El gobierno del alcalde de Los Cabos,
Arturo de la Rosa Escalante, tiene
trabajando en condiciones inhumanas
a un grupo de 50 agentes municipales
por evidente venganza política.
“Nos tienen como animales”, explotan
los elementos, quienes preparan
denuncia ante la CNDH
San José del Cabo, Baja California Sur.- “El alcalde Arturo de la Rosa Escalante ordenó mano dura en contra dos policías que fueron grabados por un ciudadano cometiendo abuso de autoridad, cuando detuvieron a un abogado en la playa El Médano de Cabo San Lucas, bajo el argumento de que estaban violando el reglamento interno de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, y yo quiero hacerle una pregunta públicamente: ¿Y a ustedes quién los castiga?”, cuestionó el policía Rogelio Cota Estrada, portavoz de un grupo de 50 agentes inconformes que, desde el 29 de septiembre de 2015, vienen sufriendo presuntos abusos laborales, castigos y una terrible persecución política por parte del edil y de la que llamaron “su camarilla”.
Cansado de la situación y a nombre de sus compañeros, el agente Cota denunció tres presuntas anomalías que se vienen registrando al interior de la corporación:
- La explotación laboral, porque dijo que son sometidos a intensas jornadas de trabajo de hasta 24 horas de servicio por 24 horas de descanso, violando el reglamento interno de la corporación, la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución Política de México.
- Los castigos a policías por revanchismo político, los cuales son enviados a trabajar desde San José del Cabo hasta las delegaciones de Cabo San Lucas, Santiago, Miraflores, La Rivera y Buenas Vista, quienes deben pagar de su propio bolsillo los gastos de transporte y alimentación.
- La recontratación de mandos que salieron de la administración pasada por haber reprobado el Examen de Control y Confianza, y que regresaron a sus cargos; algunos hasta fueron nombrados como mandos.
Durante una entrevista con ZETA, el representante de los policías inconformes señaló: “El principal problema es el cambio de horario, porque nos están obligando a trabajar 24 horas a policías de la zona urbana y zona rural, cuando el reglamento interior es bastante claro y establece tres tipos de horario”, es decir, de ocho horas de servicio por 24 de descanso, 12 horas de trabajo por 24 de descanso y 24 horas de servicio por 48 de descanso.
Lo anterior violenta el Artículo 123 de la Constitución Política de México, el cual transcribe: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, por lo que la duración de la jornada laboral máxima será de ocho horas en el día, y en la noche, máximo de siete horas.
En tanto, la fracción XXVII del mismo artículo, en su inciso “a”, indica que no podrán ser obligados los trabajadores, aunque haya quedado establecido en un contrato, en caso de que sean sometidos a “una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dado el índole de trabajo”.
El agente de seguridad relató que “las inhumanas jornadas laborales de 24 horas de servicio”, fuera de su ciudad de origen, no permiten siquiera que puedan comer decentemente, o que sus familias puedan llevarles alimentos por la lejanía, “porque con el bajo sueldo que ganamos, a veces sólo nos alcanza para comer tortillas con sal, y en la mayoría de las ocasiones, ni eso podemos.
“Estamos de servicio 24 horas, y no nos dan viáticos o alimentos, nos tienen como si fuéramos animales, encerrados en las comandancias. Por si el alcalde no lo sabe, también somos humanos y tenemos necesidades de alimentación, tres veces al día, además de que ese horario de 24 horas de servicio por 24 horas de trabajo, se lo sacaron de la manga y es completamente anticonstitucional, porque apenas terminamos nuestro turno, cuando ya tenemos que irnos a trabajar, por lo que no descansamos y no estamos en las mejores condiciones físicas para desempeñar nuestro trabajo”, refirió.
En su caso, “yo vivo en San José del Cabo, y tengo que viajar cada dos días alrededor de 90 kilómetros de distancia de mi casa a mi lugar de trabajo en La Rivera, es decir, un día sí y un día no, a veces de raite y otras en camión, gastando cuando me toca camión, alrededor de 250 pesos de ida y vuelta, y sinceramente a veces no puedo comprar ni siquiera comida, porque gano alrededor de 5 mil pesos quincenales y tengo que pagar mi casa, alimentación y vestido y calzado de mis hijos, independientemente de los servicios de mi vivienda.
“Yo la verdad ando tronando igual que muchos de mis compañeros, porque ¿de dónde sacamos para costearnos nuestros propios viajes de San José del Cabo a las delegaciones? Y encima de ello, pagar una alimentación que se supone debe ser proporcionada por el propio gobierno, cuando uno trabaja más de ocho horas laborales”, expuso, para complementar:
“Y luego quieren policías honestos, que no sean corruptos o pidan mordidas, pero con toda esta situación, ¿a qué nos orilla el gobierno municipal del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa? ¿Qué hacemos?”.
Para el policía, “desafortunadamente, y por el bajo salario, no podemos seguir sufragando los gastos de transporte y alimentación”, de ahí que se haya gestado un movimiento que viene cobrando fuerza y planean iniciar una huelga para plantarse en la presidencia municipal de Los Cabos; incluso adelantó que ya preparan una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución Política de México.
Asimismo, el agente policiaco se considera víctima de una terrible persecución política:
“Estábamos en San José del Cabo, y en cuanto llegó la nueva administración, comenzaron a seleccionar gente ajena a sus intereses y mandarnos a las delegaciones, como una manera de castigo, y casualmente a todos nosotros nos cambiaron el horario y nos están obligando a trabajar 24 horas de servicio, el cual está completamente fuera de la Ley”.
— ¿Cuál cree que sea la causa de esta persecución?
“Lo que vemos es que quieren hacernos la vida imposible sobre todo los mandos actuales que corrieron en la administración pasada, porque según ellos, nosotros tuvimos la culpa que los haya dado de baja en el anterior gobierno, pero nosotros no tenemos nada que ver. Que culpen a los que los dieron de baja, pero nosotros, ¿qué? Y sinceramente vemos que nos quieren hacer renunciar, cambiándonos los horarios y castigándonos, enviándonos a trabajar en las delegaciones”, relató a ZETA.
MÁS IRREGULARIDADES
Según el entrevistado, a diferencia de ellos, “los policías que han grabado en la calle haciendo desorden y abusando de la autoridad, como el caso de los agentes de la playa El Médano, son los mismos que habían corrido en la administración por reprobar el Examen de Control y de Confianza, y ahora hasta les dieron el grado de comandante”.
Tal es el caso de José Antonio Arreola Higuera, quien cuando fue dado de baja tenía el rango de policía raso, y en el gobierno del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, fue recontratado y apareció con el grado de comandante.
Lo mismo sucedió con el comandante Raúl Barrios, quien después de haber sido dado de baja, reapareció como supervisor operativo de la corporación municipal cabeña.
Pero la explotación laboral y los castigos a los han sido sometidos, son lo menos cuando el policía describe la actual situación de las comandancias:
* Los centros laborales están en muy malas condiciones físicas, al lucir despintados y sin ventanas.
* Los espacios no han sido fumigados desde el arranque de la nueva administración.
* Las celdas no tienen candados.
A veces en la comandancia no hay más que un solo policía porque unos están en cursos, otros descansan y otros tienen vacaciones, y a veces tienen que cuidar y luego patrullar completamente solos.
En palabras del policía afectado, se supone que son tres policías por turno, pero en el caso de las delegaciones municipales, eso no sucede.
“Ni siquiera voltean hacia la zona rural, sólo para mandarnos castigados como si fuéramos animales”, dijo, y que el motivo de la denuncia pública es porque el gobierno municipal no dejó otra alternativa: “Tiene comprados a todos los medios de comunicación porque nos cansamos de buscar ser escuchados y nadie nos abrió la puerta, porque están coludidos con el gobierno, de tal manera que por eso recurrimos a ZETA”.
LA VERSIÓN OFICIAL
Sobre estas acusaciones, el director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, José Jorge Ontiveros Molina, minimizó las imputaciones y expuso que “eso debe ser de alguien que tiene una inconformidad personal”, porque la mayoría de los policías están contentos, “porque estamos escuchando a todos al 100 por ciento”.
El capitán de fragata de la Armada de México tomó protesta el 6 de abril como nuevo jefe de la Policía cabeña, y exhortó a que “los policías que están denunciando eso, no deben tener ninguna duda de que pueden acercarse conmigo y estamos abiertos a resolver su problema, esa es la instrucción que tenemos y la carga de trabajo es para todos, no para unos cuantos. Nada de explotación y persecución en contra de nadie, no es mi estilo y no es mi clase, porque yo tengo claro que con ese tipo de acciones, solamente voy a perder personal y el esfuerzo que se hace quedará en nada”.
A pesar de la evidencia en la lista de asistencia, el jefe policiaco aseguró que actualmente el turno es de 12 horas de servicio por 24 horas de descanso.
“Lo que sí te puedo decir es que traemos mucho trabajo, porque estamos con lo de los cursos de capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, necesario y obligatorio, y un buen número de elementos entraron a capacitación y aparte tienen que venir a servicio”, justificó.
“El nuevo modelo de justicia está por entrar en vigor y tenemos que cumplir de que los policías sepan todo lo relacionado al primer respondiente, de lo contrario, las consecuencias nos van a pegar a todos nosotros, y esa es la carga de trabajo que tenemos actualmente”, reiteró.
De igual forma, la principal preocupación en este momento es que “todos estén capacitados” y puedan coadyuvar con el Ministerio Publico y los jueces en el nuevo sistema de justicia.
Si bien Ontiveros Molina rechazó que desde que tomó protesta en el cargo “realmente no ha habido altas, no podemos dar de alta a nadie, es un mal concepto eso de que haya sido de baja y luego se vuelva a reincorporar, no existe, porque tiene que volver ir a la academia y actualizarse”.
No obstante, aceptó que el comandante Raúl Barrios es supervisor, porque “él fue reinstalado en su trabajo por un mal procedimiento en el proceso de Control y de Confianza en la pasada administración”. Su caso fue expuesto por ZETA en un reportaje publicado en mayo de 2014, bajo el título “Centro de Control y Confianza sin validez”, donde debidamente se informó que el Juez Primero de Distrito de Baja California Sur, Javier Loyola Zosa, ordenó la restitución de seis de 15 agentes cabeños que habían sido dados de bajo por presuntamente reprobar el Examen de Control y Confianza.
Los policías reinstalados fueron: Martín Barajas Valencia, Juan Carlos Quiroz Gómez, Verónico García Miranda, Vicente de Jesús Morales, Mario Yuri Batidas Sandoval y Raúl Barrios Reyes.
Los integrantes de la Comisión de Carrera Policial no expusieron las causas por las que habían reprobado el examen y tampoco les dieron oportunidad de defenderse.