En los cinco municipios de Baja California como en el resto del país, existe un déficit respecto al número de agentes de seguridad pública que se requieren para atender las necesidades del Estado; la diferencia aquí es que a pesar de tener y mantener económicamente una academia de policías, al tomar posesión en septiembre de 2015, los alcaldes sudcalifornianos se dieron cuenta que el mencionado centro de entrenamiento no estaba cumpliendo con su función, tampoco capacitando o reclutando a ningún policía, desde no sabían cuánto tiempo.
Y ante la proximidad de la entrada en funciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 18 de junio de 2016, ellos siguieron sin reclutar, porque debieron usar los recursos en capacitar a los uniformados existentes en la justicia y los nuevos procesos públicos y orales.
