A pesar de que miembros de organizaciones civiles, investigadores y empresarios se pronunciaron en contra de algunos artículos de las leyes secundarias anticorrupción, en particular en contra de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) hicieron valer su mayoría en la Cámara baja.
Los legisladores votaron en contra de modificar los artículos de las leyes secundarias referentes a la llamada Ley 3de3, y a la declaración patrimonial y de intereses de personas físicas y morales que reciban dinero o hagan negocios con el Gobierno.
Los diputados aprobaron en lo general, con 456 votos, tres de las siete leyes del paquete que envió el Senado de la República en materia anticorrupción: La ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, y la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron reservas al artículo 29, conocida como Ley 3 de 3, al artículo 32, relativo a la declaraciones patrimoniales y de intereses de personas físicas y morales. Sin embargo fueron rechazadas con 228 votos en contra y 209 frente a los 209 a favor.
Horas antes, miembros de organizaciones civiles, investigadores y empresarios, a través de una misiva, se pronunciaron en contra de las leyes secundarias anticorrupción, en particular de los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en conflicto.
Los activistas e investigadores reconocieron que existen avances en el paquete de leyes aprobado por la Cámara Alta, sin embargo se manifestaron en contra de las normas mencionadas:
“La eliminación de los contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses que los servidores públicos habrían de presentar ante las autoridades competentes para poder establecer mecanismos de seguimiento de la evolución patrimonial y evitar conflictos de interés. Consideramos que contar con un asidero jurídico brindaría certeza, generaría obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello que les pedimos, como revisores de este marco jurídico, cambien los términos del artículo 29 de la ley en mención”, señalaron en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, órgano legislativo que analizará lo aprobado por los senadores.
Respecto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades acusaron que “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”, se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que tengan tratos con el gobierno.
