La experiencia que vivió una mujer de 59 años durante los primeros minutos del sábado 3 de septiembre de 2016 en el Bulevar Benítez de Tijuana fue aterradora, cuando desde un puente peatonal le cayó el cuerpo cercenado de un hombre en el parabrisas del auto, lo cual le hizo perder el control y chocar contra la cinta asfáltica. El cadáver mutilado era parte de una amenaza del Cártel Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tres días después, el martes 6 de septiembre, las autoridades locales recibieron una alerta de sus similares en el gobierno de Estados Unidos. Tenían información de una amenaza. Integrantes del CJNG han decidido atacar a la Policía Estatal Preventiva (PEP), a los supervisores -personal que recién fue cambiado-, “…a todos los que no estén alineados”.
Estos hechos criminales recientes forman parte de una pugna sangrienta que protagonizan el Cártel de Sinaloa y el CJNG en el país desde 2010, lo que muestra que mientras otros grupos delictivos han sido mermados, la mafia jalisciense es la que más se ha fortalecido durante el presente sexenio.
Esta nueva guerra comenzó en Baja California el año pasado, entre 2015 y 2016, gracias al apoyo de criminales del Cártel Arellano Félix (CAF), y la irresponsabilidad y desdén de las autoridades que insistieron en negar la presencia del peligroso cártel, mismo que ahora parte de la Zona Este de Tijuana donde ya es territorio de los de Jalisco; el grupo criminal se siente que tiene el poder y goza de impunidad suficiente para amenazar la vida de los representantes de la autoridad, mientras que la pugna por las calles amenaza la tranquilidad y seguridad de ciudadanos no inmiscuidos en acciones delictivas.
“Esto ya lo vivimos en otros años”, dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, el 7 de septiembre en conferencia realizada en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Tijuana, “… en otro momento cuando las células se van empoderando”, mientras explicaba que el incremento en los homicidios se da por el aumento de llegada de droga, y el intento de los grupos delictivos por apoderarse del espacio. “A mayor ingreso de droga, una disputa mayor” manifestó.
Hay drogas cuyo decomiso se incrementó hasta en un 800 por ciento, otras un 200%, y eso es de las incautaciones hechas por la PEP nada más, explicó el funcionario.
Este es un extracto del reportaje publicado en la edición que circula este viernes 9 de septiembre.
