Por sorprenderlos participando en actividades proselitistas durante su horario laboral -o utilizando vehículos oficiales para dicho efecto-, hasta el momento cuatro funcionarios públicos han sido sancionados por Contraloría del Estado.
Versiones de los propios funcionarios han detallado a ZOOM POLÍTICO cómo desde los titulares y directores de la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, les ordena, invita o presiona a trabajar y colaborar en las campañas de los candidatos del PAN.
A decir del contralor Bladimiro Hernández Díaz, dos de esos empleados eran de nivel medio, y los otro dos, “personal operativo”.
Dos de los involucrados utilizaron un vehículo oficial para asistir a un evento de índole partidista, otro acudió a un evento electoral dentro del horario que está obligado a dedicar a su trabajo, mientras que en el último de los casos, el delito fue utilizar equipo de cómputo del Gobierno del Estado para compartir, vía Facebook, propaganda electoral. En los últimos dos asuntos, las sanciones consistieron en 30 y 15 días de suspensión, respectivamente.
Los empleados suspendidos y sancionados laboraban en los municipios de Ensenada -dos casos -, Tijuana y Mexicali. A pesar de que la Ley de Transparencia obliga a publicar los expedientes y las sanciones de los funcionarios, el contralor se negó a proporcionar los nombres de los suspendidos. De su oficina vino su justificación: “Son casos abiertos”.
En la página de internet oficial, donde se publican las “resoluciones que causaron estado” sobre las sanciones y expedientes, tampoco aparecen.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos de Baja California, se prohíbe el uso de cualquier recurso público destinado a las campañas, además, la asistencia de los trabajadores del Estado a eventos organizados por partidos políticos:
“No debe utilizarse un clip: nada. Deben estar los recursos públicos aparte de la cuestión electoral”, aseveró Hernández, quien invitó a los bajacalifornianos a denunciar cualquier anomalía en el desarrollo de las campañas.
Actualmente, personal del organismo ha iniciado una serie de operativos de revisión en los eventos partidistas, para evitar que se use el erario con esa intención; Hernández señaló que hasta el momento, ninguno de los casos ha tenido la gravedad para ser remitido a las instancias penales.
Recientemente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Alfonso Álvarez Juan, explicó a ZOOM POLÍTICO que algunos funcionarios participarán “como invitados” en la apertura de proyectos gestionados por los comités ciudadanos de obra social, serán quienes “por decisión propia” inauguren las obras e inviten a asistir a servidores públicos.
En ese sentido, el contralor del Estado concluyó que si bien dicha acción está permitida por la Ley, es necesario establecer perfectamente el marco de acción de los ciudadanos y el gobierno durante esos eventos, para no incurrir en una violación a la normatividad.
Hasta el cierre de edición y tras diez días de campaña, son los únicos casos registrados por la Contraloría.
