En una revisión de la lista
de trabajadores del XII
Ayuntamiento de Los
Cabos, en la nómina del
alcalde Arturo de la Rosa
Escalante aparecen hijos,
hermanos, sobrinos,
esposas y hasta ex parejas
de funcionarios y regidores
Los Cabos, Baja California Sur. El 9 de junio de 2015 -tras derrotar a su principal adversario del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Narciso Agúndez Montaño-, el entonces presidente municipal electo de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, presumió que no sólo habían logrado ganar una elección, sino “estamos logrando sacar a una familia completa, quienes por su soberbia, pensaron que eran dueños de todo el municipio, y los estamos mandando a su casa”.
En el marco de un gallo vehicular y recorrido de agradecimiento por el triunfo sobre los Agúndez, quienes habían gobernado alrededor de 12 años el destino turístico más importante de Baja California Sur, De la Rosa anunció que empezaría a “cambiar el rostro de Los Cabos”, porque “cuando la ciudadanía quiere y desea, se logran las cosas, y hoy la sociedad les dijo que no, y por primera vez, vamos a tener un gobierno emergido del Partido Acción Nacional”.
“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, gritaban en coro los participantes del gallo vehicular.
En efecto, después de tomar protesta como nuevo alcalde cabeño, el gobierno de Arturo de la Rosa Escalante arrancó desconociendo y cancelando alrededor de 313 plazas sindicales, de 323 “indebidamente heredadas en el último tramo de la administración del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño”.
Incluso el polémico tema fue llevado al seno del Cabildo del XII Ayuntamiento de Los Cabos, donde tras una acalorada discusión, nueve regidores votaron a favor, dos en contra y dos más se abstuvieron, después de ser sometido a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a cargo de la síndico Susana Zatarain García, relativo a la revisión del procedimiento de asignación de plazas de bases sindicalizadas.
Diego Gutiérrez Orci e Ilse Celaya, inspector y secretaria de la Cordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terestre (Zofemat), respectivamente, son sobrinos del director, Juan Adolfo Orci Martínez
El argumento fue que la mayoría de los beneficiarios eran amigos, compadres, familiares y hasta funcionarios de la pasada administración, los cuales fueron privilegiados discrecionalmente en el reparto de bases, donde no fueron tomados en cuenta los derechos laborales de aproximadamente 800 trabajadores, quienes sí cumplían con el requisito de derecho de antigüedad, tal y como lo establecen los estatutos del Sindicato de Burócratas.
Aunque ya pasaron alrededor de ocho meses -del 29 de septiembre de 2015 al 14 de mayo de 2016-, el tema de los basificados despedidos sigue vigente.
El 5 de mayo, tras finalizar un evento público, el alcalde Arturo de la Rosa Escalante fue abordado por alrededor de 70 personas en el patio del XII Ayuntamiento de Los Cabos; por casi una hora escuchó las quejas y los argumentos de los trabajadores sindicalizados.
“Resulta imposible quedarnos con todos los que estaban en el Ayuntamiento, porque entonces se convertiría en un gobierno pagador de nóminas y no otorgador de servicios, y la ciudadanía demanda mejoras de servicios en su colonias”, expresó el edil cabeño.
Sin embargo, hizo el compromiso público de revisar personalmente caso por caso de los trabajadores basificados en la anterior administración, los cuales fueron puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, ya que “de ninguna manera inflarán la nómina, es uno de los rubros que se lleva un gran porcentaje del presupuesto, y uno de mis compromisos fue no incrementar esos gastos; por eso se solicitó a cada titular de área, recortar personal y trabajar con el estrictamente necesario”.
EL NEPOTISMO
Lo que no dijo el edil de Los Cabos es que por cada trabajador despedido ingresaban familiares de funcionarios y regidores a la nueva administración.
A la vuelta de casi ocho meses, según una revisión de ZETA, 18 funcionarios y tres regidores colocaron durante ese lapso a hijos, sobrinos, hermanos, esposas y hasta ex parejas sentimentales en la nómina gubernamental.
Con la venía del alcalde cabeño e incurriendo en conflicto de intereses, violentaron el Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, el cual textualmente cita:
Fracción XI.- “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos entre los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor publico o las antes referidas personas formen o hayan formado en el ámbito de la administración pública; la limitación de parentesco a que alude la presente disposición se aplicará hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población de hasta 50 mil habitantes; y hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población mayor a los 50 mil y hasta 10 mil habitantes…”.
Carolina Castro Corazón y Guadalupe Marrón, directora delegación del DIF Municipal en CAabo San Lucas y coordinadora de Recursos materiales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa actual, respectivamente, del director de Agua Potable, Oscar René Núnez Cosío
Fracción XII.- “Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o para las personas que alude la Fracción XI…”.
Así, el gobierno familiar del “cambio lo hacemos todos” -según el slogan de la presente administración-tiene incrustados en la nómina gubernamental a:
* Pablo Cortez Espinoza. Funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, hermano del tesorero municipal de Los Cabos, Jesús Cortez Espinoza.
* Víctor Carbajal. Empleado de Tesorería Municipal, e hijo del director general municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel Carbajal Ayala.
* Diana y Damián Aguilar Holmos. Coordinadora de Cultura del Agua del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y coordinador municipal de Box, respectivamente, son hija e hijo del coordinador municipal de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar Martínez.
* Diego Gutiérrez Orci e Ilse Celaya. Inspector y secretaria de la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), respectivamente, sobrinos del director de esa área, Juan Adolfo Orci Martínez.
* Carolina Castro Corazón y Guadalupe Marrón. Directora delegacional de DIF Municipal en Cabo San Lucas, y coordinadora de Recursos Materiales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Cabo San Lucas, ex esposa y esposa actual, respectivamente, del director de Agua Potable, Óscar René Núñez Cosío.
Pablo Cortez Espinoza, funcionario de la Dirección de Desarrollo Rural, es hermano del Tesorero Municipal de Los Cabos, Jesús Cortez Espinoza
* Ramón Lugo Gutiérrez. Empleado de Comunicación Social de la delegación Cabo San Lucas, es hijo de la coordinadora delegacional de Fomento Económico y Turismo en Cabo San Lucas, Norma Gutiérrez Zamora.
* Celia Camarena. Empleada de Tesorería Municipal, es hermana del secretario particular del director general de Desarrollo Social, Adán Camarena.
* Adeline Meza González y Cristina Guadalupe Castro Pérez. Directora de Participación Ciudadana de DIF Municipal y coordinadora de Recursos Humanos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, respectivamente, son esposa y hermana del asesor del alcalde cabeño, Julio César Castro Pérez.
* Patricia Casillas. Funcionaria del Museo de Cabo San Lucas, es esposa del director municipal de Recursos Humanos, José Felipe Ceseña Ceseña.
* Rebeca Espinoza Aguilar. Directora de Ingresos de Tesorería Municipal, esposa del séptimo regidor y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Francisco Javier Rubio Castro.
* Julio Ceseña. Funcionario de la dirección delegacional de Gobierno en Cabo San Lucas, e hijo del director Norberto Ceseña Ceseña.
* Javier Ávila Rodríguez y Arturo Ávila Rodríguez. Jefe de Servicios Escolares del CECYTE e inspector de Transporte en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, respectivamente, son hijos de la segunda regidora y paradójicamente, presidenta de la Comisión de Equidad y Bienestar Social, Julia María Rodríguez Ramos, quien dicho sea de paso, tiene a su nuera Diana Rosas como asistente del Cabildo.
* Yamilet Zatarain. Secretaria del tercer regidor Celestino Atienzo Beltrán, es prima de la síndico municipal de Los Cabos, Susana del Carmen Zatarain García.
* Enrique Alán Castro Ruiz. Director de Cultura Municipal, e hijo del director de Gobierno, Delfino Salvador Castro Ojeda.
* Beatriz Padilla y Miguel Ángel Ramos Padilla. Abogada de la Procuraduría del Menor y la Familia de DIF Municipal y jefe de almacén, de manera respectiva, son esposa e hijo del director del Registro Civil, Miguel Ángel Ramos Serrano.
* Silvia Ivonne Ceseña Salazar. Abogada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de DIF Municipal, es esposa del director general de Desarrollo Social, Ariel Castro Cárdenas.
* Luis Castro. Administrador del Mercado Municipal, primo del director de Educación, José Javier Castro González.
* Teresa Martínez. Asistente de Presidencia Municipal, es madre del director de Vinculación y Fomento Empresarial, Emilio Alejandro Lucero Martínez.
* Miguel Avilés Pimentel. Ejecutor fiscal, hijo de la directora administrativa de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisca Pimentel Castro.
* Francisca Araiza Díaz. Abogada de la Dirección Jurídica, hermana del director de Transporte Municipal, Juan Luis Araiza Díaz.
* Víctor Manuel Holmos Montaño. Director operativo de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, es cuñado del coordinador de subdelegados, Héctor Manuel Aguiar Martínez; tío de la coordinadora de Cultura del Agua, Diana Aguiar Holmos; y del coordinador municipal de Box, Damián Aguiar Holmos; además de sobrino del director de Salud, Axcel Holmos Vizcaíno.
LAS REACCIONES
Sobre estos hechos, el octavo regidor del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Samir Savín Ruiz, opinó que es “incongruente que por un lado se hable de adelgazar la nómina gubernamental, y se hayan despedido entre 600 y 700 trabajadores; y por otro lado, y bajo el agua, hayan metido a familiares de funcionarios a trabajar a la actual administración.
“No podemos de un adelgazamiento de nómina o de una reducción del gasto, si sacan a uno y meten a otro en la plaza vacante”, comentó, para luego considerar “irresponsable la actuación del gobierno municipal, porque despidió injustificadamente a 313 personas basificadas de las 323 que originalmente iban a ser, y lo único que está dejando son laudos que al final tendrán que ser pagados con dinero de la ciudadanía”.
El edil cabeño recordó que “cualquier trabajador tiene derechos laborales, y en el caso concreto del Ayuntamiento, corrieron a todas las personas sin ningún argumento sólido, y estipulado por la Ley del Trabajo”, tal es el caso ausentarse indebidamente de sus labores, tener tres faltas consecutivas, consumir bebidas embriagantes dentro de las oficinas o incurrir en una responsabilidad administrativa.
Victor Carbajal, empleado de la Tesorería Municipal, es hijo del Director General Municipal de Fomento Económico y Turismo, Víctor Manuel Carbajal Ayala
Originalmente la intención del alcalde De la Rosa era cancelar las 323 bases otorgadas en la pasada administración, pero a la hora de la votación, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, únicamente presentó el caso de 313 trabajadores.
Sospechosamente, no se supo qué había pasado con el resto de las diez bases o a quiénes se les había otorgado, hasta que hoy por hoy, y de acuerdo a datos obtenidos por ZETA, dos de las 10 bases correspondían a Adeline Meza González y Patricia Casillas, nada menos y nada más que las esposas del asesor del alcalde y del director de Recursos Humanos, Julio César Castro Pérez y José Felipe Ceseña Ceseña.
La ex trabajadora de la Dirección de Desarrollo Social y cabeza más visible del movimiento de los basificados despedidos, Selene Robles Sahagún, consideró que “de nada sirve que nos hayan corrido para supuestamente reducir nómina y poder hacer obras sociales, si vemos que por cada trabajador cesado, ingresaron dos más a la nómina gubernamental”.
A la fecha -de acuerdo con Selene- 63 de los 313 trabajadores basificados presentaron juicio de amparo en el Poder Judicial de la Federación, actualmente en etapa de sentencia.
Durante una entrevista con ZETA, la nómina del alcalde Arturo de la Rosa Escalante
explicó que ella junto con tres compañeros más iniciaron el movimiento, solicitando la protección de la justicia federal, y al día de hoy se han sumado 80 ex trabajadores.
Aunque al principio ellos solicitaron pláticas y entrevistas con el alcalde de Los Cabos y buscaron su reinstalación, hoy ya no lo hacen, pues el proceso de amparos, en manos de un bufete de abogados, va por buen camino.
Tan es así que el propio edil cabeño ahora los busca, y el martes 10 de mayo, en una reunión con la Comisión Negociadora integrada por el secretario del alcalde, el director de Recursos Humanos y la titular de Asuntos Jurídicos, ofrecieron a los trabajadores de ese movimiento regresar y pagarles sólo el 40 por ciento del sueldo que ganaban, condicionando que “debían desistir del amparo federal”, lo que obviamente no sucederá.
La dirigente del movimiento se refirió a la situación tan caótica por la que atraviesan, porque la mayoría de los despedidos son gente mayor de 40 años, algunas de ellas embarazadas, quienes difícilmente encontrarán trabajo, ya que en la mayoría de las vacantes solicitan personas menores a 35 años.
“Se están despachando con la cuchara grande, el despido político se ha convertido en social, porque a final de cuentas el Ayuntamiento deberá pagar las liquidaciones de todos los trabajadores”, sentenció.
“Nos corrieron porque dijeron que no había presupuesto para el pago, pero esa es una frase muy trillada, resulta que la liquidación de todos tampoco está dentro del presupuesto”, cuestionó Robles para, por último, agradecer la entrevista, a razón de que “en Los Cabos, todos los medios están comprados y no publican nada, salvo lo que le conviene al alcalde, a pesar de que están pisoteando nuestros derechos laborales; y ustedes son el único medio serio y socialmente responsable en el que podemos confiar”.
