Lo que ha sucedido en los últimos días con la delegación de Infonavit en la entidad es un reflejo del jaloneo por una serie de dependencias que, por ser espacios del gobierno federal que encabeza un priista, hay quienes las consideran en automático una suerte de bastión político del tricolor.
Tras la salida del delegado Alejandro Arregui, cuando se fue de candidato a diputado por un distrito de Ensenada, se dio el choque. Primero con la decisión de designar a un entonces funcionario municipal de Tijuana a quien se le vinculaba con el PAN, Xavier Peniche Bustamante. El hombre duró en el cargo apenas unas horas. Los priistas presionaron y el director general de Infonavit metió reversa.
El martes de esta semana desde las oficinas centrales se nombró a Víctor Manuel Romero Palacios como delegado; un mexicalense que ha hecho carrera en esa dependencia donde fue delegado en San Luis Potosí y en Coahuila, además que localmente tuvo al parecer un buen desempeño.
Al día siguiente apareció una rara nota en el diario El Mexicano donde –sin fuentes ni datos concretos, ni firma ni sustento alguno– se anotaba que “priistas mexicalenses rechazaban la designación…”, lo que sonaba más a chantaje que a otra cosa.
Y es que efectivamente las delegaciones federales han sido históricamente un botín político para el grupo en el poder. Las más importantes y disputadas por supuesto que son las que –en el radio de acción de la dependencia– abarcan a sectores más amplios de la población. Es el caso del Seguro Social con Francisco Iván Beltrones como Delegado, Sagarpa con Guillermo Aldrete, Desarrollo Social acéfala, la Secretaría de Educación con nuevo delegado o Comunicaciones y Transportes que encabeza Alfonso Padrés Pesqueira.
Claro que hay otras que son fuertes por la actividad misma, como la PGR, o Sedena, o Pemex. Se calcula que son cerca de 73 las delegaciones federales en Baja California y –consideran los priistas– que les deben de tocar a ellos. Se supone que la delegación de la Secretaría de Gobernación –con José Luis Hernández a la cabeza– es la dependencia que coordina al resto, se supone.
Lo curioso es que hay delegaciones encabezadas por panistas, como el caso del Seguro Popular, donde la firma principal es la del excandidato azul a la alcaldía de Tijuana Alejandro Monraz, por lo menos es el más evidente. O hay otros casos de dependencias que no “figuran” en el mapa –por su escaso utilitarismo, como el Bansefi o la Comisión de Aguas Protegidas o Diconsa, o la Comisión de Zonas Áridas o el Firco o el Inaes ( Instituto Nacional de Economía Social) o Liconsa.
Hasta donde se sabe actualmente unas cuantas son las acéfalas, como Sedesol, o el caso de la SEP, donde acaban de remover a Raúl Pompa y en su lugar dejaron a Carlos Ramírez Escamilla.
El caso es que las principales dependencias se las pelean los grupos priistas, una buena parte de los actuales recibieron la bendición del ex jerarca tricolor Manlio Fabio Beltrones, pero eso ya es cosa del pasado. Y en cuanto a la entidad se supone que las aguas se mueven entre las fuerzas leales a Jorge Hank y la otra parte hacia Fernando Castro Trenti. Pero también hay quienes aseguran que ambos bandos quedaron muy debilitados –sobre todo después de la pasada elección– y que apenas asoman la cabeza otros grupos que más o menos tienen fuerza, como sería el caso de la actual legisladora federal Nancy Sánchez, aunque fuera de eso no hay mucho.
Por eso es que algunas decisiones se han tomado desde la Ciudad de México, sobre todo en el marco del relevo del líder nacional del PRI, donde apenas se acomoda en el lugar el ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza. Además se abre la coyuntura después del informe presidencial, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto entra en un periodo de dura prueba, seguramente serán los 12 meses más difíciles del actual gobierno, por eso la importancia del desempeño en las delegaciones federales.
Por lo pronto las aspiraciones se centran en la delegación de Sedesol donde hay dos subdelegados, pero seguramente llegará alguien de afuera, priista por supuesto. Y podrían venir más cambios.
Por si lo habían olvidado
Un tema que parecía superado resurgió esta semana con la publicación en los diarios cachanillas de un documento-acuerdo que fue firmado hace cinco meses a raíz del pleito público entre la pareja sentimental del alcalde Jaime Díaz, Sonia Carrillo y el comunicador Jaime Delgado, Director del portal Periodismo Negro. Después de un escarceo público –debido a una veintena de notas periodísticas publicadas por Delgado– vino una demanda judicial y un par de audiencias, hasta que las partes llegaron a una especie de acuerdo estampado en un documento.
Este lunes el documento fue publicado en un robaplana en los diarios locales –La Crónica, El Mexicano y La Voz de la Frontera– pero el periodista asegura que no le fue tomado el parecer, lo que implica –aparte– la duda en cuanto al origen del pago por la inserción, si salió del bolso de Sonia o de las arcas municipales. Los que saben aseguran que es el formato utilizado en los desplegados oficiales del Ayuntamiento.
Susto a Elorduy
La tarde del martes 23 de agosto, los vecinos de la Colonia Nueva en Mexicali escucharon un fuerte ruido y de inmediato se esparció el rumor: “Atentaron contra Elorduy”, fue el primer dato que se multiplicó ahí en corto, el cual evidentemente era falso. Una persecución policiaca derivó en un accidente y los dos autos fueron a estamparse en la barda de la residencia del ex gobernador panista Eugenio Elorduy. Nada que ver con un atentado.
Lo que sí es que en la Colonia Nueva –uno de los originales barrios exclusivos de la ciudad– han pasado varios incidentes, como el asesinato del escolta del Obispo, o al menos un cadáver que arrojaron ahí a espaldas del parque Necaxa, o los guardias presidenciales que resguardaban la casa de Ernesto Zedillo, a quienes ejecutaron en otra zona de la ciudad pero la casa que cuidaban estaba en la Nueva.
