A pesar de lo que los miembros del gobierno de Baja California piensen, actúen, accionen, determinen, evadan, ignoren o les sea cómodamente indiferente, la realidad es que la inseguridad y la violencia son cada vez más palpables en este Estado.
No sólo la propiciada por enfrentamientos a balazos, o actos premeditados que terminan en asesinatos de hombres, mujeres y niños; también se siente la inseguridad común. El robo de carros, el asalto, el robo de casa, de cable, de tanques de gas, de productos y herramientas. La molestia de vivir invirtiendo en la seguridad propia y la de su hogar es cada vez, también, más común.
A esta inseguridad se suma la incertidumbre en la procuración de justicia, o precisamente por esa incertidumbre es que se desata la inseguridad, propiciada precisamente por los altos niveles de impunidad tanto en la procuración como en la administración de la justicia. En homicidios, por ejemplo, y de acuerdo a una investigación y análisis de Inés García Ramos, periodista de ZETA, la impunidad alcanzó un 85 por ciento.
Esta situación adversa, que vulnera a los bajacalifornianos, rebasa a la autoridad, igual por incapacidad o por complicidad, porque defienden otros intereses, porque lo suyo no es gobernar o servir, sino aprovechar y abusar, porque la corrupción se une con la ignorancia y crea este caos. Pero sea cual sea el motivo, resulta imposible que el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, no se dé por enterado de la violencia que se vive, se atestigua, se ve y se respira en la entidad.
Resulta inverosímil que el mandatario no esté enterado, por ejemplo, que de los tres cárteles que confluyen en la vida criminal de Baja California, el Cártel Arellano, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, sólo una mínima, paupérrima parte de sus integrantes (por no decir uno o dos), tengan una orden de aprehensión, mientras el resto permanecen en la impunidad.
Los criminales organizados cometen asesinatos, secuestros, extorsiones, todos delitos de persecución del fuero común y, por tanto, en la facultad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, que por orden del gobernador, encabeza Perla Ibarra del Socorro. A su vez, ella titula el Ministerio Publico, el mismo que está fallando en la integración de averiguaciones previas, y por eso, los jueces -también laxos- no entregan órdenes de aprehensión para los integrantes de los carteles, que en contraparte y contra su seguridad personal, policías municipales, estatales -no todos, pero sí hay algunos- persiguen, esperando detenerlos en la flagrancia del delito (en lo que entra el Nuevo Sistema de Justicia Penal), para sacarlos de las calles.
Resulta también poco creíble que Francisco Vega no esté enterado de la corrupción que impera en la Policía Estatal Preventiva y en la Policía Ministerial del Estado, cuando algunos de los primeros se han dedicado en los últimos meses a extorsionar ciudadanos en colonias de la periferia, hombres de pequeños negocios que deben procurar el sustento propio y la cuota de la PEP (y en ocasiones la del crimen organizado), o el caso de los segundos que no investigan, que no cumplimentan órdenes de aprehensión, que no contribuyen a la certeza en la procuración de justicia, amañados con los criminales organizados, los poquiteros y los delincuentes comunes. Ambas corporaciones en el fuero estatal, han sido señaladas por ciudadanos de manera anónima, sin que sus quejas hayan sido consideradas de manera seria, responsable y se abrieran investigaciones por parte de la autoridad que encabeza Francisco Vega.
Este escenario de impunidad y corrupción que provocan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en Baja California, a la par del crecimiento y la reorganización de los cárteles de la droga en el Estado, al grado de convertir esta tierra en un campo fértil para la amapola, es el origen de la violencia y la inseguridad que afecta a los bajacalifornianos todos, y resulta imposible de verdad, que el Ejecutivo estatal no lo vea.
Quienes sí lo ven y lo analizan son los organismos nacionales e internacionales, que miden los niveles de inseguridad que se viven en esta entidad y en el resto del país, y vaya, Baja California como Estado, Tijuana como municipio, no suelen estar bien calificados. Puede servir la estadística para que Vega de Lamadrid escuche, lea en voz de otros, lo que no quiere, no puede o no le permiten saber en el Estado: que en Baja California la inseguridad y la violencia van a la alza.
Antes del Índice de Paz de México realizado por The Institute for Economic and Peace, que mide el nivel de paz en las 32 entidades de la República Mexicana, ya se conocían otros estudios y análisis, como el del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que ubicó a Tijuana como la tercera ciudad más violenta de México, y la número 35 a nivel mundial.
Eso fue a inicios del mes de febrero, por cierto, uno de los meses con más ejecutados en el Estado. Ahora en abril, el jueves 7, fue dado a conocer el Índice de Paz que ubica a Baja California como la cuarta entidad federativa menos pacífica de México, al posicionarla en el número 29 de 32. Sólo detrás de Guerrero, Sinaloa y Morelos, Estados todos sumidos en una ola de violencia producto del enfrentamiento de cárteles y la ineficacia del Estado Mexicano para combatirlos.
Este índice se ha elaborado durante los últimos trece años, e incluye -para que el gobernador no los desestime- la participación de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa, Causa en Común, Universidad de Stanford, Observatorio Nacional Ciudadano y Jurimetría. El análisis de datos tiene la intención de hacerle llegar a los gobiernos información para el establecimiento de políticas públicas que tiendan a disminuir los índices de violencia.
Así pues, en lo que va del año, Baja California, Tijuana, están siendo parte -de manera sistemática- de los estudios cuantitativos de la violencia en México y en el mundo, en posiciones de alerta, y que en efecto, los bajacalifornianos sentimos y vemos, pero que el gobierno ignora, permitiendo con ello que la inseguridad crezca y la impunidad a la criminalidad se fortalezca. Que esta ubicación de Baja California como uno de los Estados con menos paz en el país, no sea una rayita más, sino el abre ojos que quizá necesite el gobernador. Ya estuvo bueno, ¿no?
