Los hechos demuestran que el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete no sienten aprecio por Baja California, ni por la gente de empuje que trabaja, produce, y ni por asomo está contemplando que nos otorgue tan solicitado modelo de Zona Económica Especial.
Estatus que otros gobiernos federales del pasado nos han facilitado, y no de gratis, debido principalmente a los problemas de competencia inequitativa con el mercado de Estados Unidos.
De hecho es en parte esta colindancia lo que ha permitido a Baja California convertirse en uno de los principales recaudadores de los impuestos que se envían al gobierno central, sin embargo, por ser productivos resulta que al momento de repartir el presupuesto, en las partidas federales nos regresan recursos en proporción menor a lo que enviamos.
Este es un reclamo hecho por todos los gobernadores panistas que había tenido Baja California, desde Ernesto Ruffo (1989), con más fuerza en el sexenio de Eugenio Elorduy (2001-2007). Hasta que llegó Francisco Vega y le bajó a la exigencia, lo que generó la reactivación de los empresarios del Estado, que también se toparon con pared.
Si había dudas, ahí están las declaraciones del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en su reciente visita a Mexicali -29 de abril-, donde dejó claro Baja California no será Zona Económica Estratégica.
Evidente e inexplicablemente, los funcionarios del centro del país no han encontrado elementos que les hagan presumir que la ubicación a un lado del Estado más rico de la Unión Americana, ni los niveles de intercambio comercial, son importantes o trascendentales, y menos que puedan contribuir al empuje económico del país. Porque al final cada quien ve lo que quiere ver.
Así que no se emocionen, los sentimientos del Presidente mexiquense y su gabinete por Baja California no han cambiado en estos tres años.
De acuerdo al pensamiento estrecho del gabinete federal, sólo las zonas con mayor índice de pobreza necesitan ser apoyadas, así que deberemos esperar a que la Reforma Fiscal termine por aniquilar la vapuleada economía estatal para que volteen a vernos.
Por supuesto no se trata de negarle el apoyo a las zonas marginadas, pero la pregunta es ¿por qué obstaculizar el crecimiento de los Estados que se esfuerzan y han salido adelante, a pesar del nulo respaldo presidencial?
Todo indica que la idea del gobierno peñanietista cuando se habla de reducir la brecha entre Estados pobres y menos pobres, consiste más que en mejorar el nivel de vida de una entidad federativa, en frenar e incluso entorpecer el desarrollo de las zonas más productivas.
Porque además de la pobreza extrema y la cercanía del puerto de Lázaro Cárdenas, los mexicanos desconocemos cuáles fueron los factores que el Presidente Peña tomó en cuenta para decidir que Tapachula, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; además de Lázaro Cárdenas, Michoacán, serían los futuros polos de desarrollo, pese a que las tan variadas políticas fallidas de la actual administración, acaso han demostrado que el desarrollo económico no llega a las ciudades por decreto presidencial.
En el caso específico de las poblaciones antes mencionadas, lograr el desarrollo implicará que las condiciones preferentes deben ir mucho más allá de exentar el IVA, y el rezago en infraestructura, educación y demás etcéteras.
Sabemos que la voluntad oficial es desarrollar el sur, pero sacrificando al norte.
Al final, a los bajacalifornianos nos toca seguir esperando, ya sea a que termine este eterno sexenio plagado de equívocos, o que los índices inflacionarios y de precios al consumidor terminen por convertirnos en un Estado pobre, que sólo así podrá tener cabida en una estrategia del Gobierno de la República, cuando lo que menos nos interesa en la frontera norte de México es un rescate.
