Después de cinco años de impulsar una denuncia contra presuntos socios defraudadores de la línea de camiones ABC, accionistas de la empresa continúan en pleito legal toda vez que la resolución correspondiente no cumplió con sus expectativas
Accionistas de la empresa Autotransportes de la Baja California apelaron una resolución de la juez cuarto penal en Tijuana, Ignacia Fimbres Moreno, la cual no contempla órdenes de aprehensión contra miembros del consejo administrativo a quienes los quejosos habían denunciado por administración fraudulenta.
En una queja administrativa, de la cual obra copia en poder de ZETA, los denunciantes (José Ramírez, Eva Mapula, Regino Ramírez, Horacio Rodríguez, María Aguirre y Felipe Cueva), acusan que la jueza incumplió con los plazos estipulados para dictar la resolución, “excediéndose injustificadamente y en exceso por más de cuatro meses” y que tampoco valoró las pruebas a partir de las cuales pretendían fueran aprehendidos los denunciados, quienes responden a los nombres de: Héctor Urzúa, Carlos Sánchez, Enrique Arellano, Gaspar Núñez, Adolfo Hernández, José Mejía y Carmen Alcántara.
En el documento resolutivo emitido por la licenciada Fimbres Moreno, con fecha del dos de febrero de 2016 y referente a la causa penal 496/2015, la jurisconsulta expone: “no se encuentran satisfechos los requisitos” para dictar de orden de aprehensión.
El representante legal de los accionistas César del Río, manifestó a ZETA no estar de acuerdo con la determinación, toda vez que, en su opinión, la jueza no explica por qué “no son suficientes” como requisito, las pruebas esgrimidas. Y sostuvo que el caso “está en apelación; está por radicarse en el tribunal superior de Mexicali”, calculó que la radicación procederá en cuestión de semanas.
De acuerdo a la propia resolución textual de la magistrada (referente a la causa penal 496/2015), los accionistas acusan que a ellos en su calidad de socios de la empresa, en un lapso de diez años el consejo de administración “jamás” les entregó títulos representativos de las acciones que les corresponden; conforme al mismo documento, tampoco se les rindió un informe de rendición de cuentas acorde a la Ley de Sociedades Mercantiles; por otro lado, manifestaron haber detectado un contrato de crédito “por la cantidad de cuarenta y cinco millones de dólares”, a propósito del cual ABC aparece como “acreditada”; se trata de un crédito con “garantía prendaria”, cuya obtención implicó que quedaran “gravados todos y cada uno de los activos de la empresa”.
El préstamo quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio “de esta ciudad” el 24 de julio de 2007, reza el texto resolutivo, en tanto que los querellantes alegan haberse enterado de la operación “en fecha reciente”.
ZETA acudió en dos ocasiones al Juzgado Cuarto de lo Penal, en busca de una opinión de la Licenciada Fimbres Moreno a propósito del caso de transportes ABC, específicamente en lo referente a su determinación de considerar insuficientes las pruebas de los transportistas “ofendidos” contra los administradores acusados, así como a su postura sobre el recurso de apelación que los quejosos interpusieron. En un primer momento la abogada manifestó a través de una asistente que sobre ese tema no podía emitir declaraciones. Ése fue el posicionamiento obtenido en referencia a un asunto en el que obra de por medio una queja administrativa contra la titular del Juzgado. En la segunda visita que se le hizo, con el objeto de reiterarle que el propósito de la entrevista era brindarle un espacio abierto a la argumentación, la juzgadora recibió al reportero en su oficina. Sin acceder a que se registrara en audio el encuentro, Fimbres Moreno indicó, palabras más, palabras menos, que “legalmente” estaba impedida de hablar sobre el caso de Transportes ABC en vista de que así lo establecía un “pedimento”.
También se buscó al Contador Adolfo Hernández Hurtado (uno de los denunciados), en la central de autobuses de Tijuana, donde se encuentran las oficinas de ABC. Ahí, un asistente atendió al reportero de ZETA. El directivo, a decir del empleado, se encontraba en una reunión a puerta cerrada en su oficina, por lo que según hizo saber mediante su subalterno, no podía atender otros asuntos. Se le dejaron anotados números telefónicos y, de paso, el tema a tratar, a efecto de que, Hernández Hurtado, de considerarlo propicio, hiciera valer el derecho de réplica que, manifiestamente, se le estaba extendiendo. Posteriormente, en vista de no recibir respuesta del contador, ZETA insistió telefónicamente. La persona que atendió la llamada respondió que Hernández Hurtado no se encontraba y que había salido de la ciudad.
Manejo ‘fraudulento’ y proceso tortuoso
Sobre el delito de “administración fraudulenta”, uno de los accionistas, José Ramírez González, refirió que el consejo administrativo les hizo “una propuesta de conformar una sociedad” en la que todos los socios de ABC aportaran, “todas nuestras acciones, nuestras propiedades, nuestros autobuses a efecto de ser una empresa de primer mundo”, dijo el entrevistado; los planes del consejo, continuó, se llevaron a cabo, solo que, con el paso del tiempo, “con los ingresos de todos los autobuses, no compraban los autobuses nuevos que habían dicho”. Afirmó que el crédito no reportado, por 45 millones de dólares, los puso en alerta.
También lamentó que como parte del pleito legal, que se sostiene desde 2011, tuvieron que lidiar en distintas ocasiones, para que el Ministerio Público les admitiera pruebas, o para sostener la denuncia luego de que el asunto se archivara en dos ocasiones (2012, 2014), hasta llegar a la consignación en julio de 2015. Por su parte el licenciado César del Río comparó: “Parecía más que nada un juicio civil, donde uno tiene que estar promoviendo y pidiéndole al Ministerio Público; cuando es el Ministerio Público el que tiene que ordenar las diligencias, para integrar debidamente una averiguación previa”.
Perjuicios
En materia de pérdidas, Ramírez González señaló: “hoy por hoy de nuestras empresas ya no queda nada…era una empresa familiar de aquí de gente de Baja California, pues hoy por hoy esta gente, para borrar toda la huella de todo el fraude que han hecho en contra de nosotros, prácticamente (la empresa) ya no existe”.
La línea de transporte bajo el consejo de administración actual se llama ABC Plus, “esa marca la crean, pero usan las instalaciones, la infraestructura, los permisos, todo de nuestra empresa, de Autobuses de la Baja California”, mencionó Mónica Morales Aguirre, hija de uno de los ofendidos (Jorge Morales Cárdenas), quien ya falleció. La entrevistada aseguró que con todo y que entregaron sus bienes para la supuesta modernización de la empresa, los administradores no les han entregado un solo porcentaje como ingreso obtenido, con la justificación de que “la administración anterior” había dejado endeudada a la compañía.
Los accionistas además manifestaron haber quedado fuera del negocio de mensajería “ABC”, que bajo la nueva administración se llama “Baja Pack”, modificación que a decir del licenciado del Río, se llevó a cabo sin que se les diera aviso.
Finalmente, para el abogado defensor, la resolución de la jueza (que evita que se giren las órdenes de aprehensión peticionadas), “se debe revocar porque no tiene sustento”. A propósito de la apelación interpuesta: “Se acaba de admitir el recurso de apelación”, informó; y sobre sus expectativas acerca del seguimiento que se le dé al procedimiento en cuestión se pronunció optimista: “esperamos que allá (en el tribunal superior, en la capital del estado), se haga un verdadero estudio exhaustivo del expediente”, confió.
