Funcionarios se resisten a “Ley 3 de 3”


 
Ezenario BCS martes, 12 abril, 2016 01:00 PM

Mucho han dado de qué hablar las declaraciones del diputado local de la fracción del Partido Acción Nacional, Alfredo Zamora, al ser cuestionado sobre la omisión de no hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como “Ley 3 de 3”.

A grandes rasgos, el legislador afirmó que mientras la Ley no lo obligue, no está dispuesto a ceder.

“Los funcionarios estamos obligados a cumplir la Ley, y la Ley ahorita no dice eso, no establece eso; cuando la Ley lo establezca, con mucho gusto lo vamos a hacer, y desde luego que se votará favor cuando se presente”.

Zamora se dice impulsor de la transparencia, de estar a favor de la rendición de cuentas, sin embargo, sus acciones a sus declaraciones no dejan en claro si verdaderamente esté de acuerdo con este tema, es decir, su discurso se contrapone con sus actos, aunque en sus declaraciones siguen siendo “yo estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, yo he sido un impulsor de la transparencia, yo he sido impulsor de la rendición de cuentas, yo he dicho que requerimos que las cuentas públicas se revisen bien”, pero los actos dicen todo lo contrario.

Su justificación es que la iniciativa está liderada por grandes empresarios que no cumplen con lo que se busca de ser transparentes, pues las grandes empresas también cometen irregularidades. Mencionó que “la iniciativa ‘3 de 3’ a nivel nacional está siendo impulsada por grandes empresarios, y cuando hablo de grandes, es de constructores nacionales, dueños financieros de los bancos, de las grandes televisoras, de la gente que mueve mucho recurso; el domingo a nivel nacional se dio a conocer que esos grandes empresarios estaban o habían hecho transacciones a Panamá en la búsqueda de no pagar sus impuestos, cuando yo hablo de transparencia es que todos cumplamos la Ley, y no que haya simulaciones”, expuso.

5 Funcionarios públicos se resisten a la ley 3 de 3 2

A la llegada de esta administración, el principal promotor de dicha iniciativa fue el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis quien en campaña presentó sus tres declaraciones y una vez en el poder, su gabinete hizo lo propio. Aunque la iniciativa no es Ley, el Ejecutivo reafirmaba que con esos actos la ciudadanía podía confiar en los servidores públicos, a diferencia de algunos que se resisten a la transparencia.

Su contraparte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur, Fabricio González dejó muy en claro que la iniciativa no sólo es para los funcionarios públicos; también el sector privado, algo que parece no saber el diputado.

“Vemos una actitud discordante de lo que este diputado precisa o dice, porque lo hemos dicho, él en lo personal tiene derecho a disentir o inclusive no coincidir en una iniciativa ciudadana, lo que consideramos que es pertinente, es que él como diputado y representante popular está obligado a manifestarse de acuerdo a lo que sus representados quieran, es evidente que no ha caminado su distrito, porque desconoce cuál es la intención de los ciudadanos en ese tema”, lanzó.

A nivel nacional, el PAN ha manifestado su intención de apoyar la “Ley 3 de 3” para sumarle al sistema anticorrupción; el partido ha dicho que no aprobará las leyes secundarias de la Ley Anticorrupción si dicha iniciativa ciudadana no va incluida. Sin embargo, a quien parece se le olvidaron estos acuerdos nacionales fue al diputado Alfredo Zamora, pues ha manifestado, no hará públicas sus declaraciones mientras la Ley no lo obligue.

“Las declaraciones de algunos diputados o de algún diputado Local, que es panista, va en contraposición con la tendencia de su partido, el presidente nacional de este partido presentó su ‘Ley 3 de 3’, presentó las tres declaraciones de manera pública y lo podemos ver en el portal. Lo hemos estado exhortando a que haga sus declaraciones, él ha sido servidor público desde hace muchos años, fue delegado federal de la Reforma Agraria, secretario del Trabajo en el Estado, fue diputado federal y ahora local; entonces, lo seguimos exhortando a que presente su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de manera pública”, reiteró.

A la fecha el diputado sigue sin hacer públicas sus declaraciones, sólo lo ha hecho en órganos de fiscalización, pero no de manera pública. Con esto se podrá saber si lo que gana como diputado coincide con las propiedades que tiene o registre, de esta manera se descartarían temas de corrupción, tráfico de influencias u otros delitos, incluidos en los diez actos de corrupción que prevé la iniciativa ciudadana.

“Nosotros lo invitamos a que presente de manera pública esas tres declaraciones como lo hizo el señor gobernador, como lo ha hecho su gabinete y como lo ha hecho su presidente nacional del partido, y como lo ha manifestado que lo hará el presidente estatal del PAN; también si él está en un tema de impulsar la transparencia y rendición que cuentas, que es una bandera con la que abandera su partido, es obvio que él también tendría que ir en ese sentido”, finalizó González.

La COPARMEX dio a conocer que la iniciativa “Ley 3 de 3” cuenta ya con el respaldo de 634 mil143 ciudadanos, la Confederación aportó más de125 mil firmas, a través de su red de 65 Centros Empresariales, Federaciones y Asociaciones, y el trabajo de miles de voluntarios en todo el país.

En defensa del diputado, el dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares, reconoció que aunque el partido está en la disposición de que todos presenten sus declaraciones a la ciudadanía, no hay instrumento jurídico que obligue a que se haga.

“Acción Nacional tiene un gran compromiso con la transparencia, en la lucha contra la corrupción, hemos sido nosotros quienes hemos abanderado ese tema. Hemos respaldado abierta y decididamente la iniciativa ciudadana. Al no haber una obligación legal de hacer públicas estas tres declaraciones, está la voluntad de hacerlo o no de cada persona, nosotros estaremos impulsando para que al final sea una obligación y todo mundo deba presentarlas. En el caso particular, si algún diputado decide no hacerlo, no tenemos los mecanismos jurídicos para obligarlos”.

 

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