De acuerdo con la información de la investigación periodística internacional encabezada por el ICIJ, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a los servicios de la cuestionada empresa panameña es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre.
A través de una empresa de servicios financieros holandesa, Infintax, la firma mexicana ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México, indica el semanario Proceso, uno de los medios mexicanos involucrados en la investigación internacional.
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El medio recuerda que, en junio pasado, el despacho mexicano tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, de 41 años de edad, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss.
En su momento, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que supuestamente ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico. Sin embargo, indica Proceso, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder nacional en el sector de la distribución de medicinas.
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En declaraciones al semanario, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que su suegra, Aurora Alcántara, aparece como protectora sustituta. En las estructuras de la firma Doporto & Asociados creadas con la holandesa Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, ex cuñado de José Murat.
Además, la conyugue del ex mandatario oaxaqueño es hermana de Roberto Alcántara Rosas, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto le dio un contrato al hermano de la esposa de Murat Casab, por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones, señala Proceso.
En febrero de 2015, el diario estadounidense The New York Times difundió que la familia del ex gobernador oaxaqueña, posee en Estados Unidos al menos seis propiedades, incluyendo dos lujosos condominios, adquiridas a lo largo de su carrera pública ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La investigación, centrada en cómo políticos y empresarios extranjeros han invertido sus fortunas en inmuebles lujosos en Estados Unidos, señala que entre sus propiedades los Murat poseen dos condominios en un resort de esquí en Utah, uno en una playa del sur de Texas y otro en la ciudad de Nueva York.
Además, los hijos de Murat “han vivido por periodos” en un condominio en el lujoso Time Warner Center, ubicado en el corazón de Manhattan, según The New York Times.
“Para los Murat, el regreso del PRI al poder ha significado el resurgimiento de su influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia”, dice el reportaje del rotativo. “En el camino, la familia Murat también dedicó décadas a la compra de propiedades en Estados Unidos”.
El diario estadounidense no indicó que las propiedades hayan sido compradas de forma ilegal. Además, agregó que ni en México ni en Estados Unidos ha habido investigaciones acerca del origen de los recursos con los que se adquieren las propiedades.
“Las propiedades de los Murat muestran cómo los mecanismos legales en Estados Unidos para poseer propiedades sin revelar el nombre del propietario actual pueden hacer difícil el rastreo del dinero”, señalaba la investigación.
“Esto puede ser un problema particular para México, que al igual que muchos países en desarrollo ha experimentado durante mucho tiempo la salida de capital tanto lícito como ilícito”, agregó el NYT en su momento.
Durante la investigación de The New York Times, Murat y su hijo Alejandro, entonces titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, enviaron cartas al diario en las que indican que la fortuna familiar “viene, en parte, de dinero heredado”, y afirmaron que “varios de los inmuebles” en Estados Unidos “son propiedad de otros familiares”.
Murat aseguró en su carta, difundida en México, que posee los dos departamentos en Utah desde hace más de 10 años, cuya inversión en ese momento fue de 300 mil dólares. Además, rechazó poseer propiedades en Nueva York, como indica el diario en su reportaje.
“Me es incomprensible que me involucren en una situación del todo falsa y que compromete mi reputación y la de mi familia”, dijo en la misiva, demandando que se corrigiera el reporte que finalmente fue publicado este miércoles con la afirmación de las seis propiedades.
A la par, el diario El Universal también publicó que José Murat vendió un avión privado en un millón de dólares. Sin embargo, el exgobernador dijo en una entrevista radiofónica que nunca ha poseído una aeronave y que la que mencionó el periódico le fue prestada en su momento.
El día de hoy, al arrancar su campaña en Oaxaca, Murat Hinojosa, candidato de la coalición Juntos hacemos más, incluyó en su primer círculo de campaña por la gubernatura de Oaxaca, a Samuel Gurrión Matías, político nacido en Juchitán quien ha sido investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta comisión de ilícitos como lavado de dinero y otras irregularidades, como la de evadir el pago de impuestos.
Mediante un comunicado, la oficina de prensa del candidato que postularon de manera conjunta los partidos PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, informó entre otros nombramientos, que Samuel Gurrión Matías fue designado coordinador de la campaña permanente.
De acuerdo con la agencia Quadratín, ahora operador de Alejandro Murat también fue socio de Gregorio Sánchez Martínez, quien fue detenido por sus presuntos vínculos como cárteles de la delincuencia organizada como Los Beltrán Leyva y Los Zetas, ambas organizaciones que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.
¿QUÉ SON LOS #PANAMAPAPERS?
El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios en todo el mundo.
Los más de 100 medios internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña de más de 40 años de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, lavando millones de dólares día con día.
Mossack Fonseca no tiene oficinas en México, como en otros países de América Latina, pero tampoco las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
En el caso de México se contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos de los Panama Papers muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña, ya que son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos.
En respuesta a cuestionamientos de los diversos medios involucrados durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
