Con conocimiento de causa, y no de “buena fe”, Jorge Astiazarán Orcí, Presidente Municipal de Tijuana, avaló el incremento de más de 900 unidades del transporte masivo y la creación de nuevas rutas.
Diez días antes de que se aprobaran las reformas al Reglamento de Transporte Municipal, el 8 de febrero de 2016, el alcalde y el entonces secretario general de Gobierno, Bernardo Padilla, recibieron los dictámenes técnicos de ampliación y modificación de concesiones de ese servicio público.
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A excepción de Francisco Javier Hernández Vera –a la fecha regidor con licencia–, quien fungía como presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, ningún otro integrante del XXI Cabildo de Tijuana fue informado de las reformas para incluir la regulación de la ruta troncal, se anexaría aumento de licencias y de rutas.
Menos compartió Astiazarán que el agregado favorecería particularmente a la empresa Auto Transportes de Pasajeros Urbanos y Sub Urbanos Calfia de Tijuana S.A. de C.V., en la que es socio mayoritario Arturo Aguirre González, actual candidato a diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito XIII de Tijuana, y que al momento de la aprobación de estos dictámenes era delegado de La Presa.
Poco menos de dos meses atrás, el 17 de diciembre de 2015, Yolanda Padilla Mares le cedió a Arturo Aguirre, el 25 por ciento de las acciones de la compañía de la que Miguel Ángel García Flores es socio mayoritario, al ostentar el 50 por ciento, porcentaje que recibió de Nicolás Moreno Padilla y Ramiro Arellano Sánchez.
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En la asamblea de Calfia efectuada en diciembre de 2015, se nombró presidente del Consejo de Administración a Arturo Aguirre. Dos meses después Calfia obtuvo el 45 por ciento del incremento del parque de transporte masivo ampliado por la administración de la que formaba parte; una semana más tarde solicitaría licencia al Cabildo para sumarse a la lista de candidatos a diputado local.
El que Aguirre González formara parte de la administración municipal, no fue razón para que el gobierno de Jorge Astiazarán lo favoreciera con rutas y mayor cantidad de licencias para la operación de transporte masivo. No observó conflicto de intereses en ello.
IRREGULARIDADES EN REFORMA
Además de la sesgada repartición de rutas y aumento del parque vehicular, los cambios al Reglamento de Transporte el gobierno de Jorge Astiazarán los gestó y aprobó haciendo a un lado el Consejo Municipal del Transporte de Tijuana, órgano al que por decreto debió consultar.
Reunion sin resultados la de Astiezaran, con transportistas
Al transferir en 1996 el servicio de transporte al municipio, el gobierno del estado, entonces a cargo de Héctor Terán Terán, decretó la conformación del Consejo Municipal del Transporte, cuya naturaleza y objeto, aún vigente, es el ser un organismo “multisectorial e interinstitucional para la consulta, estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática en las materias del tránsito y transporte”.
También debe ser tomado en cuenta “para la emisión de opiniones y recomendaciones que para su mejoramiento se estimen procedentes”.
Deben conformar el Consejo: el presidente municipal, el Ejecutivo del Estado, titular de Tránsito y Transporte Municipal, titular de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California -UABC-, así como de la Cámara Nacional de Comercio -CANACO- y de la Cámara de la Industria de Transformación -CANACINTRA-; también deben formar parte las dos alianzas del servicio público de pasajeros, taxis y carga, además de las comisiones del Cabildo que éste determine, a propuesta del alcalde.
El mandato establece que los miembros del consejo tendrán derecho de voz y voto y desempeñar sus funciones en forma honorífica.
En 1997, siendo alcalde de Tijuana José Guadalupe Osuna Millán, conformó el Consejo, comprometiéndose el municipio respetar en forma irrestricta “los permisos, rutas, recorridos y concesiones autorizados, a la fecha de la firma del anexo técnico de transferencia del Transporte al Ayuntamiento”, y a que “los permisos seguirán siendo patrimonio familiar en los términos que establece la Ley de Tránsito y Transporte del Estado”.
Estos puntos fueron rebasados por la administración de Jorge Astiazarán, con la reforma al transporte, lo que generó la inconformidad de la parte del sector.
ASTIAZARÁN REHÚSA DAR MARCHA ATRÁS A AMPLIACIONES
El miércoles 27 de abril de 2016, dos meses de aprobada la reforma cuyos anexos se integraron de última hora, y que por estar contenidos en 800 páginas los ediles omitieron leer, dando su “voto de confianza al alcalde”, Jorge Astiazarán dio la cara a los transportistas que le exigían una explicación a tales cambios.
En la ríspida reunión el presidente municipal solo aceptó volver a turnar al cabildo el que los taxis no cambien su leyenda, para no afectar el patrimonio familiar, como lo demandaban los permisionarios de ese servicio.
Pero sobre el favoritismo en el aumento de recorridos y parque vehicular a cinco empresas del masivo, sobre todo a Calfia, omitió comentario alguno.
Horas antes del encuentro había declarado, “no tengo intereses en el transporte, no tengo negocios en el transporte”. Pero, hasta el momento, no muestra disposición de modificar las ampliaciones concedidas.
Los concesionarios, tanto de taxis como de masivo, salieron decepcionados de la reunión, advirtiendo medidas de presión contra el gobierno municipal más radicales, como la toma de los cruces fronterizos de San Ysidro y Otay, así como Palacio Municipal.
El diálogo y el que no se lleven a cabo una “mega protesta” por parte de los inconformes, depende de la respuesta que éstos reciban de los regidores que actualmente analizan los puntos de la reforma rechazados por los transportistas.
El que se solucione o se agudice el conflicto, depende de la decisión que tome el Cabildo del XXI Ayuntamiento, cuya respuesta esperan los transportistas a más tardar para el próximo lunes 2 de mayo.
