Desde la cárcel, el doctor José Manuel Mireles habla de su búsqueda de justicia frente al gobierno y crimen organizado. Más que su libertad, el jefe fundador de las autodefensas quiere demostrar que “no es un delincuente, no es culpable y salir con la frente en alto”, explica el diputado de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada
Diez minutos a la semana son los que tiene José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, para hablar por teléfono desde la prisión federal de Hermosillo, Sonora.
Lleva 679 días preso en una celda aislada. El único contacto que mantiene es con personal penitenciario, enfermeras y médicos que lo atienden. Cada 30 días, recibe sólo tres visitas previamente autorizadas.
Con todo y esas limitaciones, el doctor Mireles concedió una entrevista a ZETA a través de un enlace telefónico. Días antes, había sufrido un micro infarto, pues padece diabetes e hipertensión, pero dice gracias a que “los médicos y las enfermeras en esta prisión no atienden enfermos, atienden milagros con los internos”, salvó la vida.
La voz del ex jefe de los grupos de autodefensa es firme, se le escucha fluida. Habla de cómo fue su detención, de querer salir libre y de sus dos armas fundamentales: la Constitución y la búsqueda de la justicia.
También su defensa jurídica se ha hecho de armas. Sus abogados han promovido tres incidentes en los últimos meses para obtener la libertad de Mireles.
Ninguno, hasta el momento, ha sido aceptado por Jorge Armando Wong Aceituno, titular del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, donde se encuentra la causa penal 137/2014 por la que el jefe fundador de las autodefensas fue detenido el 27 de junio de 2014.
Sin embargo, ha habido avances. Cuando se le encarceló a Mireles en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 11 en Sonora, a más de mil kilómetros de Michoacán, se le culpó de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército sin permiso. De éstos, sólo el tercero persiste.
AUTODEFENSAS NO VIOLARON LA LEY; GOBIERNO FEDERAL SÍ: ABOGADO
A inicios de 2013, grupos civiles se levantaron en armas en Michoacán, sobre todo en Tierra Caliente, para expulsar a Los Caballeros Templarios de las comunidades y poblados donde el cártel asesinaba, secuestraba y extorsionaba.
En ese contexto surgió la figura de José Manuel Mireles Valverde. El médico de profesión se convirtió en uno de los fundadores de estos grupos y en portavoz de cientos de hombres armados.
Mientras Enrique Peña Nieto, recién llegado a la Presidencia de México, promovía un país seguro, alejado de la guerra contra las drogas y en paz, las autodefensas y quienes las apoyaban, denunciaban cómo el narco había superado al Estado de Derecho.
Tras un año, la Comisión Especial para la Seguridad de Michoacán, a cargo de Alfredo Castillo y creada el 15 de enero de 2014 por la Secretaría de Gobernación, buscó a los líderes de las autodefensas para que cedieran sus armas y desistieran de sus actividades de vigilancia y captura de delincuentes.
Nueve días después, el 26 de enero, Castillo y Fausto Vallejo, entonces gobernador de la entidad, firmaron un acuerdo para obligar a las autodefensas a registrar sus casi 7 mil armas e incorporarse a la Fuerza Rural.
Este documento es uno de los tres excluyentes de delito con los que la defensa busca el sobreseimiento de la causa, es decir, la suspensión del procedimiento penal de Mireles y de los 380 autodefensas que permanecen detenidos, indica su abogado Ignacio Mendoza.
“El delito es portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército sin permiso, pero el permiso existe, por lo tanto, ya no hay elemento que perseguir”, sostiene.
El segundo excluyente, es que los detenidos actuaron bajo el principio de protección. “Ellos se armaron porque tenían que preservar su vida y la de sus familias”, apunta.
Mientras que el tercero es el desvanecimiento de datos: “Presentamos ese acuerdo y le decimos al juez que ése es el permiso, al haber permiso, ya no hay acusación y tiene que dejarlos ir.
“El 13 de julio tienen que comparecer Alfredo Castillo y Fausto Vallejo para que nos indiquen si salieron de su puño y letra las firmas que están en ese documento”, continúa.
El litigante fue subprocurador de Justicia en Morelos y uno de los más de 30 funcionarios estatales detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en 2009, durante el “Michoacanazo”, después liberados a través de una estrategia legal que él mismo diseñó.
Al centro, Daniel Moncada, Hipólito Mora y Virginia Mireles, en una protesta ante la PGR en 2015
Si bien, el incidente de sobreseimiento se promovió desde 2015 y el juez Wong Aceituno lo negó, ahora se trata de una apelación, la cual esperan se resuelva en un mes.
“Siempre que la política se judicializa, termina mal. De inicio, advertimos que este asunto es político y no jurídico”, argumenta.
Según Mendoza, la creación de la Comisión Especial para la Seguridad en Michoacán careció de fundamentos legales, “el Estado no puede institucionalizar a las autodefensas ni registrar las armas sin usar el instrumento y protocolo que marca el Artículo 29 constitucional”.
Dicho artículo establece que en casos de grave peligro o conflicto para la sociedad, se podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías. “Si lo hubieran hecho de manera correcta, el Congreso lo aprueba, dicta las leyes necesarias y la Corte lo supervisa, entonces sí hubieran podido registrar las armas, perdonar homicidios, desaparecidos y levantones”, detalla.
Para el abogado, la única responsabilidad que parte del pacto signado es para las autoridades. De hecho, en diciembre de 2015, Castillo negó al juez la existencia de ese acuerdo.
“¿Quién puso en riesgo la seguridad pública, Mireles y las autodefensas o el Estado que legalizó y regularizó casi 7 mil armas y no sabe dónde están?”, cuestiona Mendoza.
De avanzar la ruta trazada por la defensa jurídica, entonces al Gobierno Federal se le podría fincar responsabilidad penal porque “fue quien rompió el Estado de Derecho, por eso no quieren aceptar que violentaron la norma y cometieron delitos de lesa humanidad”.
Mientras tanto, los abogados trabajan desahogando pruebas dentro del proceso penal. Si bien, también han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de salud de Mireles, Mendoza sentencia: “No estamos peleando que le pongan más inyecciones, estamos peleando que lo dejen salir. Tiene derecho a estar fuera”.
LA VENGANZA DE ALFREDO CASTILLO
Para Daniel Moncada, diputado de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Mireles es un preso político.
“El objetivo de su detención es que su salud, personalidad y liderazgo disminuyan para que una vez que recobre su libertad, al final del día, no tenga la misma fuerza ni capacidad que tenía”, asevera a ZETA.
En la campaña electoral de 2015, cuando Moncada era dirigente de Movimiento Ciudadano, Hipólito Mora, también fundador de las autodefensas y Virginia Mireles, hermana del doctor Mireles, fueron candidatos a diputados.
Desde entonces, el joven diputado ha encabezado conferencias de prensa, exigido públicamente la liberación del ex jefe de las autodefensas y participado en su defensa legal.
Frente a la negativa del Gobierno Federal y del gobierno de Michoacán, a la petición de traslado desde Sonora al penal “Lic. David Franco Rodríguez” en Zurumbeneo, Michoacán, Moncada insiste en la intromisión de Alfredo Castillo.
“El Gobierno del Estado de Michoacán sigue una dinámica esquizofrénica. Primero dice que sí y luego que no o sí. Hay un grupo de funcionarios de alto nivel, del grupo de Alfredo Castillo, en el gobierno local, que están impidiendo que el doctor sea trasladado y recobre su libertad. En este tema, veo la mano de Alfredo Castillo”, afirma.
En documentos alojados en la causa penal 137/2014-II-M, en poder de este Semanario, se lee que el Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO Número 11 en Sonora asegura que Mireles cuenta con “un índice de estado de peligro alto”, por lo que no se le puede trasladar a un penal que no sea de máxima seguridad.
La respuesta resulta insuficiente para el diputado de Movimiento Ciudadano, ya que no hay documentos que avalen el perfil criminológico que ahí se afirma. No obstante a las objeciones de los gobiernos Federal y estatal, será el juez quien determine si el doctor Mireles tiene derecho a ser enviado a una prisión más cercana al Juzgado donde radica su expediente.
El movimiento de las autodefensas nos ayudó a que voltearan a ver qué pasaba en Michoacán: Virginia Mireles
“Es brutal lo que se le ha hecho. Su salud se está deteriorando cada día más en ese campo de concentración, sin los cuidados adecuados en casi dos años de encierro injusto y sin ser condenado”, destaca.
Y es que Moncada expresa que más que la libertad de Mireles, es su inocencia lo que se pelea en tribunales.
“Si nosotros como defensa pedimos al juez que cierre la instrucción, presente sus conclusiones y lo condene, el doctor Mireles saldría libre y pagaríamos una multa, pero saldría como culpable. Cuando le planteamos eso al doctor, dijo que no, porque él no es un delincuente, no es culpable y quiere salir con la frente en alto”, declara.
Por ello, “hemos pedido que se reconozca su inocencia y, en todo caso, la Procuraduría General de la República tiene facultades para desistirse de manera lisa, llana y total del delito que lo acusa, y con eso, inmediatamente, el juez ordenaría su libertad”.
De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012, en 14 mil 754 casos de delitos con armas se dictó auto de término constitucional por sobreseimiento. De éstos, 798 corresponden a Michoacán.
NO TENEMOS POR QUÉ ESTAR PRESOS
Virginia Mireles ha velado, desde Michoacán y como puede, por el bienestar del fundador de las autodefensas en prisión. Para ella, el encarcelamiento de su hermano ha sido muy doloroso, una lucha constante.
La también médico explica a ZETA cómo desde Tierra Caliente hay quienes le escriben cartas y envían libros o revistas a su hermano. “Hay mucha gente que está siguiendo la lucha de su libertad y la de los 380 autodefensas que también están detenidos”, dice.
En los más de dos años que el doctor Mireles encabezó la lucha de las autodefensas, sólo hay un aspecto que ha confiado a su familia que cambiaría:
“Aceptar a ‘los perdonados’, personas del crimen organizado que se infiltraron y desacomodaron el movimiento. Ha mencionado que de eso se arrepiente, pero para todos los michoacanos, el movimiento de las autodefensas nos ayudó porque voltearon a ver a Michoacán, qué es lo que estaba pasando acá”, narra.
Mientras en aquel Estado, unos cuantos ex autodefensas continúan en la Fuerza Rural -muchos se retiraron a seguir trabajando en lo que antes hacían, detalla la doctora Mireles-, faltan pocos minutos para las once del día en Hermosillo, Sonora.
En el CEFERESO Número 11, ubicado en esa ciudad, casi 4 mil internos pasan sus días. Entre ellos José Manuel Mireles, a sus 57 años de edad. En ese centro, la CNDH ha documentado graves casos de sobrepoblación y hacinamiento, trato indigno y deficiencias en servicios de salud.
Desde ahí, el ex jefe de las autodefensas conversa con ZETA:
— A casi dos años de su detención, ¿qué le diría al Gobierno Federal respecto a su encarcelamiento?
“Lo que le dije al juez en mi declaración preparatoria: yo tenía dos años buscando la justicia y había hecho mi trabajo, ya le correspondía a él. Incluso, los oficiales que estaban en Morelia cuando me bajaron del helicóptero, me preguntaron que por qué yo no iba temblando, por qué no tenía miedo. Les dije, ‘tengo dos años buscando justicia, y si ustedes son la justicia, no tengo por qué tenerles miedo; pero si ustedes no representan a la justicia, nada más díganme para ponerme a temblar’, y nada más les dio risa.
“Han pasado dos años, pero yo no pierdo la esperanza de que se haga justicia, que se revise mi situación y todo conforme a derecho. Mis armas fundamentales son la Constitución y la defensa de la justicia. Nosotros nada más peleábamos por la impartición de justicia, una seguridad pública eficiente, y también vivir en paz y con tranquilidad. En nuestro pueblo, la familia es más importante que nuestra propia vida”.
— Usted enfrentó al crimen organizado cuando encabezó las autodefensas, ahora lleva una lucha por demostrar su inocencia, ¿cuál de las dos le parece más difícil?
“Me di cuenta que estaban mezclados (crimen organizado y gobierno) ya muy tarde, cuando se había destapado todo, lo que nos resta es esperar que nos hagan caso y nos den la libertad conforme a derecho. Estamos pidiendo un juicio que de veras sea como dicen los papeles que los jueces firman, una justicia pronta, expedita e imparcial. Eso es lo único que queremos, que hagan realmente el papel que les corresponde para que nosotros, los que no tenemos por qué estar presos, nos dejen ir a nuestras casas, o que al tenernos presos, en lugares retirados, nos…”.
Con tres tonos, la llamada se interrumpe. Los carceleros la han cortado.
