El cuerpecito de Diana Mia de cinco años, asesinado y violado, fue localizado en el canal Tulichek de Mexicali el 22 de junio. A finales del mismo mes en el mismo municipio, una bebé de 8 meses ultrajada fue atendida en el Hospital General de Mexicali.
También en Tijuana, el 20 de junio murió Evelin, tenía 3 años y la autopsia reveló un derrame cerebral y abuso sexual. Usiel de 3 años fue asesinado a golpes el 8 de julio, a Kimberly de un año 4 meses la abusaron sexualmente y la mataron el 11 de julio, la necropsia indicó luxación de primera y segunda vertebra. En Rosarito Itzel de 6 años fue golpeada brutalmente por su hermano de 19 años el martes 2 de agosto.
Resulta más que evidente que lo que se está haciendo desde los gobiernos para la protección de la niñez, es insuficiente. Ni la instalación en diciembre de 2015 del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como en marzo de 2016 la puesta en marcha del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California, o el Centro para la Protección Social de la Niñez manejado por el ayuntamiento del alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán, han sido esfuerzos que concluyan en una niñez más segura, menos vulnerable.
Tan insuficiente como lo que estamos haciendo desde la sociedad, porque indignarse sincera y profundamente, repudiar los hechos públicamente y aborrecer a los victimarios ha servido de poco a los bebés violentados y muerto a golpes.
Del 1 de enero de 2016 hasta hoy, la fórmula padrastro drogadicto, madre con conocimiento de causa y omisión de cuidado, ha resultado en el asesinato de 10 niños en Tijuana, ocho expedientes han sido resueltos y en dos están pendientes las órdenes de aprehensión.
De acuerdo a los informes oficiales, en 2014, la Procuraduría para la Defensa del menor y la Familia en Baja California atendió mil 967 denuncias por menores faltos de higiene, de educación, de salud, incluso maltratados y abusados sexualmente. Durante 2015, el 44 por ciento de las denuncias recibidas en los C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) fueron de violencia intrafamiliar. Precisamente el año pasado, la procuradora Perla Ibarra dijo a reporteros que la fiscalía estatal había atendido más de 2 mil casos.
Este año 2016, tras el reporte de una serie de asesinatos de infantes, las autoridades también han dado números a la prensa, Francisco Javier Domínguez Niebla, director de los C4 del estado, declaró que solo en el mes de enero de 2016 habían atendido 6 mil 033 llamadas de violencia intrafamiliar: 2 mil 652 de Tijuana; 2 mil 243 de Mexicali; 781 de Ensenada; 179 de Tecate; y 178 de Rosarito.
En los primeros seis meses del presente año, el Hospital General de Tijuana atendió a 3 niños por maltrato infantil, y 8 fueron remitidos al DIF. A cinco los dejaron abandonados. Las clínicas IMSS en el estado envían un promedio de 45 reportes mensuales a las agencias del Ministerio Público, porque en las revisiones médicas detectan que se ejerce violencia física contra niños. En el DIF Tijuana hablaron de haber atendido más de 7 mil casos por violencia intrafamiliar.
Todas estas cifras muestran a los bajacalifornianos como una sociedad incapaz de proteger a sus niños, una comunidad en crisis, inmersa en una espiral de descomposición social que urge frenar.
A raíz de la publicación de estos recientes homicidios de infantes, dos cosas ocurrieron desde el gobierno: extraoficialmente se informó que DIF solicitó apoyo para el seguimiento de casos a las instancias policiacas, y la secretaría de seguridad del estado publicó por dos semanas una campaña para fomentar la denuncia del maltrato infantil. Una reacción mínima considerando la magnitud del problema.
Desde la sociedad, las llamadas al 075 línea de apoyo y orientación de DIF Tijuana se incrementaron en un 20 por ciento según informó a la prensa el responsable Ricardo Sánchez, lo que habla de mayor conciencia y participación ciudadana, pero seguimos cortos.
Pese a los sistemas nacionales y estatales de protección de menores, las procuradurías, los programas de atención a la violencia en las diferentes instancias y órdenes de gobierno – con funcionarios cobrando sueldos–, como en la mayoría de las políticas gubernamentales, resulta imposible ver la estrategia coordinada, y para muestra está el hecho de que la violencia en la casa de Usiel fue denunciada por el sistema Educativo al DIF, 38 días antes de su asesinato y no sirvió de nada.
Las evidencias son contundentes, en Baja California como estado y sociedad, los adultos en general estamos fallando en la obligación de procurar al máximo, la protección que la condición de vulnerabilidad de los niños exige.
Como sociedad sigue pendiente la obligación de participar y presionar al gobierno. Y como estado el compromiso de hacer cambios a lo que no está funcionando.
Qué tal empezar por las recomendaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que expone una y otra vez en sus textos la necesidad de:
“…establecer políticas claras…programas más amplios…planificación sectorial…que provoquen un aumento de los recursos y una división eficaz de la responsabilidad entre los organismos gubernamentales y entre ellos y la sociedad civil”, y “…mejorar los métodos de supervisión y evaluación de la eficacia de los programas públicos y las iniciativas locales”.
Es urgente, la protección de los niños deber ser una prioridad para el Presidente Enrique Peña, para el Gobernador Francisco Vega, y los cinco alcaldes de los municipios bajacalifornianos, pero no solo en discurso, señores, porque “Obras son amores y no buenas razones” o intenciones. No se vale que se queden solo esperando que la indignación social se apague.
