La Fiscalía Anticorrupción del estado de Nuevo León anunció el embargo de bienes al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a diez ex funcionarios más.
El gobierno de Jaime Rodriguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” logró la consignación del caso contra el ex mandatario estatal por el presunto desfalco de las arcas de Nuevo León, de hasta 3,600 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales Santos, junto al agente del Ministerio Público de la misma ofician, Aldo Fasci Zuazua, y la contralora estatal, Nora Elia Cantú, anunciaron que a Medina de la Cruz se le embargaron once propiedades, además de que se le acusa de peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros cargos.
El Gobierno del Estado citará a nueve ex funcionarios de la anterior administración por cometer presuntos actos de corrupción. La investigación incluye 120 averiguaciones previas contra ex funcionarios de la administración, de los cuales 47 tendrían responsabilidad penal.
Señalan como implicados al ex gobernador, 9 ex funcionarios, 5 ex servidores públicos, 2 alcaldes en funciones, 2 diputados federales, 9 empresarios, 2 funcionarios bancarios, familiares y socios.
Entre estos funcionarios se encuentran Rodolfo Gómez, ex secretario general de Finanzas y Tesorero de Nuevo León; Juan Francisco Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de las Zonas Agrícolas, y actual subsecretario de Desarrollo Económico del municipio de Guadalupe, y, Luis Gerardo Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas.
También están imputados Ramón Villagómez, ex director general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario y actual diputado federal; Rolando Zubirán, ex secretario de Desarrollo Económico y Víctor Ramón Ramírez Trujillo, ex director del Sistema de Caminos de Nuevo León.
Los funcionarios estatales también dieron a conocer a su vez que hoy se solicitó a un juez de control la imputación a otros ex funcionarios por simular una obra en el municipio de San Nicolás, que supera los 9 millones de pesos.
Las autoridades informaron también de preparativos de acción penal en contra de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, por la contratación de un despacho de abogados que le costó al erario más de 7 millones de pesos.
