Los reglamentos municipales vigentes de edificación, urbanización y condominios de Tijuana, encarecen las viviendas entre 20 y 25 por ciento, dañando la economía de gran parte de la población, a la vez de afectar al sector inmobiliario local, que este año dejará de percibir 2 mil millones de pesos de inversión por esa causa, advierten empresarios del ramo.
José Manuel Padilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (CANADEVI) Capítulo Tijuana, explicó las autoridades municipales exigen a las empresas hogares más grandes, vialidades más anchas, el 10 por ciento de la superficie total de los fraccionamientos como “donación municipal”, así como un área verde adicional.
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Aseguró que lo anterior implica la construcción de menos casas; en el caso de Tijuana el déficit para 2016 es de 2 mil, lo que redunda en una pérdida aproximada de 20 mil empleos, en tanto el desarrollo de una casa da trabajo a por lo menos diez personas.
Padilla agregó que el costo que producen las políticas municipales va en contra de la capacidad crediticia de entidades financieras públicas.
“Los regidores están pidiendo muchas más cosas que salen completamente del contexto de los lineamientos de crédito de las entidades financieras, como INFONAVIT, FOVISSSTE y demás organizaciones”, lo que para el titular nacional del organismo, Carlos Medina Arreola, inhibe a quienes pretenden habitar una casa “de interés social”, es decir, los que menos tienen.
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El encarecimiento oscila entre los 100 mil y 120 mil pesos. “El INFONAVIT no tiene la capacidad para los trabajadores, no les alcanza a los trabajadores”, sostuvo el líder empresarial.
Al Foro Inmobiliario 2016, celebrado el 18 de agosto, asistió el alcalde electo de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien recibió las inquietudes y solicitudes del sector inmobiliario en cuanto a la normatividad municipal, haciendo referencia a que la administración de Jorge Astiazarán Orcí no ha respondido a sus peticiones.
Por su parte, el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo, Héctor Riveros Moreno, enfatizó que el tema está en análisis por los ediles pertenecientes a la Comisión de Desarrollo Urbano, y afirmó que las adecuaciones que los empresarios esperan se realizarán antes del 30 de noviembre, fecha en que los funcionarios actuales concluirán su función constitucional.
