Revisemos: en lo que va del año- prácticamente ocho meses-, ¿cuántas campañas o notas informativas en medios de comunicación ha visto, escuchado o leído Usted, amable Lector, en las que los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) lo inviten, promuevan o publiciten el derecho de acceso a la información?
En ZETA nos esforzamos por recordar, después acudimos a los boletines informativos del Instituto, y nada de eso de “Difundir la cultura de la transparencia”, por lo menos nada expresamente dedicado a ese fin.
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Acaso han destacado los problemas que tuvo para entrar en funcionamiento la plataforma nacional y los pasos para la aprobación de la Ley de Transparencia.
Otra pregunta: alguno de ustedes, que no sea empleado, amigo, familiar o funcionario implicado en el tema, ¿ha visto suficiente la imagen y escuchado sus nombres como para recordar quiénes son los consejeros de Transparencia?
Poco o nada de entrevistas donde estén generando información a la opinión pública, mínimos esfuerzos públicos que muestren su intención por reducir o evitar los bloqueos de información desde las instancias de gobierno, particularmente en el tema de las finanzas y la distribución de los recursos que parecen olvidar son “públicos”.
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De la apertura promocionada desde los gobiernos de extracción panista, que en su momento mostraron Eugenio Elorduy como secretario de Finanzas de Ernesto Ruffo, Víctor Adán con Alejandro González, o Manuel Aguilar Bojórquez con Guadalupe Osuna, nada queda.
Al final, del manejo del presupuesto la información es genérica y solo se comparte vía boletines sin más detalle. El problema es que el ocultamiento de información siempre beneficia a alguien, y el ITAP no parece hacer nada al respecto.
Para los que ignoran quiénes son los representantes o consejeros ciudadanos que deben pelear por la transparencia informativa, de nuevo la página electrónica resulta ilustrativa, con las imágenes del comisionado presidente, Francisco E. Postlethwaite Duhagón, y los comisionados Elba Manoella Estudillo Osuna y Octavio Sandoval López.
En la misma página se puede saber que cada uno de estos consejeros gana 72 mil pesos mensuales y además tienen derecho a 60 días de aguinaldo (144 mil pesos) y 20 días de sueldo adicional en sus vacaciones anuales (48 mil pesos aproximadamente), que ellos se llevan 3 millones 168 mil pesos anuales y sus otros 19 empleados, otros 5 millones 471 mil pesos; de tal suerte que de los 13 millones asignados de presupuesto, en puros sueldos se van 8.6 millones. El resto es pago de servicios, de hecho no hay nada de dinero para otra cosa que no sea el funcionamiento de la oficina.
De sus resultados oficiales, en denuncias públicas, dicen que hay 57 interpuestas, 27 resueltas y 117 en trámite; en cuanto a recursos de revisión, son 279 interpuestos, solo 129 resueltos y 447 en trámite. Solo en esta muestra, los casos resueltos representan apenas el 14.7% de las peticiones, 156 de mil 056.
Pero esos números no reflejan la frustración ciudadana, porque algunas de las resoluciones pueden ser negativas o no hay competencia.
Como parte de la labor periodística, reporteros de ZETA han hecho decenas de peticiones al ITAIP y han corroborado las denuncias ciudadanas respecto a la falta de calidad y orientación en la atención y los deficientes resultados.
Dos ejemplos: este Semanario solicitó el verano pasado información detallada de los créditos, los endeudamientos aprobados por el Congreso al Estado, una año después sigue sin respuesta; así mismo, otra solicitud de información al Congreso hecha en octubre de 2015 que se negó, se impugnó, sigue en juicio y tras diez meses, los diputados de quienes se pidieron datos, ya van de salida…y la lista sigue.
Calladitos, “nadando de muertito”, los comisionados de la transparencia palomeados por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, que entraron en funciones el 1 de junio de 2015, han cobrado más de un millón de pesos en sueldos y han pasado sin pena ni gloria evidenciando que hasta el día de hoy, les queda grande el puesto desde el cual deberían hacer evidentes sus esfuerzos por defender los derechos ciudadanos con mayor vehemencia.
Cierto, el gobierno les paga un salario, pero harían bien en recordar que el dinero viene de los impuestos ciudadanos, que salen del bolsillo de la gente que sigue esperando que estos institutos dejen de ser espacios donde se reparten en cuotas entre empresarios -por cierto proveedores del gobierno- y otros grupos de poder, usados por el Estado solo para legitimarse.
A Postlethwaite, Estudillo y Sandoval les queda un año de gestión y la posibilidad de adicionarle un tercer año a su ejercicio, así que sería conveniente que ellos también intentaran legitimarse. No se pide nada que no esté en su obligación, solo acciones contundentes a favor de la sociedad y la transparencia. Después de todo, para eso se les paga.
