Entre los familiares de políticos a los que la empresa pañanema Mossack Fonseca trabajó se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien hoy, al iniciar su campaña, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía estatal, contra el gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por más de 3 mil millones de pesos.
El hijo de Yunes Linares procedió a crear un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa, Ángela Ruiz. Sin embargo, la operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), a familiares hasta cuarto grado.
Yunes Márquez es considerado un PEP, ya que es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN, Fernando Yunes Márquez, y el ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, aseguró al semanario Proceso, uno de los dos medios mexicanos que participaron en la investigación internacional Panama Papers, que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por el referido medio, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”.
“Los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo. Sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”, dijo el directivo de la empresa panameña.
LA DENUNCIA DE YUNES LINARES CONTRA EL GOBERNADOR
Además de denunciarlo ante la Fiscalía estatal, Yunes Linares adelantó que la próxima semana denunciará a Duarte y su presunta red de corrupción ante la Procuraduría General de la República (PRG), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como ante los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, cometidos por el mandatario veracruzano.
Al presentar los detalles de la denuncia por enriquecimiento ilícito, Yunes reveló que Duarte y sus cómplices tienen propiedades en Veracruz, Ciudad de México, Houston, Madrid y hasta un hotel en Bilbao, a nombre del hermano del mandatario.
Además, presentó imágenes de una vista aérea de un rancho, localizado en Valle de Bravo, que cuenta con casas, reserva territorial, 25 caballerizas, alberca y hasta hospital para los caballos.
“Es una red de corrupción que se ha hecho propietaria de una cantidad enorme del pueblo”, dijo Yunes Linares, que también reveló que entre las propiedades del mandatario que se detallan en la denuncia, se encuentra una torre de departamentos ubicada en Boca del Río, con un valor de 300 millones de pesos y un yate de más de un millón de dólares.
Yunes advirtió que, en caso de encontrar resistencias en la Fiscalía de Veracruz, acudirán ante las instancias federales. El candidato adelantó que, en caso de ganar la Gubernatura no negociará la impunidad de Duarte a cambio de apoyos económicos para la entidad.
En el acto estuvieron presentes el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, así como otros senadores de dichos institutos políticos.
LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ PAPERS
El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios en todo el mundo.
Los más de 100 medios internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña de más de 40 años de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, lavando millones de dólares día con día. En la práctica, un cliente es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero.
Mossack Fonseca no tiene oficinas en México, como en otros países de América Latina, pero tampoco las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
En el caso de México se contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos de los Panama Papers muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña, ya que son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos.
En respuesta a cuestionamientos de los diversos medios involucrados durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
