La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama “mayor acceso a la información pública y transparencia”. Además, exigió a la “Justicia de Estados Unidos abstenerse de usar a los periodistas como testigos en procesos criminales”.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, dijo a través de un comunicado, que “la institución viene denunciando el control y la escasa transparencia” del gobierno estadounidense a la hora de brindar información de interés general a la prensa y a la ciudadanía, pues no lo hacen “de manera expedita, en sus informes semestrales sobre la libertad de prensa en el país”.
La SIP enfatizó que la importancia del acceso a la información pública ya que es “un deber ineludible de cualquier gobierno democrático y un principio fundamental de la libertad de prensa” y cuyo papel se destaca en la Declaración de Chapultepec.
Un total de 40 organizaciones entre las que se encuentra la SIP, enviaron una carta al secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, “en la que plantearon que ha empeorado el nivel de transparencia del gobierno federal”.
La nota fue un iniciativa de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés) y “responde a un artículo de opinión de Earnest publicado en el New York Times, en el que resalta supuestos avances en materia de transparencia, reclamando a los medios que deben reconocer esos esfuerzos”.
Las organizaciones firmantes replicaron que la transparencia se ha deteriorado. Detallan, por ejemplo, que se bloquean peticiones de periodistas para hablar con personal de la Casa Blanca, aunado a que se retrasan de manera excesiva las respuestas a solicitudes de entrevistas y que las agencias federales excluyen a los reporteros críticos, entre otros puntos.
Hace tres semanas, por iniciativa del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés), 58 organizaciones de prensa y medios entre ellos la SIP, urgieron mediante un amicus curiae, a una corte de Nueva York, revertir una orden judicial que obliga a la periodista del NYT, Frances Robles, a declarar en un caso criminal y a entregar sus notas inéditas y apuntes periodísticos.
En octubre de 2013 la periodista entrevistó en prisión a un acusado por violación y muerte de una niña de cuatro años en 1991 quien confesó el crimen a la policía, aunque dijo a Robles que había sido coaccionado.
