La Procuraduría General de la República (PGR), bajo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas a la Ley de Justicia Administrativa, emitidas por el Congreso del estado de Sinaloa, lo que es contrario a lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El 19 de agosto pasado, el gobierno de Mario López Valdez publicó el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
La reforma impugnada por la PGR, permitiría la ratificación en el cargo de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, órgano responsable de juzgar casos sobre corrupción, que incluso, los hacía inamovibles.
De acuerdo con la PGR, dicho decreto viola el Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015 pues contraviene “la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”.
La PGR señala que el Congreso local sinaloens, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, pues los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados “a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica”.
La Procuraduría argumentó que con el decreto publicado, los operadores jurídicos, no sabrán cuáles normas los regirán y delimitarán su actuación dentro del Sistema Local Anticorrupción.
“La creación de un ‘sistema’ implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, señaló la PGR a través de un comunicado.
La PGR también promovió Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción. En los primeros dos casos, la Procuraduría obtuvo resoluciones favorables por parte de la SCJN, ya que los magistrados declararon inválidos los decretos impugnados.
Dichas leyes estatales fueron consideradas por muchos analistas como un blindaje de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para no responder a acusaciones de corrupción al término de su mandato, después de que en sus entidades ganaran las elecciones políticos de la oposición que, incluso, los quieren ver tras las rejas.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo entonces el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva.
Por su parte, el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
Aunque, días después, reunido con la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el gobernador de Quintana Roo fue el único de los mandatarios cuestionados que se echó para atrás y dijo estar disposición de “proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales” de su sistema estatal anticorrupción.
Ante ello, un mes más tarde, el Congreso de QRoo canceló la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente.
Después, los ministros de la SCJN determinaron que los congresos de los estados no están facultados para emitir leyes locales antes de que el Legislativo federal emita la ley general correspondiente, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, señalaron que los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no sufrirán ninguna repercusión legal en caso de que el blindaje sea declarado inconstitucional, ya que las acciones de inconstitucionalidad no pueden aplicarse de manera retroactiva.
“Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN, que dejó así, intactas, las disposiciones dictaminadas desde la promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 18 de julio.
Tras la resolución de la Suprema Corte, quedó anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, y, en el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía.
