Impunidad en el Tribunal

El 16 de mayo de 2016, el entonces presidente del Congreso del Estado, el diputado Olimpo Hernández Bojórquez (de Partido Encuentro Social), recibió de parte del Consejo de la Judicatura Federal un oficio donde le notificaron la inhabilitación por 10 años del magistrado Carlos Cataño, tras ser señalado -junto a otros cinco colegiados federales- de incurrir en “notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones”, cuando siendo secretario de un Juzgado federal, otorgó amparos para la importación de autos. En el oficio se instruía que también fuese notificado el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid. Pero Olimpo no hizo ni lo uno, ni lo otro. Protegiendo al compadre del licenciado Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, mandó el oficio de la Judicatura Federal al jurídico para congelarlo un rato. Y en el Tribunal Superior de Justicia hicieron lo propio. Total, esconder el documento para que Cataño siga en la nómina del Poder Judicial y al lado de su amigo. Pero el hecho ya llamó la atención del Poder Judicial de la Federación, de la sociedad bajacaliforniana, y especialmente del sector del derecho. Ponderando la autonomía de los Estados, donde la Judicatura Federal no puede ordenar la remoción del magistrado Cataño, los del Poder Judicial de Baja California hacen oídos sordos y tienen entre los suyos a un inhabilitado. Y en el Congreso del Estado, la presidenta, Mónica Bedolla, no se ha aventado el tiro de hacer válida la notificación federal, y solicitar, siendo el Congreso quien designó a Cataño, la separación del cargo. Tampoco el gobernador ha metido mano o acción en el asunto. Mientras el magistrado, inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, pregona haber interpuesto un recurso, lo cual dicho sea de paso, no es aplicable al procedimiento administrativo del Consejo de la Judicatura Federal, que consideró su determinación, “… en este acto se declara que dicha sentencia ha causado estado para todos los efectos legales conducentes”. Así, haciéndose los tres poderes locales de la vista gorda, permiten que Carlos Cataño, inhabilitado, continúe en el cargo. Otro nivel de impunidad este de los compadres y los diputados permisivos.