Después de seis años y 107 días, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reabrió el caso del crimen de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado a tiros el 4 de marzo de 2010 en el bar Las Micheladas, en el malecón costero de La Paz.
El polémico homicidio es investigado en su nueva etapa por Bernardo Soriano Castro, el abogado públicamente conocido de la familia Hernández Ascencio, quien fue nombrado fiscal especial del caso. Es decir, juez y parte, a la vez.
Durante el tiempo transcurrido ha habido cuatro procuradores -Fernando González Rubio Cerecer, Francisco Karim Martínez Lizárraga, Gamill Arreola Leal, Adonaí Carreón Estrada- y actualmente Palemón Villeda Alamilla, pero el crimen sigue sin resolverse, principalmente por el silencio guardado por el principal testigo y hermano de Jonathan, Daniel Hernández Ascencio.
Es la tercera vez que el caso es abierto por la PGJE, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en contra de Jonathan Hernández Ascencio y homicidio en grado de tentativa en contra de Daniel Hernández Ascencio y Héctor Hernández Ascencio, hermano y primo de Jonathan, respectivamente.
La primera data del 4 de marzo de 2010, cuando se abrió la averiguación previa LPZ/010/HOM/2010, cuya investigación fue torcida para encubrir al verdadero asesino.
Jonathan Hernández Ascencio, crimen sin castigo
En aquella ocasión fueron detenidos y encarcelados los jóvenes Gary Gaines Hidalgo, Emilio González Rubio, Alonzo Jazziel Soto Murillo y Carlos Alejandro Castro Castro “El Bebo”, quienes finalmente fueron absueltos de toda responsabilidad.
La segunda fue el 27 de mayo de 2014, cuando quedó abierta la averiguación previa LPZ/028/HOM/2014, donde fue detenido y sujeto a proceso penal el joven Daniel Sánchez Ávila, recibiendo una sentencia absolutoria, por lo que fue liberado.
El juez de la causa solicitó la devolución del expediente de mil 281 hojas a la PGJE para continuar con las investigaciones.
Así, la PGJE retomó el caso, bajo el número de averiguación previa LPZ/028/HOM/2014, sólo que esta vez viciando flagrantemente el proceso de investigación, tras haber nombrado a Bernardo Soriano Castro como fiscal especial en el caso Jonathan, cuando es públicamente conocido el abogado de la familia Hernández Ascencio, lo que de entrada violenta la Ley Orgánica de la Procuraduría y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En esta nueva etapa de las investigaciones, y según el expediente en poder de ZETA, el fiscal especial del caso Jonathan, Bernardo Soriano Castro, desde diciembre de 2015 ha citado a declarar a los siguientes testigos:
* Jesús Enrique Duarte Gómez.
* Cecilia E. Famanía Zúñiga.
* Evelyn Gisela Zavala Aguiar.
* Linda Azucena Gómez Montaño.
* Francisco Robles Verdugo.
* Carmen González Meza.
* Jorge Calderón Naranjo.
* Hugo Francisco Espinoza Acevedo.
Los testigos se quejaron de que la PGJE alteró sus versiones originales, y coincidieron en señalar que la persona que disparó el arma era “alta, media gordita y tez moreno claro”.
Emilio Gonzalez Gari Gaines
Durante el interrogatorio, uno de los testigos fue cuestionado sobre la posible participación de alguno de los hijos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño cuando auxilió a Héctor Hernández Ascencio, quien en dos ocasiones, y creyendo que moriría, comentó: “Me disparó el hijo del gobernador”.
“Que diga el declarante si sabe si está persona fungía como gobernador en 2010”, se le preguntó, a lo que respondió: “Sí, el gobernador era Narciso Agúndez Montaño”.
“Que diga si sabe si el gobernador tenía hijos en 2010”, volvió la pregunta con la siguiente respuesta: “Pues no sé”, y se agregó la pregunta: “Que diga el declarante si conoce a los hijos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño”, a lo que contestó: “Pues no sé”.
Después de tomar las declaraciones de los testigos y sin mayores pruebas científicas, salvo las que obran en el expediente original, donde aparece negativo el resultado del estudio de rodizonato de sodio, el fiscal especial del caso Jonathan solicitó el 7 de abril pasado al juez de la causa penal 419/2016, librar orden de aprehensión en contra de Gary Gaines Hidalgo y Emilio González Rubio, como presuntos responsables de la comisión primeramente del delito de homicidio calificado, con premeditación, alevosía y traición en contra de Jonathan Hernández Ascencio y homicidio en grado de tentativa en agravio de Héctor Hernández Ascencio y Daniel Hernández Ascencio.
En el expediente, el Agente del Ministerio Público agregó los siguientes datos:
* El testimonio de reconocimiento del cadáver de Jonathan por parte de su hermana Daniela Hernández Ascencio.
* El informe de la inspección ministerial practicada en la escena del crimen.
* El resultado de la necropsia de médicos legistas.
* El dictamen de criminalística del cadáver.
* El informe de la cronología de los hechos.
El 27 de mayo, la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Penal, Rosalía Cota Domínguez, negó la orden de aprehensión por considerar que “carece de argumentación, así como razón alguna fundada y motivada, esto es, que los indiciados intenten huir de la acción de justicia” lo que molestó al agente del Ministerio Público, Bernardo Soriano Castro, quien apeló la decisión que quedó en manos de los magistrados.
Sobre estos hechos, ZETA solicitó la opinión de un abogado que de entrada comentó que “el nombramiento de Bernardo Soriano Castro, es una aberración de la Procuraduría, porque el proceso de investigación se está viciando de origen, porque no puedes ser juez y parte a la vez”, por lo que no alcanza a entender que el procurador Palemón Alamilla Villeda y el gobernador Carlos Mendoza Davis, permitan esta grave violación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, y la cual debe traer responsabilidades administrativas, inclusive penales.
“Yo considero que es como si le hubieran dado a la familia Hernández Ascencio una fiscalía para que investiguen el crimen de su hijo, en vez de buscar la verdad histórica, y quienes evidentemente están usando la Procuraduría para vengarse de jóvenes que ya quedó demostrado plenamente que nada tuvieron que ver con el crimen. El solo hecho de solicitar orden de aprehensión en contra de dos personas que ya fueron juzgadas es anticonstitucional, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito en México”, aseveró Soriano.
