Los integrantes del GIEI acusan que durante el tiempo que han estado en México ha existido una campaña gubernamental y mediática en su contra con la intención de que no se resuelva el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.
Ciudad de México, 23 de abril (ZETA/SinEmbargo).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi 19 meses, acusa que no puede resolver el caso, debido a una campaña sostenida de acoso evasivas e intimidación en su contra.
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Cuatro de los cinco integrantes del GIEI concedieron una entrevista al diario estadounidense The New York Times, en la que dicen que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados en medios de comunicación mexicanos, un rechazo por parte del Gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales.
Para algunos, la conclusión inevitable es que el Gobierno simplemente no quiere resolver el caso.
“Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen,” dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión, “Y en México, la prueba es que el Gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato, ¿verdad?”.
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A unas horas de rendir su último informe y de terminar su segundo mandato –el 30 de abril–, los expertos señalaron que su trabajo está lejos de quedar completo, en gran parte por la “sospecha” de que el Gobierno pretenden encubrir lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas, en Iguala, Guerrero.
“Esto es algo que probablemente nos persigue desde hace mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno derechos humanos y otro miembro del grupo de expertos. “Pero no tenía sentido quedarse aquí, porque en cierta manera es dar legitimidad a algo en el fondo sabes que no es correcto.”
“Estaba claro en la investigación del Gobierno y de la versión oficial de que hubo una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad,” dijo Carlos Beristain, otro experto en la investigación. “Sin embargo, reveló la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y además que su participación implica responsabilidad”.
El diario destaca que el distanciamiento entre el GIEI y el Gobierno se dio justos después de que el grupo rindiera un informe en el que echaba por tierra la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
“Después de nuestro informe, estaba bastante claro que la relación había cambiado”, dijo Cox. “Todavía pensamos que nos gustaría mantener su versión de lo que había sucedido”.
Acusaron que el Gobierno mexicano duró meses en responder a sus solicitudes, incluso, ignoró sus observaciones para agilizar la investigación, y después emprendió una campaña mediática para desprestigiar a los integrantes del grupo.
UN MENSAJE MUY CLARO
Para los investigadores, el mensaje era claro. “Hay sectores dentro del Gobierno que no quieren ciertas cosas para ser interrogados y por lo tanto no es un intento de reforzar la ‘verdad histórica’, sin tener en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto”, dijo Beristain. “Estos sectores dentro del Gobierno nos miraban como una amenaza y esto endureció su postura hacia nosotros, que en realidad refuerza la impunidad que deja las cosas cambien en este país.”
Los ataques de los medios de comunicación, según el rotativo, se centraron en gran medida en Claudia Paz y la otra abogada, Ángela Buitrago, a la primera se le acusó de proteger a izquierdistas violentos en Guatemala y la segunda de fabricar “testimonios y testigos” para meter a prisión a militares.
“Era inimaginable”, dijo Buitrago. “El propósito de todo esto era sólo para deslegitimar a la investigación, y para desacreditar y distraernos.”
“No podíamos salir a las calles todos los días y leer todos los titulares de los periódicos nos insultan”, dijo Paz.
