En términos sencillos, un paraíso fiscal es aquel territorio que ofrece a ciudadanos no residentes la posibilidad de invertir, guardar, mover su dinero, sin pagar la totalidad de impuestos que en su país de origen debería cubrir. A la considerable rebaja tributaria que se ofrece, se suma el secreto bancario y la protección de datos personales, lo cual asegura al “inversionista” la opacidad de sus movimientos financieros en tierras lejanas.
Mafiosos, potentados, nuevos ricos, políticos, empresarios, han utilizado estos paraísos fiscales para acumular la fortuna que ocultan en sus países. Por lo mismo los países desarrollados han establecido tratados y elaborado listas para determinar cuáles son los paraísos fiscales transparentes, vaya que dentro de términos están en la legalidad, y cuáles son aquellos que no cooperan en la investigación internacional y proveen un espacio opaco, impune y ventajoso a personas que, o quieren evadir impuestos en los países donde desarrollan sus empresas, o buscan lavar dinero.
De suyo la mención de un ciudadano invirtiendo en un paraíso fiscal despierta en las autoridades competentes (lo de competentes es muy importante para el caso), la sospecha primero, y el inicio de las investigaciones después.
Pero eso en México no sucede, sino todo lo contrario. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, no se demoró en salir a la defensa de manera directa e inicial de los mexicanos cuyas identidades e inversiones fueron dadas a conocer luego de la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca, sobre los clientes a quienes proveyeron el servicio legal para la apertura de cuentas, empresas y compañías fuera del país para invertir su dinero de una forma que hace presumir la opacidad, la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
El Jefe del SAT justificó de entrada que “tener dinero fuera de México no es delito”. Y antes siquiera de iniciar una investigación, reflexionó sobre lo que los mexicanos señalados de tener cuentas en paraísos fiscales pueden hacer para resarcir el probable daño a la hacienda pública: entrar al programa de retorno de inversiones. Lo cual significa que en un plazo que concluye en julio de este año, los inversionistas en paraísos fiscales descubiertos, y que no hayan reportado esos ingresos a México, se pueden adherir al programa que una vez saldado lo evadido, se darán por cumplidas las obligaciones fiscales, no habrá multas ni recargos, ni sanción alguna.
Esa de Aristóteles Núñez es una forma de decirle a los –mínimo- presuntos evasores descubiertos, que en México no hay problema, que aquí los salvarán de la ignominia financiera en la que sí han caído líderes y empresarios de otras latitudes que fueron encontrados en los documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca.
Contrario a las declaraciones de Núñez, que ha sido el promotor del terrorismo fiscal en el país, exhibiendo a los deudores ante el SAT, persiguiendo a quienes tienen más de 50 mil dólares en el extranjero en cuentas legales y abiertas, sancionando a quienes se retrasan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y amenazando con más filtros y detección de evasión a los mexicanos, en esta ocasión fue cauteloso, condescendiente, hasta caer en un sospechoso servilismo y complicidad.
El del SAT confía en los mexicanos que utilizaron los paraísos fiscales. Les ofrece concesiones. Aristóteles cree que la investigación para deslindar responsabilidades fiscales, le podría llevar hasta dos años –cuando el Presidente Enrique Peña Nieto esté llegando a sus últimos días en Los Pinos- pues debe revisar si los presuntos evasores presentaron su declaración anual de rendimientos, si pagaron de manera anónima o si se acogen al programa que sugiera. De lo contrario, presumió, de comprobarse un delito fiscal podrían ser sujetos de multas y hasta de tiempo en prisión.
La realidad se anticipa, en México no sucederá nada trascendente, ni resultados adecuados de investigaciones, ni prisión, con quienes aparecen en la investigación periodística titulada “Los papeles de Panamá. Políticos, Criminales, y la deshonesta industria que esconde su efectivo”.
La filtración de 11.5 millones de documentos al diario alemán Suddeutsche Zeitung por parte de una fuente anónima, y la decisión del medio de compartir la información para su investigación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, abrió la puerta para la indagación de uno de los temas más opacos en el mundo financiero, los paraísos fiscales y la utilización de los mismos por parte de empresarios, mafiosos, políticos, artistas, deportistas y acaudalados ciudadanos del mundo.
El ICIJ compartió a su vez la información con 107 medios de comunicación del mundo donde a su vez laboraron 400 periodistas en 76 países, en México fueron dos los medios participantes, la revista Proceso que dirige Rafael Rodríguez Castañeda, y Aristegui Noticias, el portal que encabeza Carmen Aristegui.
Así llegaron a la lista de investigación de los mexicanos que utilizaron paraísos fiscales para mover su dinero, aunque no sea delito según el juicio a priori de Aristóteles Núñez. La declaración de Núñez no puede ser casual, especialmente cuando los “más prominentes” nombres de mexicanos entre los clientes de Mossack Fonseca, se encuentran aquellos que han integrado el primer círculo del Presidente Enrique Peña Nieto. Sus cuates, vaya. Sus compas.
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y de la filial que le “vendió” la “casa blanca” a la esposa del Presidente, la señora Angélica Rivera, y que también vendió otra mansión al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y rentó casas al equipo de Peña cuando este ya era el Presidente electo.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y Alfonso de Angoitia, Vicepresidente deTelevisa, ambos partícipes en la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, y ya como mandatario, además de encabezar las empresas de medios que más se benefician del presupuesto federal para comunicación.
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos e integrante del equipo de transición de enrique Peña Nieto siendo Presidente electo, además de encabezar la más grande y más quebrantada paraestatal del gobierno mexicano.
Existen otros, Guillermo Cañedo, Edith González, Rafael Caro, y los que irán saliendo en la investigación, pero los cuates del presidente, los primeros señalados, a excepción de Angoitia, a quien Televisa justificó en un comunicado y Emilio Lozoya que intentó hacerlo, el resto han permanecido callados.
Justificados por el SAT, los amigos del Presidente descubiertos en los Papeles de Panamá, esperan sin juicios el olvido de la noticia y la impunidad gubernamental que no cesa de lastimar a un México donde, por lo visto, las peticiones desde las cámaras empresariales, el poder legislativo y la sociedad organizada, de investigar y sancionar a quienes en un paraíso fiscal ocultaron su efectivo, ni cosquillas le hacen a una autoridad corrupta, cínica, y perezosa.
