El Consejo Editorial del diario estadounidense The New York Times publicó hoy una columna de opinión en la versión impresa del rotativo, en la que analizan las “engañosas” demandas presentadas por difamación contra los periodistas que investigan casos de corrupción en México, entre los que figuran Carmen Aristegui Flores y Sergio Aguayo Quezada.
“Ya sea que para ayudar a terminar en México la cultura del amiguismo y la corrupción, dependerá en gran medida de que los periodistas sean capaces de investigar e informar acerca de la clase dominante”, indica el medio neoyorquino.
Las demandas, dice el NYT, están “teniendo un efecto negativo en el periodismo de investigación y la crítica”.
“De todos los retos que históricamente han obstaculizado a la prensa mexicana, incluyendo la violencia y el hábito de la autocensura para apaciguar a los anunciantes, los periodistas expuestos se enfrentar a injustificadas medidas legales, ahora relativamente faciles de resolver”, indica el Consejo Editorial del rotativo.
La columna de opinión también toca el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, iniciativa ciudadana denominada popularmente como “Ley 3de3”, aprobada luego de que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido objeto de acusaciones por operaciones de bienes raíces de su familia como la llamada “casa blanca” y un departamento en Miamia.
“[…] sería prudente para respaldar una ley de este tipo. Sería recorrer un largo camino hacia la recuperación de la confianza de un electorado que ha dado un montón de razones para cuestionar su integridad y juicio”, señala el rotativo.
En el caso de Aristegui, sus abogados dijeron que la demanda que se les notificó el 29 de mayo, presentada por el dueño de MVS Noticias, Joaquín Vargas, contra la periodista y la editorial Penguin Random House, que publicó en octubre un libro sobre la casa firmado por los cuatro reporteros del equipo de Aristegui.
En el prólogo del libro, Aristegui escribió que la familia Vargas “sucumbió a la presión y compromisos con un poder al que antes se había enfrentado con dignidad y coraje”. Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House, dijo por su parte, que la demanda reclama daños morales causados por Aristegui, y además pide a la editorial que retire el prólogo del libro y pida disculpas.
En julio pasado, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés demandó a Sergio Aguayo por daño moral y le reclama una indemnización de 10 millones de pesos, pues considera que su reputación fue dañada debido a opiniones emitidas por el analista político, en medios de comunicación.
La demanda fue presentada el pasado 28 de junio en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la letra dice: “El demandado Sergio Aguayo Quesada, utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”.
Moreira se refiere al artículo ‘Hay que esperar’, publicado el día 20 de enero de este año en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón, donde se habla de su detención en España tras ser indagado por lavado de dinero y por lo que incluso fue encarcelado una semana.
El diario indica que la de Aristegui es una de las demandas 10 presentadas recientemente contra periodistas que han sido rastreadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de dicho organismo, dijo que este tema genera alarma y que parece probable que algunos funcionarios públicos estén tomando ventaja de esto, cita la editorial.
El diario estadounidense también recordó la disculpa “pedida” por Peña Nieto en julio: “Si queremos recuperar la confianza en los ciudadanos, todos tenemos que ser autocríticos, empezando por el Presidente de la nación”, dijo entonces el mandatario nacional.
Pero para el NYT, dicho sentimiento “sería más creíble si el Presidente encabezara un esfuerzo para impedir que las personas poderosas utilizaran demandas para intimidar a la prensa”, finaliza el diario estadounidense.
