Una investigación de ZETA
arrojó que 8 de los 21
diputados de la XIV
Legislatura de Baja
California Sur, colocaron
familiares en calidad de
“asesores” dentro de la
nómina del Poder
Legislativo
Los diputados locales de Baja California Sur no sólo se conformaron con cobrar un sueldo de 88 mil pesos mensuales, cuyas percepciones económicas están distribuidas en dieta, compensación, apoyo asistencial, combustible y gastos de representación. Los legisladores -en su mayoría del PRD, PAN y PRI- llegaron también a servirse con la cuchara grande, y como si fuera agencia de empleos, colocaron a hijos, hermanos y primos como “asesores” dentro de la abultada nómina de la XIV Legislatura del Estado, en el fugaz paso del diputado Marco Antonio Almendariz Puppo como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.
Según datos recabados por ZETA, la designación de familiares de diputados es el más inmediato y reciente hecho de nepotismo que durante la presente administración -sin importar el perfil profesional- estimuló, cobijó y facilitó el ascenso de parientes.
Las dinastías familiares que hasta 2015 habían estado ausentes en el poder, hoy en día son las mejor colocadas en el aparato legislativo.
La mayoría de los familiares de 8 de los 21 diputados del Congreso local ocupan cargos de “asesores” y, si acaso, algún rezagado es chofer, secretaria o maneja una modesta jefatura de departamento.
La investigación de ZETA, iniciada en diciembre de 2015 tras obtener la nómina del departamento de Recursos Humanos, arrojó lo siguiente:
Luis Gabriel Cota Montaño ocupa el cargo de asesor de su madre, la diputada perredista Rosa Delia Cota Montaño, integrante de las comisiones de Ecología, Enlace Legislativo, Agua y Cultura y Arte.
Mayra Aracely Chavira Niño es consejero de su madre, la diputada panista Aracely Niño López, a su vez, miembro de las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Indígenas; Salud, Familia y Asistencia Pública; Seguridad Pública y Atención a Grupos Vulnerables.
Rogelio Davis Osuna funge como consultor de su hermano, el diputado panista Rodolfo Davis Osuna, quien es integrante de las comisiones de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros; Asuntos Pesqueros; de Comunicaciones y Transportes, además de Ecología.
Héctor Murillo Aguilar es asesor de su hermano, el priista Amadeo Murillo Aguilar, diputado miembro de las comisiones de Comunicaciones y Transporte; Asuntos Laborales y de Previsión Social; Gestoría y Quejas.
Elizabeth Obsidiana Quiroz Peña se desempeña como consejera de su madre, la panista Norma Alicia Peña Rodríguez, quien es integrante de las comisiones de Asuntos Políticos; Gestoría y Quejas; Atención a Grupos Vulnerables y Seguimiento a Puntos de Acuerdo.
Juan Carlos Ramírez Saldaña opera como consultor de su tía, María Guadalupe Saldaña Cisneros, diputada del Partido Acción Nacional y miembro de las comisiones de Asuntos Políticos; Agua y Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior.
Juan Carlos Vargas Aguiar despacha como asesor de su hermano, Joel Vargas Aguiar, priista e integrante de las comisiones de Asuntos Comerciales y Turísticos; Enlace Legislativo; Ciencia y Tecnología; además de Deporte.
Silvia Alejandra Almendariz Puppo es jefa del Departamento de Apoyo Parlamentario, y hermana del diputado panista Marco Antonio Almendariz Puppo.
Otros diputados que tienen familiares dentro del Congreso, quienes dicho sea de paso, causaron alta en la presente Legislatura, son Claudia Ramírez Gutiérrez, asistente y hermana de la diputada priista Patricia Ramírez así como otro familiar de la legisladora del PAN, Julia Honoria Davis Meza, y una lista de cuando menos tres parientes del diputado Alfredo Zamora García, también de extracción panista.
Araceli Niño Lopez, Rodolfo Osuna, Amadeo Murillo Aguilar, Norma Alicia Peña Rodriguez
Cabe destacar que cada diputado tiene asignada de manera discrecional la cantidad de 32 mil pesos mensuales para el pago de asistentes, choferes y secretarias, cuyo dinero está yendo a parar, en buena medida, a manos de sus familiares.
LAS PERCEPCIONES
Con base en el tabulador de sueldos, los familiares de los ocho diputados no cobran cualquier salario, pues sus percepciones económicas son muy superiores a las de cualquier trabajador del Congreso o asalariado.
De acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo vigente en Baja California Sur es de 73 pesos y 4 centavos diarios, es decir, 2 mil 191 pesos y 20 centavos, como es el caso de cajeros, cantineros, cocineros, choferes, anaqueleros, peluqueros, pintores, plomeros, recamaristas, tapiceros y veladores.
Contradictoriamente, y de acuerdos al tabulador obtenido por ZETA, a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), y emitido por la Dirección de Finanzas, los parientes de los diputados locales cobran un sueldo mensual estimado de 25 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:
* 5 mil 264 por concepto de sueldo.
* 17 mil pesos por compensación.
* Mil 336 pesos por despensa.
* Mil 400 pesos por combustible
Lo anterior -según un contador consultado por ZETA– es aproximadamente 10 veces más del sueldo de cualquier trabajador común y corriente, quien debe laborar rigurosamente ocho horas diarias de lunes a sábado.
Un ejemplo expuesto por el experto en finanzas, es que “cualquier trabajador asalariado tendría que trabajar alrededor de diez meses para poder ganar lo que un asesor del Congreso obtiene en un mes”.
Los jugosos salarios de los familiares de los ocho diputados representan un gasto de 200 mil pesos mensuales. Tomando en cuenta que la mayoría empezó a laborar a partir del primero de septiembre de 2015, cuando sus parientes se convirtieron en diputados, el Congreso ha gastado un millón 600 mil pesos hasta el momento, por concepto de sueldo de los familiares que fungen como asesores, los cuales tienen el privilegio, como cualquier legislador, de recibir un pago por combustible.
LAS VIOLACIONES
La colocación de familiares dentro de la nómina legislativa violenta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, creada y aprobada por el propio Congreso local en el sexenio del ex gobernador Alberto Andrés Alvarado Arámburo, particularmente el Artículo 46, el cual expone que “todo servidor público tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo u comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones a que corresponda, según la naturaleza de la infracción en la que incurra”.
Las fracciones XI y XII son de sobra claras. Son las siguientes:
Fracción XI: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos entre los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para quienes con quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidas personas forman o hayan formado en el ámbito de la administración pública. La limitación de parentesco a que alude la presente disposición se aplicara en segundo grado por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población de hasta 50 mil habitantes; y hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población mayor a los 50 mil y hasta los 100 mil habitantes”.
Fracción XII: “Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o para las personas a que alude la Fracción XI del presente artículo”.
Maria Guadalupe SAldaña, Joel Vargas Aguilar Marco Antonio Almendariz Puppo, Rosa Delia Cota Montaño
De acuerdo con un abogado consulado por ZETA, los grados de parentesco pueden describirse de la siguiente manera:
* Padres, hijos, cónyuges, suegros, yernos o nueras, son en primer grado.
* Abuelos, nietos, hermanos y cuñados, en segundo grado.
* Tíos, sobrinos y bisnietos, en tercer grado.
* Tío abuelo, sobrino nieto y tataranieto, en cuarto grado.
Tal y como lo señala el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, los ocho diputados que nombraron a sus familiares como “asesores” prácticamente incurrieron en responsabilidad administrativa, y según el abogado cuestionado por este Semanario, “deben ser sujetos de sanciones, como puede ser apercibimiento, amonestación, suspensión del cargo hasta por 30 días, destitución o sanción económica”, sólo que dentro de la estructura del Poder Legislativo, no existe un órgano de control interno responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad, leyes, políticas y disposiciones administrativas en materia de recursos humanos, materiales y financieros; por lo que obviamente no hay quien pueda sancionar a los diputados nepotistas.
Si acaso, y según el directorio del propio Congreso, apenas dispone de Oficialía Mayor y las direcciones de Finanzas y de Comunicación Social.
Sobre este hecho, ningún diputado quiso opinar y prácticamente evadieron el tema, a fin de no tener problemas con sus compañeros legisladores.
No obstante, durante la presentación de la Agenda Legislativa de la fracción del PAN, la actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Maritza Muñoz Vargas, expuso: “La Comisión de Fiscalización actualmente trabaja en el cambio del marco jurídico de un paquete de leyes, como el Código Penal, Código de Registro Civil y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de actualizar la información y adaptarla a los tiempos actuales”. Sin embargo, no dijo cuándo, cómo y cuáles cambios serían.
