Llamas enormes, a media calle un camión y vehículos incendiados, humo y fuego por todos lados, balazos de un lado, balazos de otro, la gente corre, intenta protegerse, personas golpeadas salvajemente, los grupos intentan rescatar a sus víctimas, y al final varios muertos.
Lo brevemente descrito no es la escena de un lejano país en guerra, ocurrió apenas hace cinco días, el domingo 19 de junio en la zona mixteca de Asunción de Nochixtlán en Oaxaca, cuando decenas de maestros y ciudadanos se enfrentaron a otras decenas de policías federales y elementos de la Gendarmería Nacional.
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Nada más absurdo que mientras ambas partes aseguran que luchan por defender la educación, en los dos lados evidencien el poco desarrollo y perfeccionamiento de sus capacidades intelectuales y morales, una total discapacidad para obrar de acuerdo a las leyes de convivencia, justo lo que se supone, aprendes al educarte.
Esto no debería suceder en un país que presume estar en paz, los mexicanos no pueden admitir esos niveles de intolerancia y violencia en pleno Siglo XXI. La ciudadanía está obligada a reclamar a sus autoridades el fin de la impunidad y el obligado establecimiento del Estado de Derecho, si no gobiernan, ¿por qué carajos se les paga? Porque resulta evidente que ni municipios, ni Estados ni Federación, están cumpliendo con su deber de garantizar ni la seguridad, ni el desarrollo de sus pobladores.
Convertidos en rehenes del desgobierno y la barbarie, ciudadanos comunes victimizados aseguran no estar en contra ni a favor de nadie, sólo piden, suplican un poco de paz, en medio de la incompetencia violenta de las instituciones y la violencia gremial.
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Los empresarios oaxaqueños encabezados por la COPARMEX sí tomaron bando; expresaron su apoyo absoluto a la administración de Enrique Peña Nieto y la del gobernador Gabino Cué, al tiempo que pidieron a la CNTE deslindarse de actos vandálicos y replegarse para que se reestablezca el orden social. De hecho los comerciantes piden que Oaxaca sea decretada zona de desastre económico por las consecuencias nefastas que se han generado en el Estado por este mismo conflicto desde 2013.
Por un lado, civiles bloqueando vías de comunicación, saqueando comercios, disparando armas de alto calibre, golpeando y pateando a policías desarmados, sin que los verdaderos perpetradores sean aislados, identificados, detenidos y sancionados.
Y del otro, policías sofocando manifestaciones con balas, al más puro estilo del viejo PRI, para después tratar de ocultarlo con mentiras, negándolo en versiones públicas y con campañas para descreditar a los fotoperiodistas que expusieron imágenes de los hechos.
¿En cuál protocolo para contener grandes concentraciones de gente en protestas sociales dice que se use la fuerza pública, en lugar de ser la mínima necesaria, puede ser letal? ¿Qué no dijo el licenciado Peña Nieto que los derechos humanos eran prioridad? ¿Cómo es posible que haya tantas víctimas colaterales en algo que ni siquiera es nuevo o privativo de Oaxaca? Porque este nivel de enfrentamientos se viene gestando desde mayo de 2013 con manifestaciones y diversos plantones en la Ciudad de México, que dejaron a muchas personas sin empleo y quebraron múltiples negocios, ante la indolencia gubernamental.
En Michoacán, Chiapas y Guerrero, el cierre de escuelas, maestros que sí aceptaron la evaluación agredidos, niños sin clases, destrucción de inmuebles de gobierno, de equipo, en jornadas electivas papelería electoral quemada, secuestran y amarran funcionarios. Recientemente en Chiapas raparon y humillaron a seis directores – que pese a años de estar de acuerdo con la Reforma Educativa- iban a cumplir su trabajo.
Éste es un monstruo que la administración peñista dejó crecer, y el cual no va a controlar con la soberbia, el protagonismo, ni la ausencia de oficio político de Aurelio Nuño, secretario de Educación; y no se trata de ceder respecto a la calidad educativa y los exámenes al magisterio, tampoco de pedir la cabeza del secretario porque de poco serviría. Definitivamente los gobiernos de la República, estatales y municipales, están obligados a actuar ya, pero dentro del marco de la Ley, no a punta de balazos.
Por este conflicto ya hay millones de pesos y empleos perdidos, decenas de funcionarios atacados, ciudadanos que viven en la inseguridad y gente asesinada; hay demasiadas víctimas colaterales y la violencia escaló a sus más altos niveles. Ya no se pueden tolerar ni la incompetencia gubernamental, ni los actos de intimidación gremial.
