En Baja California Sur el delito
no se previene,no se investiga y
tampoco se ofrece protección a
las víctimas que caen en manos
de la delincuencia organizada,
la cual opera impunemente en
el Estado
Los diputados locales viven tan despreocupados que ni siquiera han armonizado la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Lo anterior fue confirmado por la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata en México, Rosi Orozco, quien expuso que -según el último informe anual de la Comisión Intersecretarial- el Estado sudcaliforniano aparece en la lista de entidades federativas que no combaten este delito.
El llamado tratómetro ubica a Baja California Sur en los siguientes sitios:
* En la lista de nueve entidades que carecen de un programa oficial de prevención, y no tienen una sola acción en la materia, junto con Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México y Tabasco.
* En la lista de seis Estados que no persiguen este delito, los cuales no tienen una sola sentencia en la materia, junto con Durango, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas y Campeche.
* En la lista de 27 regiones que no protegen a las víctimas de este delito y carecen de un refugio, junto con Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
* En la lista de las tres entidades federativas que no han armonizado la Ley de Trata, con un nivel de 9.38 por ciento, junto con Zacatecas y Ciudad de México.
El tema salió a relucir después de los últimos dos operativos de captura y consignación de siete presuntos responsables de explotar sexualmente a mujeres en Los Cabos y La Paz, registrados el 12 y 19 de marzo pasados, y donde fueron detenidas las siguientes personas:
* Víctor de la Cruz Moyrón Colunga “El Víctor”, presunto cabecilla de la banda, junto con sus cómplices, Ramón Corral Vizcarra, Israel Martínez Román, Cristian Alonso Delgado Ramírez y Regina Esmeralda Ruiz Maya, acusados de explotar sexualmente a 18 mujeres -entre estudiantes, edecanes y bailarinas de table dance– y haber sido detenidos durante una despedida de soltero en el exclusivo fraccionamiento Costa Azul en San José del Cabo.
* Mauricio Martínez Orozco “El Mauri” o “El Guapo”, considerado como el cabecilla, quien operaba junto con su esposa, Narda Olivia Romero Orozco y su hijo, Luis Mauricio Martínez Romero, acusados de explotar sexualmente a cinco estudiantes de secundaria y preparatoria de La Paz, Todos Santos y El Pescadero. Fueron detenidos en la colonia Coromuel en La Paz.
Los siete indiciados -según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur- fueron consignados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de prostitución, y recibieron el auto de formal prisión.
No obstante, en el caso de los aprehendidos de Los Cabos, según un abogado consultado por ZETA, podrían recuperar su libertad, en virtud de que el día que fueron detenidos no había una orden de cateo dentro de la propiedad librada por un juez penal.
Los agentes de la Policía Federal de las divisiones de Gendarmería, Antidrogas y Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad, prácticamente ingresaron sin permiso de un juez y sacaron de la propiedad a los inculpados, lo que valió el inicio de un juicio de am paro por detención ilegal, según el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
LAS REACCIONES
Sobre estos hechos, y durante una entrevista con ZETA, la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata en México, Rosi Orozco, dijo que “desgraciadamente el problema está sucediendo porque se encuentra en cero la armonización en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y están castigando el delito como si fuera lenocinio, cuando lo que debería de hacer es derogarlo, perseguir y castigar de manera firme con la nueva figura jurídica de la Ley General”.
A su vez, consideró que esto “no debería estar pasando, no vemos disposición del Estado, porque el gobernador ni siquiera contesta las llamadas y los mensajes de texto, que en mi caso marqué y llamé para expresar mi preocupación por lo que está sucediendo en el Estado. La trata de personas es un delito y deben obedecer y homologar la Ley General que rige a todo el país”.
En pocas palabras, hay “Focos rojos en trata de personas en BCS”.
La presidenta de la Comisión de Unidos contra la Trata en México, agregó que “nadie en este país criminaliza la prostitución, es decir, una persona que se dedique sola a venderse a sí misma, nadie la criminaliza y no está prohibido, y puede en todo el país hacer lo que sea su propia voluntad, porque no hay una sola Ley que castigue a alguien que trabaja sexualmente”.
Sin embargo, lo que “sí es criminalizado duramente y no hay salida bajo fianza o por buen comportamiento, es el delito de trata de personas, y es un delito muy grave para cualquier persona que agarre un solo peso de una chica que se dedique a esto o la venda, promueve, entregue, traslade o gane dinero de la prostitución de otro, eso sí está muy penalizado y, le guste a no a la gente de Baja California Sur, deben actuar porque es una Ley General para todo el país”.
Orozco fue enfática en que las autoridades tienen la obligación de armonizar el Código Penal, diseñar y hacer campañas de prevención, construir un refugio para las víctimas y crear un fondo de atención a víctimas, sobre todo de crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra Trata de Personas, con agentes del Ministerio Público y agentes de Investigación.
“En Baja California Sur, no tenemos absolutamente nada de eso”, acusó.
Desde su punto de vista, las mafias o redes de prostitución están incrustadas en el poder, tal y como “estaba pasando con el policía municipal de La Paz”, cuyo caso “es impresionante”.
De ahí que el Gobierno Federal haya mandado el operativo y romper con esa inercia de complicidades y protección, “queremos que los jueces emitan el dictamen en torno a la Ley General y no el Código Penal de allá, porque al final los responsables se van a ver beneficiados con la reducción de penas y saliendo bajo fianza, eso es muy grave, y sobre todo preocupante”.
En torno al caso de algunos tratantes intocables por las autoridades estatales, como “El Zapato”, “La Vicky” y “Evita”, así como la mayoría de los table dances y sitios donde muchas mujeres son explotadas sexualmente, Rosi Orozco opinó: “Desgraciadamente muchos de estos personajes son aceptados socialmente porque son los que les hacen las fiestecitas a los políticos, y obviamente, se convierten en intocables durante sus periodos gubernamentales. Tristemente es la manera de cómo y de qué manera se van corrompiendo las autoridades y todo mundo lo ve normal”, comentó para posteriormente exhortar a la sociedad a levantar la voz, ya que “cuando se permiten este tipo de lugares o giros negros, es donde empieza a crecer todo el crimen organizado, porque alrededor del delito de prostitución, empiezan los secuestros, desapariciones y narcomenudeo”.
Para concluir, recordó que un gobernador de Coahuila ordenó el cierre de todos los giros negros y la violencia bajó increíblemente un 67 por ciento, porque “alrededor de estos lugares, es donde crece toda la perversión”.