Familiares reclaman a Rancho Los Pinos tras el fatal accidente en el que falleció la jornalera Gudulia Lázaro López, empleada temporal por 18 años. El chofer que la arrolló sigue libre y la empresa para la cual laboraba, no liquida a los beneficiarios. Al morir ganaba 150 pesos diarios, no tenía seguro ni prestaciones, a pesar de las revueltas en San Quintín en marzo de 2015 nada ha cambiado, incluso el sindicato sigue siendo la CTM
Sobre los mismos surcos en los que por casi veinte años se curtió bajo el calor y en cuclillas, con jornadas de sol a sol, quedó tendido el cuerpo maltrecho de Gudulia Lázaro López, quien al momento de su muerte contaba con 46 años de edad.
Era el martes 9 de agosto del presente año, a la una de la tarde, cuando la jornalera se encontraba en el Sector 1, Malla 20, del Rancho Los Pinos. Cargaba los botes que ocupaba en su función de “bañera”, es decir, encargada de lavar los baños, y se disponía a trasladarse de un área a otra del extenso campo agrícola.
“Mi mamá iba caminando normal, ni en medio de la calle ni nada, mi mamá agarró para su ruta, para cambiarse de malla”, narra su hija Karen Lizbet, y ahí ocurrió la desgracia.
El camión amarillo número 28, perteneciente a la misma empresa y que se encargaba de trasladar a los trabadores al área del comedor, era conducido por Daniel Díaz, de 24 años, quien además de llevar la música a todo volumen, echó reversa sin preocupación y arrolló y arrastró a Gudulia, quien quedó inerte bajó la carrocería del pesado vehículo.
“La gente le gritaba al camión, pero el chofer no oyó y fue donde la agarró por la puerta de atrás del camión, la gente le empezó a gritar más y a hacer señas de que iba alguien abajo, fue cuando el sujeto se bajó del camión, vio lo que sucedía y se dio a la fuga a pie; brincó un cerco, hacia otro ranchito”, narra Eduardo Lázaro López, otro de los hijos de Gudulia.
Cuando Eduardo, de 24 años, fue avisado del hecho y llegó al rancho, encontró el barullo de la gente y solo una patrulla municipal, una ambulancia y una combi del DIF. “Ya no me dieron chanza de acercarme porque el accidente había pasado de una manera muy terrible, algo feo… a mí mamá apenas la estaban sacando de ahí”.
Aunque presuntamente la empresa puso la denuncia el mismo día ante el Ministerio Público, los dolientes de la jornalera lamentan que el conductor siga libre y desaparecido, denunciando que ni las autoridades ni los patrones han mostrado interés en castigarlo.
El conductor Daniel Díaz, les aseguraron, se presentó al día siguiente ante las autoridades, “pero nosotros no sabemos realmente si lo tenían en el MP, nosotros ya no le dimos seguimiento porque en ese momento estábamos en nuestro dolor y queríamos terminar con el entierro de mi madre”.
A Gudulia Lázaro López le sobreviven dos hijos mayores de edad, Óscar y Eduardo Lázaro López, de 27 y 24 años; y dos menores, Karen Lizbet Lázaro López de 17, y Javier Luna Lázaro, de 13.
Para el par de adolescentes, sus hermanos mayores, en calidad de representantes legales, piden indemnización por parte de la empresa para garantizarles estudios y manutención.
Hijos de jornalera
Una vida como “eventual”
Gudulia llevaba 18 años trabajando en la misma empresa, y hasta la fecha de su muerte habitaba dentro de sus territorios en el Rancho Los Pinos, el fraccionamiento Santa María de Los Pinos. Era considerada empleada temporal, “pero ella se enfermó y dejó de trabajar un año, pero vivía en el campamento del rancho, no generó antigüedad”, narra su hijo Eduardo.
“Es que realmente a todos los trabajadores así los tienen, del 100 por ciento si acaso un 3 o 5 por ciento son los que cuentan con el seguro bien, de ahí en fuera todos los trabajadores están por el mismo estilo, no generan antigüedad, no tienen derecho a nada. Realmente no sé si no se les ha podido atacar, porque en cuestiones políticas están bien parados los patrones -los Rodríguez-“, remata.
Fracturas multifragmentarias expuestas de cráneo y traumatismo craneoencefálico, fueron las causas del fallecimiento de Gudulia, según testificó la médico forense Silvia Medina Hernández en el acta de defunción. Los hijos alegan que fue riesgo de trabajo y exigen a la empresa indemnizar a los dos hijos menores.
La familia, oriunda de Oaxaca, ya hizo la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde les respondieron que sí procede la indemnización, aunque afirman que les han puesto “puros peros”.
Les han regresado la demanda lo mismo por errores en algún nombre o por alguna letra de más, hasta por la condición de menores de edad y “medios hermanos” de los posibles beneficiarios. Han pasado por tres abogados de oficio y ahora están con el de nombre David Mendoza.
Ni abogados de Conciliación, ni asesorados por funcionarios de la Comisión para el Desarrollo de los Grupos Indígenas (CDI) y Derechos Humanos, los hijos de Gudulia han logrado que las autoridades clarifiquen la condición legal del chofer que mató a su madre, saber si se le hizo la prueba antidopaje, por ejemplo.
“La empresa lo protege, a todos los choferes les tiene seguro de vida, son los únicos que tienen privilegios. Él es de Chiapas y estaba viviendo en el campamento de la empresa. El patrón llegó con su abogada, quería que en ese momento llegáramos a un acuerdo, pero cómo así en la situación en la que estábamos, teníamos que esperar la sepultura de mi madre”, narra Eduardo. “No, nunca mencionó alguna cantidad de dinero”.
Fuera de ahí, dicen los deudos, los patrones no se han acercado a ellos ni para darles el pésame. Del sindicato no pueden esperar nada, pese a las revueltas jornaleras de la primavera de 2015, sigue siendo el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), representado por Jesús Espinoza.
La jornalera Gudulia es una muestra de que las condiciones no cambiaron en los campos del Valle de San Quintín. Al momento de su deceso, Gudulia ganaba 150 pesos al día. El aumento del que gozaba desde hace unos meses fue de 20 pesos. Pero ni seguro social, ni antigüedad, ni gastos funerarios, reprochan sus hijos.
Y el de Gudulia es uno más de los accidentes de trabajo entre los surcos o las máquinas procesadoras en los campos agrícolas. Lo mismo a un joven las aspas de un ventilador le cortaron las piernas, que a un hombre una viga le sacó un ojo, en una empresa, y en otra le rebanó medio muslo, al mismo hombre, según testimonios recogidos por ZETA.
“Son infinidad, no le dan seguimiento, porque nadie tampoco ha peleado, siempre se quedan callados, se arreglan de alguna manera, nunca han exigido lo que les corresponde por Ley. Tienen manipulado todo”, reveló un empleado del Seguro Social.
Las inspecciones sanitarias y de seguridad a los ranchos agrícolas fue otro compromiso firmado por los gobiernos Federal y del Estado con los de la Alianza de Jornaleros, que corroboran trabajadores y víctimas, no ha sido cumplido.
Lo que piden
Con fecha 8 de septiembre de 2016, la Junta Especial Número Dos Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada recibió la demanda promovida por Eduardo y Óscar Lázaro López, a nombre de sus hermanos menores de edad. Karen Lizbet Lázaro López y Javier Luna Lázaro, en la que hacen un reclamo de derechos en contra de Productora Agrícola Industrial del Noroeste, S.A. de C.V., por concepto de indemnización a raíz de la muerte de la trabajadora Gudulia Lázaro López.
Piden, de acuerdo con los artículos 500 al 503 de la Ley Federal del Trabajo, lo equivalente a dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, salarios devengados en la última semana, prima de antigüedad, vacaciones y 5 mil días de salario, importe aproximado por 650 mil pesos que arrogaría este último concepto.
De la veintena de empresas agrícolas que operan en el Valle de San Quintín, la de Rancho Los Pinos, junto con BerryMex -filial de Driscoll´s– son consideradas las más boyantes, pero también las que más explotan a los trabajadores, así reiterado por jornaleros y líderes de las recientes revueltas. Durante la semana del paro laboral y bloqueo de carreteras en 2015, algunas empresas tuvieron pérdidas por 12, 34, 100 o más millones de dólares al echarse a perder buena parte de la cosecha de fresas y arándanos.
La empresa es propiedad de Antonio Rodríguez Hernández y familia, ex secretario de Fomento Agropecuario en Baja California, y allegado de Manuel Valladolid Seamanduras, actual titular del mismo cargo.
En la lucha contra el Rancho Los Pinos se han sumado para asesorar a los hijos de Gudulia, el Sindicato Independiente de Jornaleros y Similares -o algo así-, gremio que encabeza Enrique Alatorre, vocero de la Alianza de Organizaciones, al igual que la ex portavoz Lucila Hernández García, quien ha tomado las riendas de la representación legal de los deudos, en su papel de directora de la “Alianza de Mujeres de Diversos Colores”.
Refiere Lucila que el proceso de reclamo de derechos empezó con buena disposición de las partes, pero que en los últimos días les empezaron a poner trabas. La líder corroboró la información proporcionada a este medio por la Secretaría Federal de Trabajo en el sentido que ya se giró un oficio a la empresa para que diera cumplimiento inmediato a la Ley, “pero ya llevamos más de un mes y no se ha hecho nada”.
“Cada vez nos ponen más requisitos, y no debería ser así, porque ya está determinado que fue riesgo de trabajo. No quieren responder ni la empresa, ni la aseguranza, ni el Seguro Social, estamos atorados. La indemnización es para que los hijos menores sigan estudiándose y alimentándose”.
— ¿Aplican los derechos reclamados aunque fuera empleada temporal?
“Por supuesto, porque es un riesgo de trabajo, y estamos hablando de una trabajadora con 18 años, no es una empleada temporal, tiene los derechos ganados. Y así haya llevado un día trabajando en la empresa, la Ley la ampara y se debe cumplir. Si se omitiera esa parte, existiría una corresponsabilidad de la Secretaría del Trabajo”.
Puros vericuetos
“De inmediato nosotros nos presentamos en la empresa al día siguiente de los hechos e iniciamos un procedimiento que se llama declaratoria de beneficiarios, donde hacemos la convocatoria en el centro de trabajo y decimos que procede la liquidación conforme a la Ley”, informó Juanita Pérez Floriano, secretaria de Trabajo y Previsión Social en el Estado.
Explicó que aparte de haber rechazado hasta tres abogados puestos por parte de la CDI, hasta que ella eligió a uno, Lucila Hernández también rechazó hubiera un procurador de la Defensa del Trabajo por parte del gobierno estatal, sin embargo esa instancia se acercó para asesorarlos en el procedimiento.
La funcionaria agregó que Rancho Los Pinos ya pagó los servicios de cremación y velorio, que ascendieron a 7 mil 600 pesos, según consta en comprobantes. Y aclaró que en materia de seguridad e higiene, el Gobierno del Estado solo es coadyuvante y la prevención de accidentes, es responsabilidad de la Federación.
“Únicamente estamos obligados a informar a la Secretaría del Trabajo federal, y lo hicimos, informamos, y ya lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, no sé…”, precisó.
Pérez Floriano expuso que la instancia federal emite normas oficiales mexicanas para que se cumpla la seguridad e higiene, por lo que secretaría estatal se ha acercado a los responsables del área en la empresa, a fin de evitar se repitan accidentes similares.
Mientras la Secretaría del Trabajo federal solamente tiene a una persona para atender casos en Ensenada, trascendió que la secretaría en el Estado, sin corresponderle, se acercó al caso al ver que los abogados estaban llevando mal el procedimiento y eso mismo provoca que se entrampe la demanda.
Un abogado laboral detalló: “Si como autoridad no me determinan primero quiénes son los beneficiarios exactamente, no va a funcionar. El problema es que el niño de 13 años tiene papá, que quién sabe dónde está. Si mañana o pasado sale otro hijo, o un esposo, y la Junta Local no tomó una determinación al respecto de quienes son los beneficiarios, la empresa tendría que volver a pagar; se iba a hacer un relajo pues, ‘yo ya pagué’”.
Respecto a la situación legal del chofer del camión que arrolló a la jornalera, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que al sujeto se le está siguiendo un procedimiento por el presunto delito de homicidio imprudencial, y se encuentra en libertad tras pagar una fianza, conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal, a partir de la denuncia presentada por el abogado Alberto Muñoz, representante legal de Rancho Los Pinos, pero aún no se determina su culpabilidad o no.
“Está libre la persona, en apariencia porque es lo que marca el Nuevo Sistema de Justicia, haz de cuenta que no hubiera cometido un delito, porque tiene aseguranza, así nos la ‘pintaron’, pero sabemos que sí hay una responsabilidad, la cual no se está cumpliendo hasta el momento”, protesta Lucila Hernández.
Después de 15 años en los surcos, a partir de 2013 Gudulia fue asignada como “bañera”, cuyas tareas consistían en el cuidado y limpieza de los baños móviles para los trabajadores del invernadero, así como cuidar que los jornaleros se lavaran las manos antes y después de ir al baño, proporcionándoles el material necesario. Encontró la muerte como tantas más que, refiere Hernández, ha contabilizado desde 2005 que se convirtió en jornalera.
Con la aplicación de la justicia en este caso, buscan crear un precedente en los campos agrícolas de San Quintín: “No estamos pidiendo que nos den nada de más. Es un derecho que la trabajadora ya tiene ganado”.
