Declaraciones hechas recientemente por Alejandro Chávez, visitador general de la Procuraduría General de la República, recordaron la denuncia que el Partido Verde y su líder Arturo Escobar hizo en diciembre de 2015 en contra de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Lo acusaron de violación al principio de secrecía y presunción de inocencia, porque en entrevista con la cadena CNN declaró que se había consignado “… una averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie, cuando existe prohibición legal para ello, considerado en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”.
Porque Escobar -ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación- había firmado los contratos a nombre de su partido para distribuir diez mil tarjetas Premia Platino, las cuales entregó para mejorar sus resultados en la última campaña electoral.
Aplicó la estrategia que usan la mayoría de los integrantes del crimen organizado para evadir la justicia, atacó la forma, no el fondo, pretendiendo liberarse de responsabilidades y argumentando violaciones al debido proceso.
En plena etapa de discusión -atorada por cierto- de las leyes secundarias para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, resulta curioso el resurgimiento del tema de un funcionario acusado de proporcionar, transparentar información y recordar cómo nada sucedió, cuando impunemente otro funcionario, Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, exoneró al Presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa y al secretario de Hacienda Luis Videgaray por la conveniente y ventajosa compra de inmuebles a Higa, empresa a la que su equipo ha favorecido con jugosos contratos en sus gestiones como gobernador del Estado de México y máximo mandatario del país.
“No hay conflicto de intereses”, justificó el señor Andrade para exculpar a su jefe; incumplió con sus obligaciones, fomentó la corrupción, no fue transparente… y nada pasó.
De acuerdo con las decenas de versiones dadas por diferentes legisladores y funcionarios, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será la medicina que vendrá a resolver la corrupción que hoy hace girar todos los engranes del sistema político, económico y de justicia en México.
Datos publicados apenas en enero de 2016 por Transparencia Internacional indican que México obtuvo 35 puntos en una escala donde 0 es altamente corrupto, y 100 muy limpio. Esto lo ubica en el lugar 95 de entre los 168 países incluidos en el Índice de Percepciones sobre Corrupción 2015. Y como el país más corrupto dentro de los que están integrados a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, la discusión de las reformas a 12 leyes secundarias que harán posible la aplicación del SNA apenas inició y ya se atoraron en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual aprobaron por mayoría en lo general con 31 artículos reservados.
En teoría, todas las reformas en cuestión deberían quedar aprobadas el próximo 30 de abril, cuando concluye el período ordinario de sesiones, sin embargo, los legisladores de ambas cámaras se han dado tiempo extra y han propuesto el 28 de mayo como plazo límite.
Consultados algunos legisladores participantes en la discusión -el Senado es la cámara de origen- manifiestan que las reformas propuestas tienen consenso general, donde no terminan de ponerse de acuerdo es en el reclamo de los legisladores del PAN y PRD para que el fiscal federal que encabezará el SNA tenga completa autonomía del Poder Ejecutivo; ya dijeron panistas y perredistas, si no se concreta este punto, no la aprueban.
Adicionalmente los del partido azul ya amagaron, ellos no aprobarán la reforma al Mando Mixto, si la reforma anticorrupción no es de fondo y atiende a sus propuestas.
Por su lado, los grupos ciudadanos que han alzado la voz también han dejado claras sus prioridades y lo que necesitan quede plasmado en las reformas, además de la independencia del nuevo fiscal respecto a los tres poderes, hay cuatro puntos:
* Incorporación del proyecto “3 de 3” -presentación pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de funcionarios- en la reforma a la Ley de Responsabilidades.
* Definición de cuáles son los delitos cometidos por funcionarios, determinación clara de cuáles son graves y no graves, y definición del castigo administrativo y/o penal en su caso para cada uno. Y que no sean los órganos de control internos quienes investiguen y resuelvan los casos.
* Inclusión de personas morales, particulares, del sector privado, partidos, fideicomisos, organismos no gubernamentales y toda entidad que reciba recursos del erario, como entes responsables de rendir cuentas
* La existencia de un Registro Nacional de Servidores Públicos sancionados.
Ahora, es necesario que la sociedad organizada esté pendiente y participe en las negociones que se desarrollarán entre los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión en los próximos ocho o 36 días, porque se antoja imposible que logren una reforma que de verdad ponga un alto a la corrupción que durante los últimos 92 años ha empoderado a sus grupos de poder.
