La verdad de la extradición

Aunque se da por hecho su extradición a Estados Unidos por su traslado al penal federal de Ciudad Juárez, al líder del Cártel de Sinaloa aún le quedan algunas “cartas por jugar” para alargar su estancia en México. La prisión que ocupa cuenta con lo necesario para retener al interno, refieren autoridades. El lugarteniente de Guzmán, “El Cholo Iván”, sigue en Altiplano

Una serie de noticias contradictorias en torno al traslado de prisión del presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a la expresión jurídica de un juez para extraditarlo, los amparos tramitados y las declaraciones de funcionarios, abogados y periodistas, mantienen confundida a la opinión pública en relación al futuro del personaje.

Todo inició con el sorpresivo traslado del líder del Cártel de Sinaloa del penal de máxima seguridad del Altiplano, enclavado en el Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, considerado de mediana seguridad y el peor evaluado de los reclusorios federales en 2015 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Enseguida se conoció que el operativo para cambiar de centro penitenciario al capo devino de la opinión jurídica emitida por un juez federal de la Ciudad de México, en la que expresa la viabilidad para que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera sea extraditado a los Estados Unidos de América.

Algunos medios de comunicación daban por hecho que era cuestión de horas para que el sinaloense fuese entregado a las autoridades norteamericanas; otros, expresaron su temor por el riesgo que implicaba llevar al narco a un penal donde estaban recluidos algunos de sus cómplices, entre ellos Jorge Iván Gastélum “El Cholo Iván”; y, unos más, anunciaban un posible atentado contra “El Chapo”, por tener en esa franja fronteriza muchos enemigos.

Enseguida vinieron las imprecisiones con las notas de los amparos. Del primero, promovido ante un juez de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento que gracias a este recurso se había “frenado la extradición”. Del segundo, promovido en Ciudad Juárez, se afirmó que también era contra la entrega material a los Estados Unidos. Ni lo uno, ni lo otro es real.

El proceso de la extradición internacional todavía se encuentra en una de las etapas intermedias y, aun llegando a la resolución que emita la orden de procedencia, Joaquín Guzmán tendrá oportunidad de interponer nuevas acciones de defensa. Sobre el tema, uno de los abogados del “Chapo” afirmó que podrían entretener la extradición hasta por tres años más, lo cual no deja de ser una mera especulación. Los pasos de este proceso especial se irán dando uno a uno.

OPINIÓN DE EXTRADICIÓN

El viernes 6 de mayo de 2016, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dentro del procedimiento de extradición 3/2001, emitió la opinión jurídica en la que se consideró procedente la extradición internacional Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América en una Corte californiana.

La opinión jurídica a que se refiere el Artículo 27 de la Ley de Extradición Internacional, es simplemente eso, una opinión, lo cual no resuelve entregar o negar la entrega del sujeto reclamado al país que lo solicita. La última palabra es la que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, y para ello, esta dependencia contará con 20 días para dictar su fallo en cuanto a la procedencia o no de la extradición.

“El Chapo” Guzmán Loera es requerido por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en México, por estar sujeto al Cuarto Proceso Superveniente CR 95-0973-B (también referido con los números de causa 95-973-B, 95-0973-B y 95-1911M), ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.

La Procuraduría General de la República ha informado que aportarán todos los elementos a su alcance para apoyar el proceso de extradición del capo ante la SRE; por su parte, la Cancillería mexicana aseguró a principios de semana que aún no recibía el expediente y que será a partir de su notificación que empiecen a contar los 20 días que señala la Ley.

Juan Pablo Badillo, uno de los abogados de Guzmán, aseguró que ya tienen preparada una estrategia legal para aplazar la extradición de su cliente a la Unión Americana, llevando el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se mostró optimista de que al “Chapo” lo trasladarán de nuevo al penal del Altiplano en breve tiempo porque su envío a la cárcel chihuahuense no fue autorizado por un juez.

TRASLADO A CIUDAD JUÁREZ

Aunque el traslado de Joaquín Archivaldo Guzmán se conoció el sábado 7 de mayo, el interno fue excarcelado del CEFERESO Número 1 Altiplano la noche del día anterior, según consta en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/19841/2016, mediante el cual las autoridades de la Secretaría de Gobernación ordenan el egreso del interno del penal de Almoloya de Juárez para que sea ingresado en el CEFERESO Número 9 “Norte”, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mientras “El Chapo” era trasladado vía aérea a la frontera mexicana con el norteamericano Estado de Texas, el director técnico en suplencia del director general del penal del Altiplano, hacía entrega en la oficialía de partes de los Juzgados de amparo y de procesos penales federales -donde el reo tenía asuntos pendientes-, una copia del mencionado oficio para notificarles el traslado.

El recluso fue ingresado en el penal federal de Juárez antes de las dos de la madrugada, en medio de un impresionante operativo, iniciado desde un día antes, con el intercambio de custodios. Varias decenas de celadores del CEFERESO 9 fueron enviados al Altiplano y viceversa. Además, se reforzó la seguridad perimetral y las principales calles y avenidas de la frontera con policías federales y soldados del Ejército Mexicano. Helicópteros artillados sobrevuelan el cielo de la ciudad.

Uno de los primeros riesgos advertidos fue el de la presencia de secuaces del líder del Cártel de Sinaloa en el penal juarense; otro fue la supuesta debilidad institucional de la prisión de donde la noche del 14 de marzo de 2014 se fugaron cinco presos; también se contempló la reclusión de los enemigos del capo; y finalmente, un posible intento de rescate de seguidores del recluso en esa plaza.

Las autoridades justificaron el traslado por obras que están realizando en el Altiplano, aunque no aclararon sí otros reos también fueron o serán remitidos a otros centros penitenciarios. El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aclaró el miércoles 11 de mayo que previo al traslado se hizo una evaluación de riesgos que determinó que ese penal cuenta con garantías para mantener a un interno de ese nivel de peligrosidad.

Durante 2015 se realizaron diversas obras en el CEFRESO 9 para ampliar su capacidad, y se creó un área de máxima seguridad, donde ahora está albergado Guzmán; sin embargo, las mejoras realizadas ocurrieron después de efectuado el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2015, que evaluó con pésima calificación -6.3- al presidio juarense, como el peor de los penales federales.

Otro aspecto del que dieron cuenta los medios de comunicación sin conocimiento de causa fue la supuesta presencia en esa cárcel del “Cholo Iván”, lugarteniente del “Chapo”, lo que resultó infundado, pues aunque el personaje fue llevado a Ciudad Juárez en enero pasado, a las semanas siguientes se le reubicó en Altiplano, desde donde actualmente reclama -vía amparo- falta de atención médica y de medicamentos.

LOS NUEVOS AMPAROS

Tan luego se enteraron del traslado, abogados del presunto narcotraficante -que no cuenta con sentencia condenatoria por delitos contra la salud- presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (1005/2016), donde se le concedió la suspensión de plano en contra del acto reclamado de incomunicación y orden de extradición.

Sin embargo, el juez administrativo se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías debido a su eminente naturaleza penal. El asunto fue derivado al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, donde se radicó el juicio de amparo 398/2016 en contra del secretario de Gobernación y otras autoridades. Se reclamaron el cambio de reclusorio y la extradición. Sin embargo, la demanda se tuvo por “no presentada”, debido a que “El Chapo” no la ratificó.

En Ciudad Juárez, familiares de Guzmán Loera presentaron otro escrito solicitando la protección constitucional por actos de incomunicación y la orden de traslado de que fue objeto. El asunto quedó anotado en el libro de gobierno con el número 384/2016 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Está pendiente de resolución.

El último de los amparos fue promovido el miércoles 11 de mayo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito especializado en la materia en la Ciudad de México (420/2016), también contra el titular de Gobernación, a quien Joaquín Guzmán reclama actos de incomunicación y los prohibidos por el Artículo 22 Constitucional, deportación, extradición y su ejecución.

ÚLTIMOS RECURSOS LEGALES DEL CAPO

Fuente: Consejo de la Judicatura Federal e Investigaciones ZETA

Si extradición de “El Chapo” es legal y no política, tardará dos años: abogado

El presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera está sujeto a dos procedimientos de extradición a los Estados Unidos; cada uno tiene diferentes etapas, “y que en este momento podríamos decir que al menos uno de ellos se encuentra apenas a la mitad del largo camino que debe recorrer”, dijo a ZETA el abogado penalista Gabriel Regino García.

“Rápidamente recuerdo que los pasos que sigue un procedimiento de extradición son los siguientes: primero se pide la extradición que realiza el gobierno estadounidense. Luego viene el segundo paso, el de la Procuraduría General de la República (PGR), que da trámite para pedir la intervención de un juez federal que inicie el procedimiento. Luego el juzgador concluye el procedimiento emitiendo una opinión, que en el caso de ‘El Chapo’, ya se realizó”, aseguró el ex subsecretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón.

“Después viene el cuarto paso, que es la determinación que asuma emitir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal. Contra esa determinación todavía sigue un quinto paso, que es el juicio de amparo. Y este juicio de amparo todavía tiene dos instancias: que es la primera ante un juez federal, y la segunda, que puede ser ante un Tribunal colegiado, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De esta última variable es de lo que depende el tiempo que va a durar todavía la defensa judicial que ‘El Chapo’ haga de la orden de extradición que seguramente autorizará en breve la Cancillería”, señaló el litigante, quien también es profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jorge G Castañeda

Regino enfatizó que la extradición de “El Chapo” hacia los Estados Unidos no puede darse por una decisión política. “Estamos en un Estado de Derecho, o al menos, eso es lo que se ha indicado, y por lo tanto se tienen que ajustar a los plazos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, porque sería un mal precedente el que, por tratarse de una figura mediática y criminalmente relevante, como es el caso de Joaquín Guzmán Loera, el gobierno tomara una decisión arrebatada. Creo que es un mecanismo, ni la solución a un fenómeno que hemos visto, como la lucha contra las drogas, que ha fracasado. Y tomar la decisión arrebatada de esa naturaleza, solamente dejaría en vilo el supuesto Estado de Derecho que se prevé existe en México”, señaló Regino.

“Hay mecanismos legales, hay mecanismos de defensa, la Constitución los prevé. No hay Estado de excepción, no hay tribunales especiales, no debe haber decisiones autoritarias. Creo que tarde que temprano, Joaquín Guzmán terminará ante una Corte estadounidense, donde habrá de tener, como lo tienen todos, un derecho de defensa, y un derecho, de negociar, inclusive, su castigo”, dijo el abogado.

El martes 10 de mayo, el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda, explicó en un noticiero de Radio Fórmula que ahora corresponde a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, firmar la extradición en menos de 20 días hábiles, ante lo cual dijo el también académico, no tener duda “que lo va a firmar de inmediato, si no es que mañana, lo firmará la semana que entra, y entonces entraremos a una situación más compleja si procede o no el amparo” otorgado al narcotraficante.

El politólogo recordó que “una vez que (la Secretaría de) Relaciones firma, casi, casi se va en automático”. De ser así, “los recursos y abogados son mucho mayores a los que ha tenido otros narcos a lo largo de los últimos 15 años”.

Indicó que “El Chapo” no puede ser enviado a ninguna Corte de un Estado de la Unión Americana donde sea permitida la pena de muerte, porque la SCJN no lo permite. Ante ello, el ex canciller prevé que el líder del Cártel de Sinaloa será enviado a California, donde dicha pena ya fue abolida.

Sin embargo, el abogado Gabriel Regino no está de acuerdo con esta afirmación, y asegura que el “El Chapo” puede ser extraditado a cualquier entidad estadounidense que lo requiera, como es el caso de Texas, aun cuando dicha entidad tenga prevista la pena de muerte.

“Dado que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, establece la cláusula de que cuando los Estados o el delito por el cual se está requiriendo tenga prevista la pena de muerte, el Estado (de EU) que solicite al delincuente debe dar las garantías suficientes al Estado requerido, de que en caso de ser culpable (el extraditado), esa pena (de muerte) no se le aplicará”, señaló Regino.

“Y eso ha ocurrido en una gran cantidad de casos, en los que México ha extraditado, precisamente hacia Texas, a un importante número de delincuentes requeridos a los Estados Unidos”, recalcó el penalista. (Carlos Álvarez/ZETA)