El gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha respondido de forma inmediata y expedita al Gobierno de los Estados Unidos en sus requerimientos de extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Con esa misma diligencia, así debió de haber respondido en su oportunidad tanto la cancillería mexicana como el Ejecutivo federal, ante las amenazas e injurias proferidas por el candidato republicano Donald Trump, hacia el Gobierno de México y los mexicanos. En su lugar, solo hubo respuestas tibias, muy tibias, y tardías. Como no queriendo incomodar con nuestras inconformidades al todopoderoso vecino país del norte.
Ahora bien. Tengo dos hipótesis. La primera es que el único propósito de los Estados Unidos para pedir la extradición de “El Chapo” no es para aumentar los gastos de manutención en la nómina del Gobierno Federal. Máxime cuando se trata de un reo mexicano ajeno a su país, y al cual van a tener que mantener gratis y de por vida. El único interés que motiva al Gobierno de los Estados Unidos es la adjudicación y administración de todos los bienes incautados a “El Chapo”. Por eso el Gobierno mexicano solo lo entregaría con la condición de que en su caso, no se le aplique la pena de muerte.
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Tan cierto es esto que la mayoría de los reos mexicanos, presos en cárceles estadounidenses, están en lista de espera para ser ejecutados. De esta forma ya no resultan onerosos en la nómina federal del Gobierno americano, pues no son redituables.
La segunda hipótesis es: entregarlo al mejor postor, que son los Estados Unidos, como moneda de cambio, en transacciones hechas por los dos países tras bambalinas, pues desgraciadamente “nadie da nada a cambio de nada”.
¿Qué acaso en México la Constitución no tiene validez y poder para ejercer acción penal a sus ciudadanos?
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“El Chapo” Guzmán debe saldar su deuda con la sociedad. Apegado y amparado conforme a derecho, como debe ser, y aquí en México, como mexicano que es.
Así las cosas, y si el Gobierno mexicano acepta esta ignominia de la extradición, está violando el derecho constitucional que tiene como finalidad proteger el estado de derecho y la soberanía del país. Así como de establecer los medios para la protección de las garantías y los derechos fundamentales de sus ciudadanos; todo esto contemplado en la Constitución o Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos. Si por el contrario se violan o contradicen los derechos y garantías fundamentales de las personas, debe garantizarse a los ciudadanos la no vulneración de sus derechos esenciales.
Por consiguiente, la Constitución y el derecho constitucional tienen como último fin: “Proteger el estado de derecho de los ciudadanos de un país”.
Alguien dijo alguna vez algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo:
“La vergonzosa incondicionalidad y sumisión de México hacia los Estados Unidos, solo es servilismo. He allí la principal causa de su crisis política”. A lo que yo añadiría: también inconformidad social.
Debemos tener presente que: “La vergüenza de un país no solo dura seis años. Dura toda la vida”.
Atentamente.
Armida Saralegui
