Son demasiados quienes suspiran por un puesto en los círculos del poder, rumbo a la elección del 5 de junio en Baja California, y es una locura.
La jornada electoral está convertida en una mala telenovela, donde decenas y decenas de candidatos se registran, los declaran improcedentes y ellos impugnan, mientras sus nombres entran y salen de listas, y los votantes no los terminan de ubicar, de saber si son, o no son, o qué son.
Todo aderezado con la incompetencia, ineficacia, impericia, inexperiencia, torpeza o como prefiera llamar a la incapacidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC), que no pudo con la responsabilidad de definir quiénes de los aspirantes a un puesto público, reunían los pocos requisitos de elegibilidad.
Coronada con la laxitud de los tribunales que prefieren dejar que todos los suspirantes que impugnan obtengan su registro, importando muy poco si reunieron o no, las exigencias de Ley para participar en el período electivo.
Y por si hiciera falta, lo que ahora conocemos- ver página 32A de Zoom Político en esta edición- es la ilegal intervención del Gobierno del Estado para que se acepten candidaturas, como fue el caso de Carolina Aubanel.
Según explicó en declaraciones públicas recientes el presidente del consejo del IEPCBC, Javier Garay Sánchez, ellos de origen declararon improcedentes 44 de las candidaturas, pero de ese número, a la fecha el Poder Judicial sigue rechazando uno a uno los dictámenes del Instituto y ordenando se acepten los registros.
Garay informó también que hasta el corte del pasado fin de semana, eran mil 116 candidatos a puestos de elección popular en Baja California, y ese número es grotesco.
El municipio de Rosarito tiene 13 candidatos a alcaldes -dos con procedencia en proceso de impugnación-, tres son independientes, cada uno con una planilla con un montón de gente que busca ocupar una de las diez regidurías. Además, en la misma circunscripción están los nueve candidatos a la diputación del Distrito XVII.
Tijuana tiene también 13 candidatos a alcaldes (dos con resolución de impugnación pendiente), tres son independientes; Mexicali cuenta con 11 candidatos a presidente municipal (cuatro con impugnación), uno es independiente; Ensenada, 12 candidatos (dos con impugnación), dos son independientes; y Tecate, con 11 pretensos a la alcaldía (dos con impugnación, dos son independientes).
En el Distrito 13 hay 13 candidatos a diputados y ninguno es independiente, ahí, los partiditos que en el resto de Baja California se aliaron con el PRI, PVEM, PANAL y PT, jugarán por separado.
De los 16 distritos restantes, en cinco hay diez candidatos porque llevan uno independiente, y en los otros 11, son nueve aspirantes, todos con partido: el de la alianza tricolor, los panistas, los perredistas, Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido de Baja California, MORENA. Y esos que se inventaron quienes ya no encontraron cabida para sus aspiraciones en otros institutos partidistas, para la presente elección, que son el Partido Peninsular, los Municipalistas y los Humanistas.
Si cuando son pocos resulta difícil investigar su honorabilidad, saber cuál es su propuesta y cómo piensan hacer las cosas, imagínese ahora, que si bien nos va como electores, encontramos entre los candidatos cuando mucho tres nombres más o menos identificables, y no todos con los mejores antecedentes.
Agregue el Lector que los primeros debates han quedado en presentaciones pobres de alcance muy limitado. Que a 17 días de iniciadas las campañas, la presencia de los candidatos en la calle – algunos siguen esperando el recurso del erario- ha sido muy limitada. La ciudadanía sigue sin conocer sus propuestas, la diferencia entre uno y otro, o si alguno es menos peor que el de al lado.
En esas condiciones, con esta avalancha de gente con discursos planos sin contenido, que no se ocupan de la propuesta, vemos que -en su mayoría- no han tenido la amabilidad de presentarse adecuadamente ante sus electores. En medio de tanta indefinición, resulta que no hay manera de que los ciudadanos con derecho al sufragio puedan empezar a allegarse de los elementos que les permitan hacer un análisis concienzudo, responsable y razonado de su voto.
Con la participación de tantos candidatos, ya se veía venir que el proceso de la elección sufriría descalabros a través de la judicialización, denuncias obvias de parte de los múltiples perdedores.
Pero en este momento resulta ridículo que a dos semanas y media del inicio de campañas, la judicialización ni siquiera permita que el proceso arranque como es debido, porque no todos los candidatos están aprobados, ni todos los recursos económicos que se usaran están repartidos.
Por lo pronto, mas no ha significado mejor, cantidad no ha garantizado calidad, y el hecho que el abanico de opciones se haya ampliado junto con el presupuesto requerido para sostenerlos, todavía no reporta beneficios para el electorado bajacaliforniano.
No queda más que esperar, el 1 de junio es el plazo que tienen los candidatos para darse a conocer. Son mil 116 candidatos, y dejaría mucho que desear que entre tantos aspirantes, no se pueda encontrar alguno que demuestre como mínimo, congruencia, espíritu de servicio más allá de ambiciones personales o partidistas, capacidad y proyecto.
