La situación de inseguridad en algunos Estados del sur de México ha orillado al sector empresarial a pronunciarse por la aplicación de la ley. Y no es para menos, en la presente semana iniciaron las Fiestas de la Guelaguetza en Oaxaca, y aproximadamente 4 de cada 10 turistas cancelaron sus viajes a aquella entidad por el desorden social; mientras tanto, los comercios en la zona están a punto de quebrar. En Chiapas, campesinos, vendedores y sectores involucrados no pudieron sacar a la venta sus productos, lo que se ha convertido en pérdidas cercanas a los 450 millones de pesos.
La cereza del pastel es Michoacán. En el Puerto de Lázaro Cárdenas están detenidos insumos y productos que llegaron de Asia y que hace semanas deberían estar en fábricas de Querétaro, en San Luis Potosí o en Saltillo, para complementar el ciclo de exportación.
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Tal situación ha sido orquestada por integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que se hacen acompañar de otras personas que no son maestros, pero que responden a su llamado, denunció el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, quien además expresó que el organismo hace un llamado al Gobierno Federal para que, sin titubeos, haga cumplir la ley.
“Estamos preocupados por lo que percibimos, puede transformarse en una crisis de gobernabilidad, un pequeño grupo puede de manera cotidiana comete violaciones crecientes mismas, que se han producido afectación a las vías de instalaciones estratégicas, han pasado de ser afectaciones focalizadas en unas cuantas ciudades, a actos reiterados de gravedad creciente”, declaró.
De tal manera que especialmente solicita, sin dejar de lado la responsabilidad originaria que compete a los gobiernos estatales y municipales, es que se haga aplicar la ley, ya que no es posible que de manera impune se trastoque la vida de las personas y no pase nada.
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De Hoyos agregó que si bien no se podría generalizar diciendo que en los Estados en su conjunto no están funcionando las instituciones, dichos actos de violación son tan reiterados y cotidianos que pueden llegar a poner en riesgo la gobernabilidad si no se actúa,
“porque la tendencia ha sido que se agrave, de tal manera que nuestro llamado es claro, antes que eso se convierte en una crisis que hagan valer la ley”.
Además, COPARMEX pide a la autoridad que “actué ya” si le asiste la razón y si tiene los medios y pericia para hacerlo en pleno derecho de respeto a los Derechos Humanos, que actúe contra el freno que está trastocando la vida en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, pues les preocupa que tal ejemplo pudiera replicarse en otras entidades federativas.
“Creemos que las cosas pueden corregirse, impidiendo que grupos que pretextando una lucha social impidan libre tránsito. Evitando la toma de instalaciones, que niños y jóvenes no sean desprovistos de la educación, que no sean saqueados establecimientos comerciales”, finalizó De Hoyos Walther.
Por su parte y respecto al tema, el presidente de CONCANACO-SERVYTUR, Enrique Solana, expresó que las circunstancias en el país no son casuísticas, sino que tienen una intención, por lo que la sociedad debe estar más unida y del lado del gobierno en turno.
“No podemos ver si es el PRI o el PAN. La situación no se va a resolver sin tomar medidas duras, difíciles. No va a tomar ese riesgo con un costo político muy fuerte si no está cobijado por la sociedad, partidos políticos, organizaciones empresariales”, advirtió.
