Es oficial, lo aceptó y anunció el gobierno de Enrique Peña y su Secretaría de Gobernación: Tijuana es una de las 50 localidades que acumulan el mayor número de averiguaciones previas por el delito de homicidio.
Esta ciudad bajacaliforniana forma parte del 2 por ciento de municipios que concentran el 42% de las ejecuciones. Así lo anunció el Presidente desde la Federación, el 31 de agosto de 2016, cuando equipararon la violencia en esta frontera a la de Acapulco y Ciudad Juárez.
Ese día en que informó de la “nueva” estrategia nacional, dijeron que Tijuana acumulaba 460 homicidios, sin embargo, al jueves 8 de septiembre, los asesinatos en estadísticas oficiales ya sumaban 576.
En la ceremonia federal, realizada en la Ciudad de México, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, junto al resto de los mandatarios estatales, se llevó su regañada cuando Peña les ordenó “asumir la obligación y compromiso” en corresponsabilidad con los respectivos alcaldes. El de Tijuana, por cierto, va de salida y a simple vista se nota que su preocupación es la Ruta Troncal.
Pero mientras arreaba gobernadores, el Presidente y su Gobierno Federal de nuevo evadieron su responsabilidad, porque advirtieron que había que identificar, detener y procesar a los sicarios, que ayudarían a buscarlos, pero no se comprometió ni un ápice en combatir a los cárteles de la droga, que son los que tienen tomados los territorios de estas ciudades como su mercado de trueques y campo de batalla.
De entrada vale decir que en Tijuana hay 20 investigadores en el área de homicidio. Resulta iluso creer que puedan mejorar el 20% de efectividad que en estos momentos logran. Solo en los primeros ocho días del mes de septiembre se han cometido 29 asesinatos, así que en la semana que termina hubo más muertos que agentes disponibles para indagar.
Sí, están recibiendo apoyo de la Policía Municipal para ejecutar órdenes de aprehensión. Y en una nueva etapa, la procuradora Perla Ibarra dijo al Consejo Ciudadano que la Policía Estatal Preventiva (PEP) ayudará en las investigaciones. Pero estos planes y buenas intenciones no concretan carpetas de investigación, ni obtienen órdenes de aprehensión.
Sí, el Presidente Peña dijo que las fuerzas federales continuarán desplegadas, pero de nada sirven si no capturan a los traficantes de droga. Llegar a dar seguridad perimetral a las corporaciones locales en los operativos, es un apoyo extremadamente limitado, casi una vacilada.
La última semana de agosto y la primera de septiembre, representantes de organizaciones sociales y cámaras empresariales han expresado de manera continua su preocupación por el ascenso en los índices delictivos, aunado a la exigencia a las autoridades locales para que no se regrese a la violencia vivida entre los años 2008 y 2011.
Tras el hallazgo de los cuerpos cercenados de tres hombres en el Bulevar Benítez la madrugada del 3 de septiembre, arreciaron los reclamos desde la sociedad, pero con poca respuesta desde el gobierno.
El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, lamentó al ola violenta y habló del próximo incremento en la presencia del Ejército y la Armada de México, situación que ninguna otra autoridad pudo corroborar.
En la semana, en su calidad de gobernador, Francisco Vega también admitió que la violencia generada por los cárteles de la droga era innegable en Baja California, para luego contra-argumentar que su gobierno coordinado ha sido tan eficiente que ninguna de las mafias se ha empoderado. La pregunta, entonces, es cómo la lucha territorial continúa, pues los crímenes siguen.
Luego salió con la puntada de que “… Baja California es pionera en el país en la implementación de mecanismos interinstitucionales que han permitido aplicar una estrategia efectiva en el combate a la delincuencia”, pero esa fue una forma de trabajo implementada por su antecesor, José Guadalupe Osuna Millán, que no se aplica desde 2013, así que “góber”, no se vale.
También cuestionado por la prensa, otro de los responsables de la seguridad en la entidad le entró al tema, el General Ricardo Bárcenas Rosiles, Comandante de la II Zona Militar, quien habló de “explotar la información que se tenga de las agencias de inteligencia de los tres niveles de gobierno”.
Por instrucciones presidenciales, durante los últimos ocho días los mandos del tema de seguridad han asistido a reunión tras reunión, se han criticado mutuamente. Pero consultados, ninguno ha referido alguna estrategia adicional, nada novedosa más allá de los patrullajes conjuntos y la realización de más mesas de trabajo.
Todos mencionan la intención de mejorar los índices de procuración de justicia, de consignar homicidas para abatir impunidad, pero ninguno tiene claro aún cómo lo lograrán ni qué participación tendrán. Y mientras esto sucede, los cárteles, los organizados y los que no, siguen ampliando su control criminal del territorio bajacaliforniano.
