En visita oficial a Guerrero, el 28 de marzo de 2016, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la aplicación de una estrategia especial contra el crimen para Acapulco. Dijo que el gobierno federal sabía cómo estaba focalizada la inseguridad y la combatirían en las colonias.
Días atrás en plena temporada vacacional con la ciudad llena de turistas, se habían cometido decenas de homicidios, destacaron: los dos cocineros acribillados a plena luz de día en el restaurante Los Buzos, que estaba repleto; un mesero y una desnudista asesinados a tiros en el “Majesty Mens Club”; la ejecución del encargado del departamento de detección de tomas clandestinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); o el sujeto decapitado en la colonia La Máquina.
Poco antes del anuncio del secretario, el diario El Sur, domiciliado en la misma municipalidad, había hecho público el último corte del conteo de homicidios que realizan de manera permanente, del 1 de enero hasta el 23 de marzo, “221 personas asesinadas en hechos relacionados con la delincuencia organizada”.
Por odiosas que resulten las comparaciones en ocasiones son inevitables, en fechas recientes, un funcionario consular conversó con editores de ZETA y al hablar del número homicidios en Tijuana –201 según las estadísticas oficiales hasta el 31 de marzo–, el funcionario extranjero agregó con sorpresa “van detrás de Guerrero, de Acapulco”. Y en términos numéricos así es.
Sin embargo la violencia de Tijuana no ha merecido la atención especial de la federación, vamos, ni siquiera la admisión de las autoridades locales de que la inseguridad es un problema que debe preocuparlos como para ocuparse más de lo que lo han hecho hasta ahora.
Para minimizar insisten en comparar la violencia actual con la de 2008-2011 y recalcar que ya no son grupos organizados sino células pulverizadas con menor influencia. Algo que por cierto también está sucediendo en Acapulco, donde de acuerdo a diversas declaraciones de autoridades publicadas en la prensa, operan 17 grupos criminales emanados de seis cárteles que se pelean por la distribución de droga en las calles de la ciudad.
En aquella ciudad de playa se decomisa droga constantemente, en la entidad fronteriza también, allá se dan los secuestros por decenas, aquí los clasifican como levantones, acaso la diferencia sea la impunidad con que se cometen los homicidios en áreas turísticas y la forma en que se publicitan en la prensa nacional, modus operandi público que por cierto los narcomenudistas locales están retomando, ahí están los recientes ejemplos de balacera en un palenque de Ensenada y en un bar de Tijuana.
Otra discrepancia podría ser la enorme influencia de los grupos criminales en el sector público y la vida política en Acapulco, algo que hasta donde se ha podido saber no está institucionalizado en Tijuana. Sin embargo no basta con que las máximas autoridades no estén coludidas, tratándose de la obligación de brindar seguridad los funcionarios y empleados del pueblo deben estar comprometidos y ser proactivos con la implementación de acciones efectivas.
Poco o nada sirve el repetido discurso de “se están matando entre ellos”, o “son criminales reciclados que libera el poder judicial”, y otras excusas similares. La cruda verdad está en los números, en esos días que concluyen con hasta 6 muertos en 24 horas, y jóvenes que llegan a sus casas platicando cómo vieron que un hombre era asesinado a balazos en una calle concurrida, una paletería, en una tienda de abarrotes o sobre una máquina de videojuegos.
También resulta de poca utilidad tener fuerzas de seguridad operativas que saben quiénes son los líderes de los cárteles, las cabecillas de las células de homicidas, quiénes ordenan las muertes, que estén identificados con nombre y foto, por declaraciones de sus cómplices, cuando ninguno tiene orden de aprehensión, sea porque el Ministerio Público no encuentra pruebas para solicitarlas o el juez niega las peticiones porque considera que no existen elementos.
En esas condiciones se resuelven apenas el 25 por ciento de los homicidios, lo que significa que el 75 por ciento de los asesinos andan libres por la ciudad compartiendo las calles con cientos de ciudadanos indefensos, y eso no es seguridad.
Como en Acapulco, en Tijuana urge una nueva estrategia, y el Consejo Estatal de Seguridad no tendría que esperar a que el gobierno de Peña voltee hacia Baja California, nunca ha sido su prioridad.
Narcomenudistas, ladrones y traficantes de personas se están convirtiendo en líderes de grupos de sicarios del Cártel de Sinaloa, el Cártel Arellano Félix se está reestructurando, el Cártel Jalisco Nueva Generación está entrando a la ciudad a la guerrita de narcos por el control de las calles. En estas condiciones, la pregunta es: ¿Qué están esperando? El momento de actuar era ayer, es ya.
