A partir del viernes 17 de junio, Baja California Sur aplica la reforma al sistema de justicia penal, donde se prevé que haya una justicia pronta y expedita para los ciudadanos, sobre todo alternativa, donde en el 99 de los casos los imputados respondan a los daños provocados a las víctimas. Y es que desde 2015 el sistema opera en el municipio de Comondú y, a partir de 2016, en La Paz.
Ismael Sigala Páez, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), apuntó que se tuvo un esfuerzo extraordinario “por capacitar a todos esos operadores, por tener la infraestructura lista para entrar, efectivamente a primera hora de este viernes 17, entramos en los municipios de Los Cabos, Loreto y Mulegé”, donde se considera una menor proporción de delitos, sobre todo al norte del Estado.
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Para ello se han aplicado los protocolos de capacitación al personal que laborará en estas tres nuevas sedes, además de que contarán con apoyo de ministerios públicos y elementos de La Paz, donde ya se aplica el NSJP.
Con una inversión de 120 millones de pesos (500 millones en total por los cinco municipios), Los Cabos, Loreto y Mulegé estarán atendiendo los procesos con la nueva disposición.
“El Poder Judicial va a incorporar siete nuevos jueces este 17 de junio, ya contamos con cinco el nuevo sistema, por lo tanto estará operando en una primera etapa con 12 jueces, en su mayoría jóvenes”, con lo cual se busca un verdadero compromiso, como se dice entre pasillos, “sin que estén maleados”.
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Una de las expectativas será principalmente en Los Cabos, donde gran número de pobladores y mayor registro de incidentes, lo que implicará un reto para el NSJP en Baja California Sur, sobre todo por la participación de las corporaciones, pero también donde se ha denunciado la incursión de policías corruptos; incluso ZETA ha evidenciado la extorsión de policías municipales a turistas en administraciones pasadas. A la fecha algunos agentes permanecen activos, algunos reprobados por los Exámenes de Control y Confianza.
Sigala Páez expresó que precisamente en el interés de mejorar el proceder de los elementos: “Hemos capacitado mucho a la Policía Municipal de Los Cabos, y vamos a estar trabajando de la mano con ellos para consolidar que el sistema funcione ahí, para lograr que haya coordinación”, pero también existen errores frecuentes que deben corregirse, sobre todo el “primer respondiente, que es donde pudiera encontrarse un problema, y es que la información es vital porque lo que contiene ese formato, son datos muy precisos, muy valiosos, muy bien elaborados, sin criterios de un policía o de otro para iniciar con la investigación”.
Y en aras de que los lineamientos se cumplan, “desde el principio se nos pidió poner especial atención en los funcionarios para atender a la gente, y en esa parte hemos hecho hincapié, hablado con los elementos: quien no deba estar, quien no sirva para estar, debe irse. Cuatro hasta ahorita en diferentes áreas”, advirtió.
La intención es que policías, jueces y el propio Ministerio Público trabajen en conjunto para garantizar la aplicación de la justicia y que los ciudadanos sean los que ganen, al recibir una atención debida a sus procesos, y los servidores públicos se ganen la confianza con su labor.
Para Silvia Lupian Durán, presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en el Estado, es importante que los ciudadanos se informen sobre los derechos y confíen en el NSJP, además de que abogados penalistas y funcionarios se informen y se capaciten.
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal no sólo se trata de juzgar a las personas y de abrirles un proceso, también fortalece la prevención del delito, por eso les mencionaba que estamos muy contentos con que se tenga un consejo de participación ciudadana para la prevención de la violencia y la delincuencia. Si no se tiene la preparación suficiente pueden empañar la escena del crimen, pueden contaminarla, y esto no ayuda a que los procesos avancen”, finalizó.
Precisamente para tener una idea de la preparación en algunos municipios, en Loreto se capacitó a seis elementos de seguridad, algunos de ellos se encontraban fuera de servicio. El último censo realizado en 2010 arrojó que la población del municipio es de 14 mil 724 habitantes, por lo que los seis agentes tendrán que atender alrededor de 2 mil 454 personas cada uno, para abarcar todo el municipio.
“Hasta ahorita el dato que me pasaron eran seis elementos aprobados que estaban en condiciones de trabajar ya con nosotros en Seguridad Pública, algunos ya estaban fuera de la seguridad y fueron llamados a trabajar. Porcentaje es poco, pero en cuanto a su trabajo y sobre todo que estaban aprobados, evaluados, en eso sí nos representa un buen porcentaje”, expuso Areli Arce, alcaldesa de Loreto.
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