La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió una investigación sobre los abusos sexuales cometidos contra 11 mujeres entre el 3 y el 4 de mayo 2006, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó reprimir a manifestantes en el poblado de San Salvador Atenco, donde habían tomado la plaza principal.
El caso fue revivido una década después por el diario estadounidense New York Times, a través de una serie de reportajes especiales, firmados por la periodista Azam Ahmed, quien contó con la colaboración de la reportera Paulina Villegas.
Durante los operativos, recuerda el rotativo neoyorquino, en los que murieron dos personas, la Policía detuvo a más de 217 personas de manera violenta, entre ellas 50 mujeres, a quienes después las metieron en autobuses en los cuales las enviaron a la cárcel, ubicada a varias horas de distancia.
Once mujeres llevaron el caso, con la asistencia legal del organismo no gubernamental para la defensa de los derechos humanos Centro Prodh, a la Comisión Interamericana, la cual halló que la Policía las torturó sexualmente.
Las mujeres, entre las que había comerciantes, estudiantes y activistas, fueron violadas, golpeadas, penetradas con objetos de metal, robadas y humilladas. Incluso, dice la investigación periodística, a una mujer la forzaron a practicar el sexo oral a varios policías.
Después del encarcelamiento pasaron días antes de que a las mujeres les realizaran los exámenes médicos apropiados, según los hallazgos del reporte. “No lo he superado ni tantito”, dijo una de las víctimas, una mujer de nombre Patricia Romero Hernández, llorando.
“En estos 10 años, las víctimas debieron soportar la impunidad de sus agresores, el señalamiento sociales por haber estado presas y el enorme costo personal que implica una situación de abuso”, se lee en el reportaje. Y vieron cómo los hombres que las atacaron, salieron de prisión.
El NYT indicó que la oficina del presidente Peña Nieto sostuvo que la CIDH no responsabilizó al actual mandatario nacional, e insistió que tampoco lo ha nombrado “explícitamente” como un objetivo de la investigación.
Más allá de eso, sostienen los funcionarios de la Presidencia de la República, los casos judiciales investigados en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nunca han hecho responsable al exgobernador del Edomex, de las agresiones sexuales contra las mujeres.
“Sería impreciso confundir una orden para el uso legítimo de la fuerza con la decisión de ciertas personas de abusar de su autoridad”, se justificó ante el rotativo estadounidense, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). “Nadie puede decir que hubo una orden para permitir el abuso de la fuerza”, atajó.
Sin embargo, insistió el NYT, la CIDH encontró que los esfuerzos de las diversas instituciones mexicanas para investigar los abusos fueron “insuficientes”. En cambio, la Comisión Interamericana exigió una investigación mucho más exhaustiva para determinar la responsabilidad en toda la llamada “cadena de mando”, lo que podría situar a Peña Nieto en la mira de una investigación como el gobernador que ordenó la represión.
La CIDH también pidió que se tomaran medidas disciplinarias o incluso penales contra las autoridades estatales que contribuyeron a obstaculizar el acceso a la justicia para las mujeres.
El organismo internacional de derechos humanos, entregó la semana pasada su informe a la Corte Interamericana (CoIDH), y si esta está de acuerdo con el dictamen de la CIDH, puede ordenarle al Gobierno de México que extienda su indagación sobre el caso, un requisito que podría obligar al Estado a investigar a su propio presidente, indica el NYT.
La Comisión Interamerica sugiere que el gobierno estatal, a cargo de Peña Nieto, quiso minimizar e incluso ocultar el suceso. Quizá el ejemplo más espeluznante sea la decisión del gobierno de perseguir a las víctimas: en vez de ir tras los policías que habían cometido las torturas sexuales, el Estado inicialmente procesó a las mujeres.
Al menos cinco de las víctimas fueron encarceladas durante un año o más por cargos como atacar a un policía. Además, una mujer que fue violada varias veces pasó dos años en prisión por cargos falsos, determinó la CIDH.
Días después del incidente, el Estado negó las acusaciones de las mujeres, y básicamente las llamó “mentirosas”. En ese entonces, Peña Nieto le dijo a un periódico local que esa es una táctica conocida de grupos radicales: hacer que las mujeres acusen a los policías de violencia sexual para desacreditar al gobierno. Otros funcionarios en su gobierno hicieron declaraciones similares.
“Desde entonces, aunque el gobierno ha reconocido a regañadientes la veracidad de las acusaciones, ni una sola persona ha sido condenada por algún crimen relacionado con los ataques en Atenco. Más recientemente, cinco médicos a quienes se les acusó de ignorar pruebas de abuso sexual fueron declarados inocentes”, dice el diario estadounidense.
Sin embargo, las mujeres se rehusaron a abandonar el caso y lo llevaron a nivel internacional, pues lo convirtieron en un símbolo del fracaso del Estado de derecho en México, así como de la impunidad generalizada que durante tanto tiempo ha plagado el país, indica el rotativo.
El caso ya se ha presentado a la Corte, a pesar de varios intentos por parte del gobierno mexicano para retrasarlo y frustrarlo; es una rara oportunidad de rendición de cuentas en un país donde sólo un pequeño porcentaje de los crímenes se resuelve. Las mujeres se rehusaron a poner fin al caso durante años, y rechazaron promesas de viviendas gratis y becas.
En las entrevistas que el NYT mantuvo con las 11 víctimas, surgió un deseo fundamental: que se reconociera públicamente lo que les sucedió y los responsables de los hechos.
“Para Peña Nieto, la petición por parte de la Comisión de Derechos Humanos de iniciar una investigación que llegue hasta lo alto de la jerarquía es un golpe más a una Presidencia bajo asedio. Los escándalos de corrupción y violencia ya han acabado con sus índices de aprobación, los más bajos de un mandatario mexicano en un cuarto de siglo. Su invitación a Donald Trump, el candidato republicano denostado en México a causa de sus declaraciones contra los inmigrantes mexicanos, hundió a la administración todavía más en la controversia”, dice el NYT.
“Aunque no es probable que su gobierno vaya a llevar a cabo una investigación en torno a su papel en las redadas o en un potencial encubrimiento de los hechos, la amonestación de un organismo internacional es un gran aprieto para él”, indicó el diario.
“También es un recordatorio de innumerables casos que siguen sin resolverse en el país, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes hace dos años, una investigación que funcionarios internacionales sostienen que fue socavada por el gobierno”, señaló el NYT.
Este abril, indica el diario, casi exactamente 10 años después de los sucesos de Atenco, Peña Nieto visitó el municipio. Los medios locales cubrieron el evento donde el presidente pronunció un discurso ante una multitud de mujeres y niños.
Ni Peña ni los informes locales mencionaron una sola vez las manifestaciones, las muertes o las violaciones. En vez de eso, señala el rotativo, la visita y su cobertura se concentraron en el Día del Niño y en la nueva iniciativa del presidente para llevar la educación preescolar a todos los niños del país.
LO QUE HA HECHO EL GOBIERNO DE MÉXICO POR LAS VÍCTIMAS DURANTE 10 AÑOS
Una vez que el informe de la Comisión fue presentado, el gobierno de México informó que, desde marzo de 2013, reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión.
Además, según un comunicado, buscó “sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras para evitar la repetición de hechos similares”, y recordó que hay más de 30 personas detenidas.
El Estado mexicano creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, y, para evitar que se repitieran actos similares, adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública, entre otros.
¿POR QUÉ COMENZARON LAS PROTESTAS EN ATENCO?
En octubre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox Quesada anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, Estado de México, y para ello habrían de expropiarse casi cinco mil hectáreas de terrenos agrícolas.
Ante ello, cerca de 500 campesinos de Atenco expresaron su rechazo y bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería, blandiendo los machetes, acto que a partir de entonces simboliza su resistencia.
