Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debilitaron anoche la iniciativa ciudadana original de la Ley 3de3, acompañada de 634 mil firmas, para obligar a funcionarios a presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
Con ello, aunque un Comité de Participación definirá los formatos para este ejercicio de transparencia, el Comité Coordinador del Sistema será quien decida. Dicho consejo estará integrado, entre otros funcionarios, por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y tres más.
Con la ausencia y abstención de nueve Senadores, los legisladores rechazaron que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas retomara los formatos usados en el 3de3 y obligara a los servidores públicos a hacer públicas sus cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, vehículos, posibles conflictos de interés y obligaciones ante el fisco.
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscaron que la legislación reflejara la exigencia de la sociedad civil, de establecer un total de 12 obligaciones a los funcionarios para que rindieran cuentas sobre sus bienes y la evolución de sus fortunas.
En la redacción del Artículo 29 habían incluido 17 campos de información para declarar posibles conflictos de interés, en los que tenían que incorporar los datos de su cónyuge y dependientes económicos.
También proponían la obligación de publicar la declaración fiscal, señalando el rango en el que se encuentra su ingreso por el servicio público y otras actividades, tarifa aplicable de ISR, deducciones autorizadas y personales.
Sin embargo, la redacción propuesta por el PRI-PVEM para ese mismo artículo establece que no podrán hacerse públicas las declaraciones de los bienes e intereses de los burócratas, legisladores y candidatos si eso afecta su “vida privada”.
Además, en el caso de la de impuestos, sólo se obligara a los servidores públicos a acreditar que cumplieron con el trámite ante el fisco.
