La ingobernabilidad, la corrupción y la impunidad, fomentan la descomposición del tejido social, y no es que Baja California o específicamente Tijuana hayan sido alguna vez ejemplo de pureza, o demarcaciones libres de crimen, pero la elasticidad e involución que están viviendo valores como la solidaridad, la cooperación, la unidad, el respeto, la justicia, son cada vez más evidentes.
La imagen que encabeza esta columna corresponde al asesinato de Adrián Ramírez Gilbert, de 23 años. Lo mataron apenas el 5 de mayo en la zona de La Presa, su cuerpo cubierto con una cobija yace sobre la calle y a corta distancia, la gente come hamburguesas… platican. Hace pocos meses también se hizo pública la fotografía de una mujer que barría el frente de su casa, mientras al lado yacía un cadáver cubierto con una manta. Años atrás destacó el retrato de unos preparatorianos que entre risas y emocionados, captaban con sus teléfonos celulares el cadáver de un joven acribillado. El problema es que este tipo de escenas se han vuelto parte del cotidiano.
Y no se trata de ser conservadores o moralistas, tampoco de rasgarse vestiduras y pedir que todos los ciudadanos guarden luto por cada muerto, menos cuando es sabido, hay dos y hasta cinco asesinatos al día, pero no puede dejar de notarse cómo se reducen los niveles de sensibilidad y se amplían exponencialmente los niveles de tolerancia, por un lado a los criminales, y por el otro a los funcionarios, sean los ineficaces o los corruptos, que parecen no preocuparse ni ocuparse de cumplirle a la comunidad, a menos que surja un reclamo social.
Las leyes, las normas de convivencia son permanente y fácilmente violentadas, irrespetadas y no hay consecuencias. En muy pocos casos este tipo de conductas son sancionadas.
Luego las autoridades justifican las matazones con el argumento de que son asesinatos entre delincuentes, y parecieran estar de acuerdo en que un civil le quite la vida a otro con el que tiene un pleito, o con el que está en competencia económica.
En medio de esta tergiversación de la concepción de la justicia, la descomposición social escala niveles, ya no se trata de criminales que surgen de la descomposición social, como aseguran los políticos, personas que delinquen “por necesidad”, de bajos recursos, sin acceso a educación o un trabajo medianamente remunerado, producto de gobiernos ladrones y políticas sociales fallidas.
Cuando la ingobernabilidad y la impunidad alcanzan niveles que ninguna sociedad debería tolerar, se llega al punto en que son esos rasgos de la descomposición social, los que producen otro tipo de criminales.
Jóvenes o adultos, educados, estables económicamente, con apoyo familiar que cometen faltas o delitos a pesar de conocer las consecuencias, porque creen que como la mayoría de los criminales, no serán castigados, porque viven en medio de una sociedad donde los delincuentes y los delitos de todas clases son tolerados.
Empresarios y funcionarios que en Ensenada humillan y maltratan a un indigente; en Tijuana un joven que acompañado de amigos humilla, amenaza, lastima y aterroriza a un consumidor de drogas; otro muchacho que fotografía a un menor de edad con su pene y lo sube a redes sociales; niños de preescolar que detallan cómo un maestro de inglés los hacía jugar a los encuerados y los tocaba.
Un adolescente estudiante que mata a un sujeto porque lo contrataron por redes sociales; la joven Anastasia Lechtchenko Masney, detenida por el asesinato y descuartizamiento de su madre y hermana; y recientemente una pareja de estudiantes universitarios con excelentes promedios académicos, ella en Derecho y él en Medicina, formalmente presos por haber golpeado, ahorcado, asfixiado e inyectado sustancias mortales a otra joven que también estudiaba para ser doctora.
Esta otra inseguridad, esta otra violencia, también tiene que ser combatida, la insensibilidad como mecanismo de defensa está demostrando que no es opción.
La semana pasada, con manifestaciones públicas y pacíficas, padres, familiares, amigos, maestros y compañeros universitarios de la joven Eneyda Ramos pusieron el ejemplo y dejaron claro que permanecer callados no es la solución.
¿Cuántos asesinatos, extorsiones y robos violentos más hay que tolerar antes de alzar la voz?
Sin la participación, sin la presión de la sociedad organizada, los gobiernos no van a mejorar, ni sus estrategias fallidas de recomposición social, ni la ausencia de justicia.
Hoy, los ciudadanos comprometidos, los consejos ciudadanos de seguridad y demás organismos con representación social están obligados a reclamar, a proponer y hacerse escuchar, a dejar de funcionar como artículos decorativos que los gobiernos usan para validar acciones que no terminan de resultar.
