de éste a manos de un cártel de la droga, y ganó con más de 670 mil votos. En contra de Torre Cantú existen señalamientos que van desde financiamiento con “dinero sucio” para su campaña, hasta su presunto involucramiento en el secuestro del periodista Víctor Calzado, corresponsal de El Sol de Tampico en la capital tamaulipeca. El pasado primero de octubre, Egidio Torre, fue relevado por Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, quien al asumir el cargo, reiteró, tal como lo había afirmado en contienda, que durante su gobierno la seguridad será “una prioridad”, en una entidad donde tal como se refleja en los medios, se registran frecuentes reportes de “bloqueos, balaceras, heridos y muertos”.
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Como parte de sus colaboradores de gobierno (que suman 23), García Cabeza de Vaca nombró al Vicealmirante Luis Felipe López Castro como secretario de seguridad pública. Y a su correligionario, el ex diputado federal César Verástegui Ostos, como titular de la secretaría de gobierno.
