El Frente Nacional por la Familia y la Red Familia, organizaciones civiles ligadas a la Iglesia Católica, marcharán en 120 ciudades de la República, para manifestarse contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que reconocería en todo el país el matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo.
Con las movilizaciones se exigirá que las propuestas ciudadanas para establecer en la Constitución el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, así como el derecho de los niños para ser adoptados por parejas de diferente sexo sean analizadas por el Congreso de la Unión. Además, los grupos demandarán que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se “abstenga de meter ideología de género en los contenidos educativos”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló el mes pasado, que no pueden renunciar a defender el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, por lo que pidió a los padres de familia una participación activa en la educación de sus hijos. Les advirtió revisar el contenido de los libros de texto gratuito de 4to, 5to y 6to de primaria, y criticó las lecciones de educación sexual.
El Frente Nacional por la Familia -que agrupa a más de 7 mil congregaciones de la República-, también está convocando para que el próximo 24 de septiembre, diversos contingentes de todo el país se manifiesten en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, con dirección al Ángel de la Independencia, todos vestidos con ropa blanca y sin pancartas, para evitar cualquier tipo de confrontación, dijeron.
La convocatoria se ha dado principalmente a través de las redes sociales, con videos, imágenes, correos electrónicos, e incluso mensajes de texto. En Twitter, se da a través hashtags como #FrenteNacionalxLaFamilia, #MarchaPorLaFamilia o #NoTeMetasConMisHijos.
LA INICIATIVA PRESIDENCIAL
En mayo pasado, el mandatario nacional envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución, a fin de reconocer el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser sujetos a discriminación por su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual.
El mandatario detalló que la propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional busca incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna.
Dijo que de esta forma quedará explícito el matrimonio igualitario en la Constitución, como lo ha determinado la SCJN y como ya ocurre en varias entidades.
“[…] no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata, a final de cuentas, de asumir este reconocimiento, insisto, sobre lo que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en nuestra Carta Magna, como un derecho consagrado”, afirmó entonces Peña Nieto.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente también firmó una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario, y que éste se realice sin discriminación entre personas mayores de 18 años, acorde a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Peña Nieto explicó entonces que esta propuesta de reforma moderniza el lenguaje para evitar las expresiones discriminatorias que aún contiene este Código Civil Federal.
Esta iniciativa, agregó el Presidente, también contempla que los cónsules, en su función de jueces del Registro Civil, puedan expedir una nueva Acta de Nacimiento para reconocer la identidad de género. Confió en que, de ser aprobada, esta norma sea replicada en los códigos civiles de los estados.
Peña Nieto instruyó a la canciller Claudia Ruiz Massieu tomara medidas para que en el proceso de solicitud de pasaportes se reconozcan y acepten, sin ningún tipo de distinción, las actas de nacimiento que registran un cambio sexo-genérico.
La tercera determinación fue que la Consejería Jurídica del Ejecutivo revisara los distintos ordenamientos de los tres órdenes de gobierno, a fin de evitar, derogar o modificar contenidos discriminatorios y sean acordes al reconocimiento a la diversidad.
La cuarta decisión fue que dio indicaciones para que México forme parte del grupo núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas, en el que participan 19 países, y que promueve los derechos humanos a nivel internacional.
Peña Nieto dijo entonces que su gobierno tiene la convicción de promover y asegurar que en el país, todas y todos los mexicanos, sin importar su condición social, su religión, su preferencia sexual, su condición étnica, tengan la oportunidad de realizarse plenamente, “tengan la oportunidad de ser felices”.
El mandatario nacional instruyó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que se hagan campañas nacionales contra la homofobia y agregó que en el marco de la reforma educativa, el tema del respeto a la diversidad será considerado durante la revisión de los contenidos educativos.
El 19 de julio del año pasado, la SCJN publicó la Tesis de Jurisprudencia 43/2015 en la que establece que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél [matrimonio] es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
A FAVOR DEL MATRIMONIO IGUALITARIO
Entre algunos personajes que están a favor de la iniciativa presidencial, está Consuelo Sáizar Guerrero, quien ayer se pronunció a favor de las familias igualtarias.
A través de su cuenta en Twitter (@CSaizar), la extitular del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, publicó un video en el que leyó el manifiesto del movimiento #TodosSomosFamilia que defiende la inclusión de las familias homoparentales.
“La diversidad de las familias es la fortaleza de México. Todos somos México, todos somos familia. El acceso al matrimonio civil es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en México por la Suprema Corte de Justicia. Pero la realidad es que en la mayoría de los estados de México las parejas del mismo sexo tienen que pagar un amparo para poder casarse. Esto es inaceptable.”, afirmó Sáizar Guerrero.
En el Congreso fue el Partido de la Revolución Democrática quien revivió la iniciativa de Peña Nieto. Hace unos días, la senadora Angélica de la Peña Gómez y el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron dos propuestas de reformas: una a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política, y otra a diversos artículos de Código Civil Federal.
La legisladora explicó que la reforma constitucional a los artículos 1 y 4 de la Constitución busca prohibir toda discriminación motivada la orientación sexual, la identidad o expresión de género, así como reconocer la existencia de varios tipos de familias.
Ayer viernes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió un posicionamiento en el que afirmó que “el Estado mexicano reconoce a la familia como realidad social, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella existen en la sociedad y el derecho de todas las personas al matrimonio sin discriminación alguna”.
“Fomentar la discriminación hacia las personas por su condición u orientación sexual y de género, así como pretender excluir a las familias que no reproducen el modelo nuclear tradicional, a través de expresiones y discursos que pueden incitar al odio y a la violencia, como ha ocurrido en los últimos meses, vulnera los derechos humanos de todas las personas”, señaló el Conapred a través de un comunicado.
El organismo federal reconoció el derecho a expresar libremente y conservar sus creencias a quienes demandan el reconocimiento de un modelo único de familia, no obstante, señaló, “en un Estado laico y democrático no es aceptable la imposición de ideología o creencia alguna por encima del reconocimiento de los derechos humanos”.
