Ante los representantes del Estado mexicano y en la antesala del anuncio del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el martes 19 de julio, escupió un discurso que lejos de desenlazar en sus objetivos literales, generó mayores inconformidades y hasta burlas.
Peña, flanqueado por los líderes parlamentarios de las diversas fuerzas políticas, dijo “en noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.
Luego remató: “en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente; por eso, con toda humildad, les pido perdón”.
Un acto de evidente corrupción, Peña intenta reivindicarse con la petición de su exoneración.
Pero si fuera conforme a la Ley, esto sería imposible. Pues la figura jurídica grabada en el Código Penal Federal, tratándose de un delito “el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo”, es decir, es decir, los mexicanos, “sólo podrá otorgarse cuando se hayan reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito”
O bien cuando “la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse”.
Es decir, que los delitos que solo pueden ser perseguidos por daños a terceros es suficiente que los afectados se digan satisfechos para que el delito se extinga.
Imaginemos un mundo legal, a Peña Nieto, a decir de Código Penal “cada uno (de los ofendidos) pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga”.
Pero lejos de este plano jurídico y especulativo, Peña pide perdón un día y otro hostiga al equipo periodístico quien reveló la adquisición de la Casa Blanca.
El jueves 21 de julio, la periodista Carmen Aristegui y su equipo de reporteros, despedidos en marzo de 2015 de la radiodifusora MVS por publicar dicha investigación, denunció que el dueño de la concesionaria radial, Joaquín Vargas los demandó por daño moral.
Al equipo de periodistas, premiados internacionalmente por su investigación, lo acompañó un grupo de directivos de la editorial Penguin Random House, sello bajo el cual se publicó el libro “La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno”.
La demanda fue notificada a Aristegui y a la editorial, el 29 de mayo y depositada en el Juzgado 57 de lo Civil en la Ciudad de México.
La inconformidad de Vargas radica en el prólogo escrito por Aristegui, el cual dice “personalmente lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas y de sus hermanos”, además de acusarlos de “censura y aniquilamiento”.
Al final de la rueda de prensa, la periodista grabó un mensaje en el cual pregunta a Peña Nieto, “¿De qué perdón estamos hablando, señor presidente?”.
