Carlos Cataño González, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, removido el mes pasado por el Congreso Estatal y el Poder Judicial, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal investigara y confirmara que amparaba a empresas importadoras de autos usados en la región, ya apeló dicha sentencia, por lo que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir una resolución final en el caso.
Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal, declaró la tarde de hoy viernes 19 de agosto que “las dos opciones que tiene (la SCJN) es confirmar la resolución o en su caso revocarla”; si se revoca, Cataño podría volver a su puesto.
Cabe destacar que la Constitución Política de Baja California faculta al Órgano Legislativo para remover de su cargo a magistrados del Tribunal Superior en casos especiales; aunque el factor preponderante fue el proceso administrativo 45/2014, abierto por el Consejo de la Judicatura Federal.
Es la primera vez que el Congreso del Estado remueve a un magistrado por irregularidades en su gestión.
Vicepresidente de CIDH omite información
Dichas declaraciones se manifestaron durante el Seminario Internacional Itinerante, realizado en Tijuana, que forma parte del Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El evento fue dirigido por el Vicepresidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de origen tijuanense, quien ofreció a los ciudadanos que se dieron cita en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), una conferencia titulada: “Niños, Niñas y Adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sin embargo, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), determinó que en el Rancho El Sol de Tanhuato, Michoacán, la Policía Federal ejecutó “de manera arbitraria” a 22 civiles inocentes en mayo de 2015, además de “sembrar” armas a los cadáveres, Ferrer Mac-Gregor se negó a dar posicionamiento alguno sobre el tema, ni ningún otro relacionado con la crisis de derechos humanos que experimenta el país – en muchas ocasiones por acciones del Estado -, argumentando “que no tenía tiempo”, para luego tomarse durante casi 15 minutos fotografías con algunos de los asistentes a la conferencia en la Sala Federico Campbell, dejando a los medios locales con los micrófonos, cámaras y grabadores encendidas.
Posteriormente, al ser abordado por ZETA, el abogado por la Universidad Autónoma de Baja California e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se justificó diciendo que las declaraciones deberían ser vertidas por el presidente de la CIDH, y no por el Vicepresidente, debido a “medidas protocolarias”.
