Residentes de la colonia Vista Marina en Playas de Rosarito se quejan de la fabricación de ladrillos en un cañón ubicado a un costado de esta zona residencial, lo que ha aumentado la sensación de calor en las casas y genera emisiones de gases que pudieran dañar la salud de los vecinos.
Desde 2014, han hecho saber de esta molestia a diferentes dependencias, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de las instancias estatales y municipales, sin haber recibido una respuesta satisfactoria a su exigencia de reubicación o clausura de estas ladrilleras.
La labor que realizan quienes habitan en el cañón de manera irregular –al ser éste una propiedad federal– la realizan a cualquier hora del día y sin contar con ningún tipo de autorización, agrediendo verbalmente a los quejosos cuando han intentado dialogar con ellos, lo que ha llevado a los residentes de Vista Marina a contemplar la opción de mudarse para no perjudicar su salud.
El trabajo constante y simultáneo de las ladrilleras logra que las emisiones de humo que se genera en el proceso de cocción de las pirámides de ladrillos sean visibles a gran distancia, incluso desde la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
“Sabemos que de ese tipo de trabajo es como sobreviven ellos, pero también deben ser conscientes de que están afectando con contaminación a las personas que estamos ahí”, comentó uno de los quejosos.
“Hay bebés, niños, señores de la tercera edad. Hemos platicado entre vecinos y todos tienen ese malestar” agregó.
El Director de Auditoría Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California (SPABC), Daniel Monroy Ojeda, comentó que la dependencia tiene conocimiento de esta queja desde que se originó en 2014 y que desde entonces se han practicado 12 visitas de inspección a la zona, cubriéndose una superficie de 7 hectáreas.
La SPABC comprobó que las actividades denunciadas por los vecinos no se encuentran reguladas y que los ladrilleros carecen de los permisos para operar, como lo es una anuencia de impacto ambiental y licencia de funcionamiento para emisiones, por lo que ya se habrían comenzado procedimientos administrativos contra.
“Conforme a la ley, se les da la oportunidad a los inspeccionados a que ellos presenten pruebas y alegatos a efecto de que puedan defenderse de un acto de autoridad, pero no han tenido un documento que acredite su legal actividad, por lo cual se hará lo conducente respecto a derecho”, declaró Monroy.
Multa, apercibimiento, clausura o inhibición de la actividad son algunas de las sanciones a que se podrían hacer acreedores quienes realizan esta actividad e incluso podrían ser sujetos a un procedimiento penal. Un posible desalojo correspondería a las autoridades federales.
Sin embargo, la SPABC no ha podido hacer una medición de las emisiones, debido a la complejidad con que laboran los 19 ladrilleros detectados en el cañón, siendo que no permanecen en un mismo sitio del cañón y no dejan encendidos los hornos las 24 horas del día, por lo que se desconoce la afectación que esta actividad tiene sobre la salud de los residentes cercanos.
Monroy estima que esta forma de operar no representará un obstáculo para que la dependencia ponga un alto a la actividad de los 12 ladrilleros contra los que ya se cuenta un procedimiento administrativo, para lo cual ya se cuenta con una fecha, misma que no dio a conocer para no afectar la efectividad de la acción a implementar.
